Las insurrecciones árabes democráticas desnudaron la complicidad del establishment europeo con el autoritarismo y este ha reaccionado prometiendo rectificación. Para que la redención sea efectiva es menester subrayar que hay un patrón consistente de simulación.
José Ignacio Salafranca, líder de la fracción del Partido Popular ante el Parlamento Europeo, reaccionó a los acontecimientos árabes lanzándose contra la complacencia europea hacia los "enemigos de la libertad" y puso como tarea "apoyar decididamente estos procesos de transición para no frustrar las esperanzas de libertad". Propuso, por ejemplo, organizar una "misión de observación electoral de la Unión Europea" a Túnez y supongo que hará lo mismo con Egipto y aquellos países en donde las elecciones son piezas decorativas.
Los observadores internacionales son los testigos objetivos que, con una metodología rigurosa, opinan sobre la calidad de una elección. Cuando hay dudas sobre la limpieza y confiabilidad de esta, sus informes orientan a la opinión pública, a Gobiernos y organismos multilaterales. Hay ocasiones en las cuales quebrantan su mandato. Salafranca encabezó la Misión de Observación Electoral enviada a México por la Unión Europea (UE) para las elecciones presidenciales de 2006. Aquello fue un ejercicio vergonzoso de complicidad y encubrimiento de una elección plagada de irregularidades que contribuyó al quebranto que vive la democracia de mi país.
La UE se gastó, en México en 2006, 2.470.000 euros y un día después de los comicios, el 3 de julio, Salafranca declaró a la prensa que la elección se "desarrolló en un ambiente transparente y competitivo". Mencionó, es cierto, "algunos desequilibrios y preferencias", pero luego aclaró que no enturbiaron el "proceso electoral" caracterizado "por altas dosis de apertura, imparcialidad y profesionalismo".
El dictamen tuvo efectos políticos. En su editorial del 7 de julio, EL PAÍS aseguró que los "observadores (han) calificado como limpios" los comicios para luego descalificar las protestas de quienes los tachaban de fraudulentos. Lo mismo hizo la entonces comisaria de Relaciones Exteriores de la UE, Benita Ferrero-Wadlner, quien calificó las elecciones como "limpias y justas". El pronunciamiento también fue utilizado por los partidarios de Felipe Calderón para apuntalar la legitimidad de su triunfo.
Las posturas de la Misión recibieron algunas críticas en Europa. El eurodiputado alemán Tobias Pflüeger cuestionó al jefe de los observadores, José Ignacio Salafranca, por promover la "victoria
(de Calderón) antes de conocerse el resultado final". El diputado del Partido Verde Europeo, Raül Romeva, afirmó que la Misión actuó "por lo menos,precipitadamente (...) (L)a valoración de la situación electoral fue precipitada. Cuando una campaña es tan confusa, tan llena de incidentes; cuando la diferencia entre el virtual ganador y el virtual perdedor es tan pequeña, los integrantes de la misión debieron ser más prudentes, más cautos y esperar el resultado definitivo".
Los meses pasaron y el 23 de noviembre de 2006, la Misión publicó un Informe final de 57 apretados folios. No tuvo repercusiones porque fue poco difundido; ni siquiera lo tradujeron al español, lengua que, como se sabe, hablan los nativos de México. Al establishment europeo le urgía dejar atrás la elección y su papel en ella. Las tesis centrales son similares a las del comunicado del 3 de julio: el proceso se apegó a los "principios internacionales de elecciones genuinas y democráticas. Fueron competitivas, transparentes y bien administradas, y tuvieron lugar en una atmósfera de respeto para las libertades de expresión, de asamblea y de asociación, demostrando el firme compromiso de la ciudadanía mexicana con el fortalecimiento y la consolidación de la democracia". Mencionan unas cuantas irregularidades pero concluyen que el "5 de septiembre de 2006, el Tribunal Electoral validó las elecciones como auténticas, libres y democráticas".
El texto es ejemplar de lo que no debe hacer un grupo serio de observadores. Hay un manejo intencionado de la información porque el objetivo era legitimar lo acontecido y minimizar las irregularidades y protestas. Por ejemplo, los europeos reconocían que el proceso estuvo "marcado por una intensa campaña del candidato del PAN, Felipe Calderón, contra López Obrador", presentándolo en una serie de spots como "un peligro para México". Se les olvidó aclarar que los spots fueron calificados como ilegales por el Tribunal Electoral.
También dicen que el "respetado Consejo Coordinador Empresarial (CCE)" difundió "spots de confrontación". Callaron sobre un aspecto fundamental: el Tribunal calificó de ilegal la participación del CCE. En esas circunstancias, ¿se justifica calificar de "respetado" a un organismo que viola la ley? Hay un patrón sistemático de negación, evasión y parcialidad que presenta una imagen superficial y parcial de un evento bastante más complejo y más traumático. Un lector poco familiarizado con la vida mexicana se queda con una visión errónea de lo que sucedió aquel año.
Investigué este capítulo de complicidad europea y entrevisté a cuatro integrantes de la Misión de Observación Electoral que pidieron el anonimato porque firmaron un acuerdo de confidencialidad. También conversé con varios embajadores de la UE estacionados en México en aquel momento. Todos coinciden en la pobreza del Informe que se explica por una mezcla de factores circunstanciales y acciones deliberadas. La Misión se preparó de manera intempestiva, llegó tarde y algunos de sus integrantes no tenían la preparación requerida. Influyó que los observadores más experimentados de América Latina estaban asignados a Bolivia, que tuvo elecciones por esas mismas fechas. Los pocos conocedores de México iban acompañados por personas sin experiencia o capacidad lingüística para interpretar al país. Un caso extremo fue el encargado de monitorear los medios: no hablaba una palabra de español.
También hubo acuerdo sobre la parcialidad del jefe de la Misión, José Ignacio Salafranca. En su agenda estaba favorecer al ahora presidente Felipe Calderón. Su nombramiento como jefe de la Misión ya arrastraba un conflicto de interés porque su líder político, José María Aznar, había invitado al electorado a votar por Calderón. En consecuencia, Salafranca excluyó deliberadamente información sobre irregularidades reportadas por los observadores. Una de ellas, por ejemplo, fue la participación de la Iglesia en los comicios.
Salafranca contó con la aprobación tácita de los Estados miembros que consideraron que Calderón garantizaba sus intereses. Su toma de partido contribuyó a la polarización que aceleró el deterioro de la democracia que México padece. Para enfrentar las dudas sobre su legitimidad, Calderón hizo una apresurada declaración de guerra a los carteles de la droga y su dependencia con los poderes fácticos -entre los que están los grandes inversionistas españoles y europeos- le ha impedido combatir la pobreza, la corrupción y la degradación del ambiente. Como en los países árabes.
En los próximos años Occidente se volcará en el mundo árabe para apuntalar la democracia y los procesos electorales. Sería conveniente que los demócratas de esa región del mundo se tomen su tiempo para validar una Misión de Observación Electoral europea o estadounidense. Primero verifiquen el historial ideológico y el profesionalismo de quienes la integran. La UE, por su parte, tiene la obligación de garantizar la integridad de sus enviados a los países con democracias enclenques. A la democracia mexicana le urge la solidaridad europea. Quédense, por favor, con simuladores como José Ignacio Salafranca. Ya tenemos bastante con los nuestros.
Por Sergio Aguayo Quezada, profesor del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México.