«Ciudadanos de los Estados Unidos de Europa; permitidme que os llame así, porque la república federal europea está fundada en derecho y aguarda a estarlo en los hechos. Vosotros existís, luego ella existe. Podéis constatarla por vuestra unión, que esboza la unidad. Sois el comienzo de un gran futuro». Víctor Hugo presentaba así, en 1869, el III Congreso de la Paz de Lausana, veinte años después de presidir el de París, donde ya lanzó la idea de unos Estados Unidos de Europa, que mirarían cara a cara a los Estados Unidos de América y les tenderían su mano para intercambiar productos, industria, artes, «descifrando el mundo, colonizando los desiertos, y combinando juntos sus fuerzas infinitas para conseguir el bienestar de todos, la fraternidad de los hombres». Dado que él distinguía entre la ley -contingente, artificial- y el derecho -necesario, basado en principios generales y en la idea de la justicia-, podía decir que la república federal de Europa estaba ya «fundada en derecho», aunque careciera de expresión legal, y que existía en la conciencia de ciudadanos de buena voluntad como los que acudieron a París o Lausana para concelebrar la paz apostando por un futuro de libertad y sin fronteras, «la primera de las servidumbres».
¿Qué ha sido de ese idealismo? Después de dos guerras mundiales, hemos instituido mecanismos multilaterales que ahuyentan la guerra, al menos entre poderosos; pese a que, según soñaba el autor de «Los miserables», todavía no exhibimos los cañones en museos como se exhiben los instrumentos de tortura medievales, extrañados de que alguna vez pudieran existir. Hemos avanzado también en progreso y justicia social, y, sin completar su homogeneización jurídica y política, la Unión Europea es hoy un espacio de paz y bienestar social inimaginable hace ciento cincuenta años.
Sin embargo, esas ideas de unión, cooperación y concordia transnacionales están seriamente amenazadas por la irrupción de nacionalismos y localismos divisivos que tienden a la desagregación, a la afirmación de una identidad contra quienes se supone que poseen otra, por origen, cultura, o ideología. El idealismo que conduce a un mundo cosmopolita, donde las fronteras son antes un factor de inclusión que de exclusión, ha tenido siempre el contrapunto de pulsiones nacionalistas que anteponen el interés de los próximos -familiares, vecinos, connacionales- a los intereses más generales. Esa tensión entre lo local y lo universal es una constante histórica que puede conducir al Acuerdo de París sobre el cambio climático, con el difícil consenso de 195 países para el bien común de la humanidad, o a que se retire de ese acuerdo el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero, anteponiendo el interés a corto plazo de sus industrias. Es la lógica falaz de una sociedad compleja donde hay infinitas formas de agrupar intereses comunes y justificar la prioridad de unos contra otros. El problema surge cuando, en lugar de multiplicar nuestros deberes, desde nuestros hermanos cercanos a los lejanos, como haría un buen padre de familia numerosa, dividimos los derechos de los otros, los derechos de quienes decidimos dejar fuera de nuestra comunidad porque vienen de demasiado lejos, expulsándolos del perímetro del bien común que supuestamente orienta las opciones políticas por las que votamos. Los condenamos a una marginalidad incompatible con la dignidad humana, como sucede con los migrantes a los que damos la espalda, devolviéndolos a un origen incierto, o internándolos en unos CIE sobrepasados.
¿Cabe discutir seriamente hoy que, para el progreso de la historia, es mejor unir que dividir? ¿Que el bien común de los más es éticamente preferible al bien común de los menos? ¿Que la distancia -como la raza, el sexo o la religión- no es un factor que divida necesariamente nuestras obligaciones morales cuando podemos conocer en tiempo real el sufrimiento de otros y hacer más por paliarlo? ¿Que debemos caminar hacia la integración y la cooperación, aun reconociendo cuantas individualidades colectivas nos salgan al paso? Acabamos de celebrar unas elecciones que han reafirmado la idea de una Europa unida. Durante la campaña española fue difícil identificar qué propuestas competían para hacer una política común. Los candidatos pedían el voto para su partido antes que para un programa diferenciado. El día de las elecciones, prácticamente todo el que acudió a las urnas para votar en ayuntamientos y autonomías, depositó también su papeleta para las elecciones europeas. No conocemos la correlación entre votos, pero sí los resultados. En España tuvimos un alto índice de participación, del 64,3%, frente a la media europea del 50,95%, y, a diferencia de otros países, no hubo ninguna formación frontalmente antieuropea: los más escépticos pidieron que la política europea se basase antes en el compromiso voluntario de los Estados que en obligaciones impuestas a la soberanía nacional, con un magro resultado del 6,2%. Aquí nadie se atrevió a decir, como Marie le Pen en Francia, que «la Unión Europea no es un Estado porque no existe la soberanía europea y nunca existirá, pues la soberanía pertenece al pueblo y no existe un pueblo europeo», proponiendo al tiempo sustituir el «libre intercambio» por un incierto «intercambio justo», que parece anticipar la intervención nacionalista sobre lo que aspira a ser un mercado único para competir en la sociedad global. En las encuestas encargadas por el Parlamento Europeo momentos antes de las elecciones, España aparecía entre los países con un mayor porcentaje de población opinando que ha sido beneficioso pertenecer a la UE (un 75% frente a la media del 68%), y considerando positiva nuestra permanencia en ella (otro 75% frente al 61% de media), aunque mayoritariamente creamos que las cosas no van en la buena dirección ni en la UE ni en nuestro país. No se trata de una utopía sin raíces; y menos en una España que ha tenido siempre una puerta abierta al mundo.
El Parlamento europeo salido de las elecciones designó, por fin, a la conservadora Úrsula von der Leyen para presidir la Comisión. Su discurso de candidata fue mucho más humanista e integrador que partidista. Asumió que la filosofía griega y el derecho romano eran la cuna de nuestra civilización. Reafirmó la importancia del Estado de Derecho, sin fisuras o compromisos, para proteger a los más vulnerables. Frente al drama de los migrantes en el Mediterráneo, proclamó la obligación de salvar sus vidas y el deber legal y moral de respetar la dignidad de cada ser humano. Habló de fronteras humanas y de la necesidad de reducir la migración irregular, el tráfico de personas y potenciar el derecho de asilo mejorando la situación de los refugiados. Se comprometió, como mujer, a que la composición de la Comisión fuera, cuando menos, paritaria. Calificó la salud del planeta como el reto más apremiante, y expresó su voluntad de hacer de Europa el primer continente neutral climáticamente hablando en 2050, reduciendo las emisiones de CO2 un 50%, o incluso un 55%, en 2030. Todo ello defendiendo la unión dentro de la Unión y los valores europeos del multilateralismo, la economía social de mercado y los derechos humanos. Será factible o no; pero, si las ideas mueven el mundo, Europa parece caminar en la buena dirección que imaginaba Víctor Hugo.
Antonio Hernández-Gil es miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.