Tema
La estrategia expansiva del Primeiro Comando da Capital por la triple frontera amazónica para controlar las rutas y mercados de la droga en América Latina.
Resumen
En los últimos años, la triple frontera amazónica adquirió una importancia geopolítica inusitada debido a su papel en la disputa por el control de las rutas y mercados de la droga en America Latina. Este escenario de guerra, protagonizado por distintas facciones criminales del Brasil, tiene como principal disparador la estrategia expansionista del Primeiro Comando da Capital (PCC), que ha logrado expandir su frontera criminal en el área amazónica como consecuencia de la ruptura de la alianza entre la Familia do Norte (FDN) y el Comando Vermelho (CV), la cual servía para contener el acceso del PCC a la ruta de Manaos. A raíz de esto, el PCC inició una disputa territorial por la ruta del Solimões –principal corredor de droga en la triple frontera amazónica– que podría desatar una guerra aún mayor con la FDN, que controla buena parte del Amazonas. En este contexto, el presente análisis se propone estudiar la estrategia expansiva del PCC por la triple frontera amazónica con el objetivo de controlar la ruta y los mercados de cocaina en America Latina. En este sentido, se pretende explicar las implicaciones que esta expansión puede tener para el mapa de la droga en la región y para los propios cárteles y grupos de delincuencia organizada que operan in situ.
Análisis
Panorama general
Durante la campaña electoral de 2018, la cuestión de la seguridad pública en Brasil se convirtió en un tema central de las agendas de los candidatos a la presidencia. Sin embargo, y de forma un tanto sorpresiva, ninguno de los presidenciables hizo mención alguna sobre la mayor organización criminal que amenaza al gigante sudamericano: el Primeiro Comando da Capital (PCC). Si bien el crimen organizado ha sido introducido como un asunto prioritario en la plataforma programática del ahora presidente Jair Bolsonaro. Un análisis más detallado de su plan de seguridad permite observar importantes inconsistencias y omisiones que podrían incrementar, en lugar de reducir, los altos índices de violencia y criminalidad que aquejan al Brasil. De ahí que mientras sus propuestas apuntan a convertir al país en un verdadero Estado de Naturaleza –garantizando por decreto a los ciudadanos sin antecedentes penales a portar armas de fuego–, la omisión de una política de seguridad y defensa de las fronteras –áreas estratégicas de penetración, expansión y disputa del crimen organizado– permite hablar de más continuidades que cambios en la gestión por venir y de un entendimiento ambiguo y poco sólido del fenómeno.
En un escenario donde la proximidad geográfica con los dos principales productores de cocaína del mundo (Colombia y Perú) facilita a la delincuencia organizada brasileña el abastecimiento para el mercado local y refuerza las disputas facciosas por la hegemonía regional de las rutas y los mercados de la droga, la necesidad de repensar una política integral de defensa y soberanía del territorio se hace cada vez más evidente, sobre todo cuando –como sucedió durante la asunción de Bolsonaro como presidente del Brasil– el crimen organizado le mostró al país su capacidad para paralizar una ciudad completa (Fortaleza) usando la represalia como mecanismo de respuesta ante el avance del Estado. De ahí que los ataques perpetrados por facciones del PCC y el Comando Vermelho (CV) el 1 de enero de 2019 en 50 ciudades del estado de Ceará, hayan sido una demostración real de su poder, control y consolidación territorial y de su exponencialmente incrementada capacidad para movilizar recursos, algo que durante los últimos dos años ya se viene observando en la frontera amazónica con mayor contundencia.
En este sentido, una breve observación de la distribución geográfica de las distintas facciones criminales en los 27 estados que componen el gigante sudamericano permite ver que la expansión territorial de la delincuencia organizada ha cooptado prácticamente todo el Brasil, suponiendo un verdadero desafío para el Estado y para las autoridades de las distintos niveles de gobierno que, tras años de políticas de seguridad, no han logrado erradicar el flagelo. Es así que –si bien existe presencia de más de una facción en disputa por Estado–, podríamos ubicar a las distintas organizaciones de la siguiente manera: el PCC domina ya las regiones de Mato Grosso do Sul, Piauí, San Pablo, Acre, Roraima y Sergipe, y se disputa actualmente con el CV el control de los estados de Amapá, Alagoas, Ceará, Para, Río Grande do Norte, Rondônia y Tocantins. Por su parte, el CV se quedó con la hegemonía de Mato Grosso, mientras que, en buena parte de los estados restantes, el conflicto se desarrolla entre distintas facciones regionales (BadBoys y Comando Verde, entre otras). Este es el caso del estado de Amazonas, al noreste del Brasil, una región altamente porosa y con escasa y/o nula presencia estatal, que tiene una conexión directa con los principales exportadores de droga a nivel mundial y cuya posición geográfica le permite conectarse con nueve de los 11 países de América del Sur1.
Considerada una zona estratégica para el tránsito ilegal transnacional y una región de recursos y biodiversidad, el Amazonas brasileño ha ocupado un lugar preponderante en el pensamiento geopolítico del Brasil desde los años 30 del siglo pasado. Sin embargo, las diferentes políticas de control y defensa territorial implementadas desde entonces (SPVEA7, INPA, Tratado de Cooperación Amazónica, Programa Calha Norte, Sistema de Vigilancia Amazónica y SISFRON) han dado resultados controvertidos: las fronteras se volvieron más porosas, el Estado más débil y el crimen organizado –siendo el narcotráfico su expresión más común– avanzó por casi todo el territorio brasileño, cooptando poder mediante la violencia y la corrupción.
Sumado a esto el bajo nivel de institucionalización de la cooperación interestatal entre Brasil, Bolivia, Colombia y Perú –los cuatro países que conforman las distintas combinaciones del trapecio amazónico–, se ha transformado, una vez más, en una verdadera dificultad para alcanzar una estrategia coordinada para combatir la problemática. En este sentido, los contratiempos a la hora de profundizar los procesos de integración regional entre los Estados involucrados en la triple frontera han entorpecido las iniciativas de cooperación en cuestiones de vigilancia fronteriza y facilitado la expansión de grandes organizaciones criminales como el PCC, el CV y la FDN por el dominio de las rutas de la droga en la región.
Estas dinámicas de avance del crimen organizado en la triple frontera amazónica, sumado a la creciente demanda de drogas en el mercado brasileño, han producido una importante reconfiguración del mapa del narcotráfico sudamericano que incrementó, a su vez, el poder de las facciones criminales y el de sus conexiones tanto regionales como extrarregionales. A raíz de esto, se sostiene que las redes de narcotráfico son ahora mucho más coordinadas, eficientes y resistentes, gracias al uso de la tecnología, los sistemas de comunicación y los de transporte.
Como contrapartida, la triple frontera amazónica se ha vuelto durante los últimos años, una zona vulnerable, de desarrollo precario y aislado que, sumado a su difícil acceso geográfico y logístico, facilitado por ríos caudalosos y selvas impenetrables, se consolidó como un lugar estratégico para el reclutamiento de nuevos miembros y en un nexo central de buena parte de las actividades ilícitas derivadas del crimen organizado en América del Sur. En este sentido, no resulta difícil ver cómo y por qué el trapecio amazónico es hoy en día un “botín de guerra” de las organizaciones criminales más grandes de la región –cárteles colombianos y organizaciones brasileñas– y por qué es ahí donde se disputan el control territorial por la hegemonía de las rutas y mercados de la droga en América Latina. De ahí la importancia de estudiar y analizar la estrategia expansionista nacional de organizaciones como el PCC en Brasil, la cual, a través de una compleja estructura criminal –que se basó primeramente en el poder de los “bastiones carcelarios” para luego expandir su territorialización a través de un enfrentamiento directo con facciones contrarias–, ha logrado avanzar por todas las unidades federativas brasileñas corrompiendo las esfera política, económica y judicial a través de la compra de favores y lealtades, pero también a partir del despliegue de “franquicias” y líderes regionales encargados de las finanzas de la organización.
En este contexto y debido a su objetivo de dominar el mercado interno de drogas y las rutas internacionales del narcotráfico, el PCC ha estado corriendo su frontera criminal a punto tal de alcanzar su nacionalización con los ataques en Minas Gerais y Rio Grande do Norte en 2018. Esto provocó diferentes reacciones, entre ellas la reconfiguración del mapa del tráfico de drogas y el consecuente recrudecimiento de la violencia facciosa en el noreste del país.
Esta estrategia expansionista por el Amazonas brasileño del PCC –que ha presentado, además, un cambio de actitud en la organización, como resultado de la adopción de mecanismos más violentos– ha sido posible gracias a la ruptura del pacto entre el CV y la FDN, pacto que ha funcionado como un verdadero dique de contención para el avance del PCC por la ruta de Manaos y el popularmente conocido río Solimões, es decir, el brazo superior del Rio Amazonas.
Sumado a esto, no debe soslayarse la presencia de las mafias colombianas en la triple frontera amazónica, las cuales han corrido su frontera de cultivo hacia el territorio peruano como consecuencia del aumento de la demanda de droga en el mercado brasileño. Esto no representa –al menos hasta ahora– una declaración de hostilidades entre la delincuencia organizada colombiana y las facciones criminales brasileñas. Muy por el contrario, existe evidencia que sugiere que el PCC se ha aliado con el peligroso Clan del Golfo con el objeto de conectar el abastecimiento de cocaína hacia Europa, cuyas principales plazas son Bélgica y los Países Bajos.
La importancia geopolítica del Amazonas para el crimen organizado
La región amazónica ha estado en el pensamiento geopolítico de Brasil desde los años 30 del siglo pasado. De hecho, el Amazonas ha sido parte esencial del proceso de consolidación del país como potencia regional. Sin embargo, no fue hasta 1978 con la firma del tratado de cooperación entre Brasil, Colombia, Surinam, Bolivia, Guyana, Perú, Ecuador y Venezuela, cuando se intentó formalmente la integración física del Amazonas a través de una adecuada infraestructura de transporte y comunicaciones para el desarrollo de la región. No obstante ello, y a pesar de los esfuerzos multilaterales, la región fue rápidamente cooptada por diferentes actores del crimen organizado.
Como bien sabemos, el crimen organizado es un fenómeno complejo que está ampliamente distribuido en América Latina. Sin embargo, su alcance y formas difieren en gran medida entre los países afectados por esta problemática. La baja presencia estatal, los altos niveles de corrupción y de informalidad laboral y los escasos recursos destinados a las fuerzas de seguridad, son condiciones necesarias –aunque no suficientes– para la emergencia y expansión del fenómeno.
En este sentido, el crimen organizado –siendo el narcotráfico la expresión más común en la región, seguido por el tráfico de armas, de personas, etc.– se desarrolla en ambientes donde es fácil eludir la ley, geográficamente adversos para las fuerzas del Estado y que, a su vez, estén próximos a los principales cruces y pasos fronterizos. De esta manera, el crimen organizado coopta esas zonas grises mediante el uso de la violencia, de sus ingentes recursos económicos derivados de las operaciones ilícitas y también a través del conocimiento territorial, lo cual le da una ventaja extra frente a las fuerzas de seguridad estatales, a la hora de evadirse y/o camuflarse.
A ello hay que sumar que las recientes reducciones presupuestarias efectuadas en el área de la defensa por los últimos gobiernos del Brasil han conducido a una situación de “contingencia de recursos”, impidiendo la ampliación de programas clave de vigilancia y seguridad fronteriza, promoviendo la consecuente cooptación del Amazonas brasileño por las facciones criminales. A pesar de ello, ninguna política concreta de seguridad de la triple frontera fue llevada a cabo por los países involucrados.
Todo lo mencionado anteriormente cumple un papel fundamental para la interconexión sistémica entre la geopolítica del Amazonas y la economía criminal que se deriva de todas las operaciones ilícitas que tienen lugar en el área. Así las cosas, el lugar que ocupan las fronteras sudamericanas –con especial énfasis en la andina y la amazónica– en el ciclo económico del negocio del tráfico de drogas se ha ido incrementando a la par de la demanda local. Esto, como sostuvimos previamente, trajo aparejado desde 2008 a esta parte diversos cambios en el mapa geopolítico y pecuniario del narcotráfico, los cuales van desde el desplazamiento de las zonas de cultivo de la hoja de coca (con Perú y Bolivia como ejes de la producción en detrimento hasta el año pasado de Colombia) a un “efecto globo” derivado de las políticas antidrogas, a la aparición de rutas alternativas y a cambios en las propias organizaciones (cárteles, clanes) dedicadas al narcotráfico.
En este contexto y como consecuencia de la creciente demanda de cocaína y marihuana en Brasil, organizaciones delictivas brasileñas como la FDN han comenzado a diseñar nuevas estrategias para alcanzar rutas alternativas a las ya cooptadas por el PCC. Así, la FDN –que domina buena parte de la región amazónica– estableció un acercamiento con los cárteles colombianos para obtener el control de la ruta de la cocaína colombiana, un objetivo que –como ya mencionamos– también persigue el PCC. Por su parte, los productores de droga peruanos han desplazado su frontera de cultivos hacia Brasil y Bolivia, lo cual produjo una ampliación de las áreas cultivadas en las regiones amazónicas de Caballococha –en la triple frontera con Colombia y Brasil–, en la región de Puno –frontera con Bolivia y con Brasil, por el puente interoceánico– y, finalmente, con Madre de Dios, que también colinda con Brasil y Bolivia.
Otro caso de singular importancia que ha facilitado la reconfiguración del mapa del narcotráfico sudamericano lo constituyen los recientes movimientos del CV y la FDN en la exploración de una nueva ruta de maconha (marihuana) en el Amazonas, con el objeto de eludir el “bloqueo” que le impuso el PCC a la droga proveniente de Paraguay en 2018.
La “guerra facciosa” por la hegemonía de la ruta amazónica del narcotráfico: la expansión del PCC
En los últimos años la estrategia expansionista del PCC alteró el mapa de la droga en Brasil. En este sentido, el objetivo de la mayor organización criminal brasileña de dominar los mercados y rutas de la droga en América Latina, llevó al país a sumirse en una escalada de violencia inusitada y a la cooptación de buena parte de su territorio por el crimen organizado. En este escenario, la imposibilidad del Estado de combatir eficazmente al narcotráfico mediante políticas de defensa y seguridad adecuadas, no sólo debilitó a las fuerzas del orden, sino que además fortaleció a las facciones criminales al interior de las favelas y en su camino a la “extraterritorializacion” de los bastiones carcelarios. De ahí el crecimiento exponencial del PCC, que logró “conquistar” una buena parte del territorio brasileño y adentrarse –según algunos informes– en países limítrofes. En este sentido y desde su creación en 1993, el PCC ha forjado una proyección de carácter internacional, por lo cual expandió sus redes a varios países regionales, al tiempo que inició una expansión territorial a nivel nacional que dio como resultado la penetración de la facción en buena parte de la geografía brasileña. Es así que, de acuerdo a fuentes del Ministerio Público Federal Brasileño, el PCC ya opera en siete países de América del Sur, tales como Paraguay, Bolivia, Argentina, Perú, Colombia y Venezuela.
Como venimos sosteniendo, la triple frontera amazónica se constituye como una de las principales puertas de entrada de la droga a Brasil. También es actualmente junto con el estado de Ceará, uno de los escenarios de guerra entre facciones más violentos de los últimos años. En este sentido, y como consecuencia de la revaloración estratégica que ha ganado recientemente el Amazonas para el crimen organizado en general y para el narcotráfico en particular, la región se ha convertido la puerta principal para dominar el negocio del narcotráfico latinoamericano. De ahí que grandes grupos de delincuencia organizada, con redes trans e internacionales y con proyección regional como lo es el PCC, hayan corrido sus fronteras criminales para disputar la hegemonía de la triple frontera con pequeñas facciones locales ligadas al CV, a través de una estrategia territorial expansionista que se ha vuelto más agresiva en el último año debido al asesinato de dos de sus líderes: Fabiano Alves de Souza y Rogerio Jeremías De Simone.
Esta estrategia de expansión nacional del PCC –que no sólo persigue el control del tráfico de drogas regional, sino también el tráfico de armas y el control de los sistemas penitenciarios del Brasil– ha tenido desde 2016 un avance sostenido. Por un lado, estableció redes de narcotrafico y lavado de dinero en diversos paises fronterizos, siendo Uruguay una plaza importante para el blanqueo de capitales. Por otro lado, se hizo con el control de la denominada rota caipira (ruta de la cocaina) por donde pasa la maconha y la cocaína, producida por Paraguay y Bolivia, respectivamente. Sin embargo, fue durante 2018 cuando el PCC realiza un avance mayor sobre la region amazonica producto de la ruptura del pacto entre la FDN y el CV. En este sentido, la ruptura entre ambas facciones fue la oportunidad para expandirse en el Amazonas y conquistar la hegemonía sobre el río Solimões, ruta de singular importancia para todo el tráfico de drogas fluvial, que conecta buena parte del area amazónica. Asi, y como bien sugieren diversas fuentes consultadas, hasta el rompimiento del pacto ambas facciones dominaban la ruta de la cocaína proveniente de Perú y Colombia, la cual se trasladaba por el mencionado río para su distribución tanto local como internacional. Sin embargo, tras la ruptura, la violencia entre ellas se acrecentó, al igual que la amenaza del PCC desde los estados vecinos de Acre y Roraima. Esto planteó un nuevo escenario que, desde entonces, tiene a las tres facciones de Brasil (PCC, CV y FDN) en disputa por la ruta amazónica2.
Este escenario de guerra facciosa por el dominio territorial a nivel nacional, y particularmente de los estados del Amazonas y más recientemente del estado de Ceará, ha desencadenado sangrientas matanzas al noreste del país, que han mostrado resultados divergentes. Mientras en 2018 Ceará duplicó la cantidad de homicidios durante los ultimos 10 anos, convirtiéndose en uno de los estados más violentos del Brasil, el Amazonas mostró una sustantiva baja que lo sacó del ránking. Así y todo, la guerra facciosa entre la FDN y el PCC por la supremacia de las unidades penitenciarias y por el control de las rutas del trafico de armas y drogas en el Amazonas, continuó su marcha. En este escenario, el agravante menos pensado podría determinarlo las propias políticas de mano dura del nuevo gobierno de Bolsonaro, toda vez que –como lo ha demostrado la práctica en los casos de los carteles en Colombia y en el propio Rio de Janeiro tras la implementación de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP)– a mayor represión estatal hacia el crimen organizado, aumenta la posibilidad de violencia entre las facciones y, por ende, la utilización de la represalia entre ellas como mecanismo de respuesta.
Conclusiones
Ante este escenario resta preguntarse qué implicaciones puede tener esta estrategia expansionista del PCC para el mapa del narcotráfico y para los grupos de delincuencia organizada que operan in situ. De acuerdo a nuestro análisis, tres son los elementos que debemos tener primeramente en cuenta:
- El papel del gobierno de Bolsonaro y los resultados que puedan dar sus políticas de “mano dura”. En este sentido, podrian dar lugar a una “paz ficticia” derivada de los posibles acuerdos entre las facciones y la sensación de seguridad temporal provocada por las medidas del Gobierno, hasta el empeoramiento de la violencia debido al aumento de la presión estatal sobre los actores del crimen organizado. Esto último es un escenario repetitivo en el Brasil que venimos observando desde el retorno a la democracia, siendo Rio de Janeiro el principal ejemplo del fracaso de las politicas de seguridad. Por otro lado, y como hemos visto al principio de este análisis, la plataforma programática del gobierno de Bolsonaro en materia de crimen organizado ha dejado mas dudas que certezas acerca del conocimiento que la nueva administración tiene del fenómeno. Esto, sumado al objetivo del PCC de controlar todo el negocio de la droga y del sistema penitenciario del Brasil, obliga a pensar que la violencia seguirá en aumento en el país.
- La expansión del PCC ha tenido una influencia sustantiva sobre el mapa del narcotráfico, toda vez que su penetración territorial en el Amazonas ha obligado a facciones menores y/o locales a abrirse rutas alternativas. Por otro lado, su expansión ha incrementado la violencia facciosa y ha corrido la frontera criminal hacía la triple frontera. Dicho escenario tiene diversas aristas y una de ellas aumenta la posibilidad de que las facciones más pequeñas sean cooptadas por las mayores, formando “ejércitos” con la intencion de disputar el poder a las organizaciones mas grandes. Algo de esto lo podemos ver en la ampliación de reclutas que ha tenido el PCC durante estos últimos tiempos (40.000 en 2017).
- Finalmente, el avance del PCC encontró al CV y a la FDN en una situación de enfrentamiento, tras años de trabajar en conjunción para impedirle al PPC el acceso a las rutas de la droga amazónica. En este contexto, si pensamos en un escenario prospectivo, el aumento del poder economico y de recursos humanos que ha adquirido el PCC en el ultimo tiempo podria dar lugar tanto a una guerra asimétrica entre éste y el resto de las facciones como a un control hegemonico del PCC en toda la región que dejaria al resto de las organizaciones criminales del Brasil como satélites.
Haciendo uso de su nivel de organización, cantidad de miembros, fuentes de financiación, dominio presidiario y penetración territorial e institucional, el PCC ha logrado constituirse en un poder paralelo dentro de un Estado totalmente cooptado por el crimen organizado. En la actualidad, los centros de violencia y criminalidad derivados de la “guerra facciosa” entre el PCC, el CV y la FDN se están concentrando en los estados del Amazonas y Ceará, verdaderos núcleos estratégicos del tráfico de drogas que encuentran en el vacío estatal y en el fracaso de las políticas de seguridad el combustible para continuar su camino hacia una confrontación aún más violenta por la hegemonía del territorio brasileño y las rutas y mercados de la droga regional.
Ludmila Quirós, Investigadora, Centro de Estudios sobre el Crimen Organizado de la Universidad Nacional de La Plata | @ludmilaaq
1 Vid. O Globo, “Mapa das facções nos presídios brasileiros”, Mapa que reproduce en detalle la localización de las bandas criminales y los niveles de violencia existentes en Brasil.
2 Vid. mundo.sputniknews.com/infografia/201809241082216477-disputas-por-rutas-fluviales-narcotrafico-amazonia/.