El último atentado ha sido obra de ETA. La única y exclusiva responsabilidad es de ella. El PNV ha condenado siempre los atentados de la banda. Las siguientes reflexiones se colocan en este contexto claro: no se trata de ningún intento de responsabilizar directamente al PNV del terrorismo de ETA. Aunque fuera de interés analizar la historia del posicionamiento de este partido ante la banda terrorista desde la Transición, año a año, lo que se diga en las líneas siguientes se dice desde la afirmación de que el PNV siempre ha condenado el terror de ETA.
Esa afirmación, sin embargo, no es impedimento para seguir haciéndose preguntas, para pensar más allá, para analizar si el nacionalismo vasco llamado democrático ha estado a la altura de las circunstancias en la lucha contra el terrorismo. Porque la víspera del último atentado, se produjo la detención de dirigentes del llamado entramado social, cultural e internacional de ETA, es decir, de dirigentes que no habían usado directamente la violencia y el terror. Y ante esas detenciones, y ante la sentencia en la que se fundamentan, el PNV ha hablado de «despropósito» y de «cosas del pasado».
El asesinato del miembro de la Guardia Civil Raúl Centeno muestra la nula voluntad de ETA de dejar de matar. Ese crimen ponde de manifiesto que la banda ha decidido optar por su supervivencia como organización terrorista, aun a riesgo de enterrar definitivamente sus opciones de convertirse en una apuesta política en el juego democrático, aun a riesgo de enconar el problema de sus presos, y aun a riesgo de dañar cada vez más cualquier apuesta del nacionalismo democrático.
Este miedo acompaña desde hace mucho tiempo al nacionalismo vasco. Tomó fuerza clara en los días previos y siguientes al asesinato de Miguel Ángel Blanco: el PNV temió por su hegemonía social, y también temió que el terrorismo terminara por dañar a todo el nacionalismo vasco, deslegitimándolo. Pero en lugar de extraer la consecuencia de romper cualquier tipo de relación con el nacionalismo de ETA, intentando definir el suyo propio de forma radicalmente diferente al de la banda criminal, tomó la decisión contraria: para poder mantener la hegemonía social del nacionalismo necesitaba a ETA, a Batasuna y a todo el espectro nacionalista que representan, y por eso entró el PNV en la vía que está siendo su gran hipoteca: buscar el fin de ETA ofreciéndole la unidad de acción para alcanzar fines compartidos.
El fin de ETA y la consecución de fines compartidos o compartibles han pasado a formar una unidad que está dañando profundamente al PNV. Sólo desde esa perspectiva se puede entender que ese partido -tranquilamente conservador, demócratacristiano, asentado en el humanismo cristiano o como se le quiera denominar- se haya manifestado siempre en contra de todas las medidas efectivas contra el terrorismo de ETA.
No sólo afirma que la detención de los dirigentes de Batasuna es un atropello, un despropósito, una cosa del pasado, sino que el propio consejero de interior del Gobierno vasco ha afirmado recientemente que la detención de la cúpula de Batasuna no aporta nada a la lucha antiterrorista, no queriendo ver que si algo ha debilitado estructuralmente a ETA es la imposibilidad de actuar al mismo tiempo como organización terrorista y como organización política que juega al juego democrático. La ilegalización de Batasuna tiene la virtud de obligar a ETA a optar: seguir siendo organización terrorista y renegar de la posibilidad de actuar como partido político, o ser partido político y enterrar su naturaleza terrorista. Es la medida más efectiva contra la banda.
Pero estropea la estrategia del PNV: no romper con Batasuna, para así mantener la ficción de que es posible una reconducción de los terroristas a la política por medio de la promesa de compartir sus fines. Y es que la ilegalización de Batasuna no confronta sólo a ETA con una alternativa radical -o terrorismo o política-, sino que confronta también al PNV con una alternativa igual de radical: o se democratiza reformulando su nacionalismo de forma que se diferencie radicalmente del de ETA, o seguirá bajo la sospecha que la cercanía de los fines de ETA extiende sobre sus propios fines.
El peligro que intuyó el PNV en los días del asesinato de Miguel Ángel Blanco sigue vigente, y por errores propios: el terrorismo de ETA puede terminar dañando al conjunto del nacionalismo, deslegitimándolo. La solución que busca el PNV a ese problema ha sido siempre imposible, y se va a poner cada vez más claramente de manifiesto. Porque pretender que ETA deje de existir porque el PNV consigue de forma pacífica lo que quiere la banda -es el núcleo del acuerdo de Estella/Lizarra, y el de los dos planes de Ibarretxe que tratan de vestir a la moda aquel acuerdo inaceptable desde la democracia- significa vincular para siempre el proyecto político del nacionalismo al terrorismo.
No son pocos los que en la sociedad vasca creen que el fin de ETA estaría garantizado si el PNV se pusiera a ello. Y que se ponga a ello pasa porque este partido se decida a romper radicalmente con ETA, con sus métodos, con sus fines, con su simbología, con su proyecto político. Pasa porque el PNV se empeñe en la deslegitimación política de ETA. El día en que el PNV se ponga manos a la obra en esa deslegitimación, ETA se ha acabado.
Pero el PNV se encuentra ante su propio abismo: cree que ello supone renunciar a sus propias esencias, sin darse cuenta de que ese miedo es el que liga sus esencias al terrorismo de ETA. Sin darse cuenta que en lugar de ser un abismo en el que pueda perder su virginidad, la lealtad con sus esencias, la ruptura radical con ETA implicaría su paso decisivo a la homologación democrática. Porque es difícil ser demócrata en una sociedad compleja y plural sin extraer de esa complejidad y de esa pluralidad las consecuencias políticas debidas: que no es posible una definición de esa sociedad única y exclusivamente desde la perspectiva nacionalista, porque implica la negación del pluralismo. Y, sin reconocimiento de ese pluralismo, no es posible ser demócrata.
No hay duda de que la persecución del terror se debe llevar a cabo dentro de los límites marcados por el Estado de Derecho. No cabe lugar a dudas de que cualquier ciudadano, y cualquier partido político, puede plantear con claridad la exigencia del respeto a las normas del Estado de Derecho, cuando de la persecución de los terroristas se trata, y también cuando de la detención de líderes de entramados civiles se trata.
Pero el recurso a las exigencias del Estado de Derecho desde la posición de no compartir ninguna de las medidas efectivas que derivan en el deblitamiento estructural de ETA puede terminar resultando sospechoso: quizá no sea tanto el respeto a la ley -el cumplimiento, por ejemplo, de la Ley de Banderas- cuanto la necesidad de no romper con ETA y con su entorno lo que lleva al PNV a declarar que las detenciones últimas de las organizaciones Ekin, Xaki y otras son cosa del pasado: de un pasado en el que ETA podía jugar en los dos campos de fútbol, en el del terrorismo y en el de la política.
Pero lo único que es del pasado es el deseo, o la necesidad del PNV, de permitir que ETA siga en su juego macabro de matar y además dedicarse a la política como si no pasara nada. Muchos dicen que ETA ha perdido todos los trenes que le podían sacar del agujero. Mucho me temo que es al PNV al que se le están escapando todos los trenes.
Joseba Arregi es ex consejero, ex militante del PNV y autor de numerosos ensayos sobre el País Vasco, como Ser Nacionalista y La nación vasca posible.