La evasión como norma

Ignacio Ribas (abogado), Ferran Gomila (abogado), Antoni María Thomas (periodista), Gabriel Sevilla (geógrafo), Rafael Ortiz (abogado), Salvador Bastida (profesor ES), Bernat Riutort (profesor Universidad), Manuel Cabellos (arquitecto), Jaime Carbonero (arquitecto), José María Carbonero (médico), Alfredo García (psiquiatra). Los firmantes presentaron una querella por los vuelos de la CIA en Palma de Mallorca (EL PAÍS, 13/06/06):

Con la decisión del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno de declararse competente para la investigación de los vuelos de la CIA en territorio español, se inicia la segunda parte de un largo proceso que comenzó en abril del pasado año con la querella criminal interpuesta por 11 ciudadanos de Palma de Mallorca ante un juzgado de esta ciudad, acogiéndose a la acción popular y a la vista de las investigaciones publicadas por los periodistas del Diario de Mallorca galardonados con el Premio Ortega y Gasset.

Confesamos que nos resultó desconcertante la presencia del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el acto de entrega del Premio Ortega y Gasset a los tres periodistas del Diario de Mallorca que tan tozuda y eficazmente han destapado el llamado caso de los aviones de la CIA. El presidente tiene todo el derecho de ir donde le invitan, por supuesto, pero hacerse el despistado en tema tan espinoso que a él le compete tan directamente no deja de invitar al desconcierto a quienes siguen con interés ciudadano todo lo relacionado con esta vergonzosa práctica de la CIA y a quienes, como los abajo firmantes, somos parte directamente legitimada en el esclarecimiento de los hechos.

Puesto que no se trata aquí de hablar de las luces del Gobierno de Rodríguez Zapatero, nos referiremos a la inquietante sombra oficial que cubre ¡desde hace más de un año! todo lo relacionado con los vuelos secretos de la CIA en nuestro territorio, y más en concreto, con el uso fraudulento y contrario a la norma internacional que hace la todopoderosa Agencia de Inteligencia estadounidense de algunos aeropuertos españoles, entre ellos los de Palma de Mallorca e Ibiza.

Una investigación que una vez iniciada y publicada ha podido proseguir y aún adentrarse en terrenos cada vez más precisos, gracias en parte a los datos aportados por las investigaciones policiales provocadas, a su vez, queremos subrayar ya que nadie lo hace, por la doble iniciativa que nosotros, 11 ciudadanos, tomamos en su día, primero, interponiendo una denuncia ante el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que se apresuró a archivarla, e inmediatamente después una querella criminal basada en la acción popular, que el juez admitió y, de acuerdo con el criterio que mantuvimos desde el primer momento, se inhibió a favor de los juzgados centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional, ante los que nos hemos personado y que ha dado origen a las diligencias previas 109/2006 seguidas ante el Juzgado Central número 2, que acaba de declararse competente.

Por tanto, el interés profesional de un juez de Instrucción de Palma, y eso le honra, nuestro propio empeño y tesón, la solidaridad de un puñado de ciudadanos que acudieron a nuestra llamada de ayuda económica para poder hacer frente a los gastos que supone y va a seguir suponiendo mantener viva la acción popular, y la dedicación de los tres periodistas en proseguir con su difícil trabajo, han hecho posible que el llamado caso de los aviones de la CIA siga vivo, siga presente, pero siga también sin resolverse y en consecuencia que los responsables del Gobierno sigan sin dar convincentes explicaciones. De ahí que a nosotros, los abajo firmantes, nos siga pareciendo hoy cuando menos desconcertante la actuación del presidente en torno al caso.

Porque, claro, esperar que el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, se avenga a dar una explicación clara y transparente de todo lo que relaciona nuestro país con tan siniestros vuelos de la CIA es confiar en demasía. Valga como botón de muestra su confusa postura respecto al Sáhara y su silencio ante la reiterada expulsión por parte del Gobierno de Marruecos de parlamentarios españoles que han tratado de visitar los territorios ocupados.

En más de una ocasión, tanto él como el mismo presidente Zapatero no han tenido inconveniente en servirse de la existencia de nuestra actuación procesal para eludir las explicaciones que la prensa les ha solicitado, apelando al consabido silencio «porque el tema está sub júdice», lo cual, con perdón, huele a coartada. Por tanto, no creemos exagerar al decir que nos parece escandalosamente cómoda la postura inmaculada, y como de quien pasaba por ahí, que observan nuestro presidente y el ministro relacionado con el caso.

Un tema que, según está más que demostrado, ellos recibieron como herencia del anterior Gobierno del PP, entregado en cuerpo y alma a los deseos bélicos de los señores Bush y Blair. Pero un tema también que a nadie se le escapa prosiguió ante los ojos del Gobierno de Zapatero. Entendemos, por tanto y después de tantos meses de espera, que desde el Gobierno se trata de una u otra manera de dar largas al asunto, pese a la existencia de una Comisión Europea ad hoc y a sus requerimientos, pese a la querella criminal que presentamos, pese al reciente Informe del Consejo de Europa y pese a que la opinión pública siga esperando que hablen sin evasivas los enterados, es decir, el presidente o su ministro de Asuntos Exteriores o su responsable de la Inteligencia. En caso contrario, cauce y desarrollo judicial aparte, nos tememos que la postura oficial es interesada, señor presidente.