En el diario ABC del 5 de junio se publicó una encuesta de GAD 3 en la que se señalaba que la corrupción política preocupa más que la seguridad ante la amenaza yihadista (62,5% frente al 50,3% de los encuestados). En parecido sentido, los resultados de mayo del barómetro del CIS revelan que vuelve a repuntar la preocupación por la corrupción y el fraude: en marzo era el principal problema para el 18,9% de los encuestados, en abril se redujo al 17,5, pero en mayo volvió a elevarse hasta el 26,7.
Podría pensarse que la pesadumbre de la ciudadanía crece porque piensa que la corrupción, lejos de reducirse, va en aumento. Sin embargo, si miramos bien las cosas advertiremos que son diferentes.
No puede negarse que están saliendo a los medios con una cadencia que parece interminable casos de corrupción en los que dirigentes del PP son llevados ante los tribunales. Sostener, por tanto, que no ha habido corrupción es inadmisible. Ahora bien, tampoco puede defenderse seriamente que se haya tratado de una corrupción sistémica. Pongo dos ejemplos para que se me entienda: ni yo, ni ustedes, hemos intentado evitar que nos pusieran una multa sobornando a los agentes de tráfico. Ni tampoco hemos tratado de conseguir una plaza en un colegio público para nuestros hijos untando convenientemente al director. Y esto que ocurre generalmente en la vida ordinaria es lo que sucede también ahora en la política, en la que desde hace algún tiempo se viene poniendo un especial cuidado en el funcionamiento íntegro y honrado de la misma.
Pues bien, si lo cierto es que los casos de corrupción se están llevando a la Justicia y que hoy hay más limpieza que nunca en la vida pública, ¿cómo se explica que repunte la preocupación de la ciudadanía por la corrupción?
El análisis reposado de nuestra situación actual revela que sobre esos episodios antiguos de corrupción, que ya están en manos de la justicia, la izquierda radical (con la inestimable colaboración de partidos de la oposición y otros comparsas) está volviendo a manipular fraudulentamente la realidad (como hicieron en 1936 con las actas electorales) repitiendo una y otra vez hasta la saciedad que el Partido Popular es un partido corrupto.
Su última jugada ha consistido (con el apoyo de jueces afines) en obligar a declarar a Mariano Rajoy en persona el 26 de julio sobre la financiación del PP. Ese día la oposición a coro desfigurará lo que es una prueba testifical hasta convertirla en que Rajoy comparece en la condición del «investigado» por corrupción. No hace falta ser muy sagaz para pronosticar que la oposición va montar ese día un circo mediático con el fin de hacer creer a las gentes del montón que el PP está tan corrompido que hasta han llamado a declarar como investigado al propio presidente del Gobierno de la Nación. Más aún: no creo equivocarme si adelanto que Pablo Iglesias y otros corifeos aprovecharán para pedir su dimisión.
Por eso, aunque pueda haber otras razones, entre las que explican este aumento de la preocupación de la ciudadanía por la corrupción está la de que la oposición lleva tiempo poniendo un cristal de aumento sobre nuestra realidad para agigantar artificial y grotescamente la corrupción y hacernos creer que vivimos en un país corrompido en el que PP es el partido corrupto por excelencia.
Lo malo es que la fina lluvia de esta manipulación fraudulenta de la realidad está calando en algunos votantes del PP que se sienten avergonzados de su partido y hasta están pensando en negarle el voto sin caer en la cuenta de que es mucho peor esa fraudulenta estrategia de la izquierda radical. Porque democráticamente hablando es mucho más grave la conquista del poder manipulando una vez más intencionadamente la realidad que votar a un partido que ha sufrido como otros episodios de corrupción.
Y es que si tenemos en cuenta que nuestra situación económica ha mejorado sensiblemente y que las noticias económicas son cada vez más esperanzadoras, la única manera que tiene la oposición de alcanzar el poder es exagerar un aspecto negativo de la acción de gobierno, como es la corrupción. El manejo ilícito de los fondos públicos suele provocar tal irritación entre los votantes que no son pocos los que deciden utilizar su voto para limpiar un país que está mucho menos sucio de lo que se vocifera mediáticamente. Está triunfando, como sucedió en Venezuela en los comienzos del chavismo, la estrategia fraudulenta de amplificar artificialmente la corrupción como arma para convencer al electorado de que solo la «limpia y honrada izquierda radical» es la que puede sacar al pueblo del supuesto fango en el que está. Lo que vino después lo conocemos todos. ¡Estamos avisados!
José Manuel Otero Lastres, catedrático y escritor.