La experiencia de ser plagiado

No me lo podía creer cuando los colegas de Historia del Derecho me advirtieron del plagio de mi artículo La peregrinación a Santiago de Compostela (Anales de Historia Antigua Medieval, Buenos Aires, 2006), cuyo origen es mi aportación al libro colectivo Il medioevo europeo de Jacques Le Goff (Parma, 2003). El autor fue Fernando Suárez Bilbao, rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en el capítulo del libro colectivo La Iglesia en la historia de España (Madrid, 2015), titulado España y Europa: las peregrinaciones a Santiago. Ocho de sus 16 páginas son copia literal de mi trabajo, sin entrecomillados ni notas a pie de página que expliquen la procedencia de los párrafos; y páginas fusiladas y presentadas como si fuesen escritos de la mano de Suárez Bilbao, cuyo “copia y pega” incluye referencias documentales y bibliográficas, citas y notas, todo.

No quiere decir esto que el resto del artículo fuese autoría de Fernando Suárez. Hace lo mismo con sendos trabajos de otros historiadores y juristas: Guillermo F. Arquero Caballero, Francisco Javier Sanz Larruga y José Ricardo Pardo Gato. Rellena finalmente su artículo con párrafos asimismo literales de varias webs de divulgación jacobea, incluida una de EL PAÍS digital sobre el Camino.

El método siempre es el mismo: reproducción literal de los textos “importados”, ensamblados con una habilidad que delata una larga experiencia. No hay prácticamente nada original del rector de la URJC en su publicación sobre la peregrinación. Otros han verificado lo mismo en los 14 trabajos de su autoría que fueron analizados comparativamente y divulgados a través de los medios. Calculo que el número de investigadores y profesores afectados supera la treintena.

No cabe duda. Para la Real Academia Española, plagio es: “copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias”. La Ley de Propiedad Intelectual (1996-1998) nos admite “el derecho irrenunciable e inalienable de exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra” (artículo 14.3). El 270 del Código Penal considera delito “la reproducción, distribución, comunicación pública o plagio de obras protegidas por la propiedad intelectual, con ánimo de lucro y en perjuicio de terceros, sin autorización de sus legítimos titulares”. Ánimo de lucro que, en el caso que nos ocupa, estaría en los incrementos salariales que pudiera haber obtenido Fernando Suárez por los sexenios de investigación y la habilitación a catedrático, fundamentados total o parcialmente en trabajos plagiados. La justicia decidirá.

Los afectados pasamos de la sorpresa a la indignación; después, a la toma colectiva de conciencia de que, más allá de los perjuicios individuales, los plagios repetidos del rector de la Rey Juan Carlos dañan gravemente el prestigio, la dignidad y la honorabilidad de la universidad española y su proyección internacional, así como de las agencias de evaluación cuyos filtros no detectaron, increíblemente, esta actividad plagiaria continuada que va más allá de los sabidos “casos aislados”.

El pasado 7 de diciembre, un grupo de los profesores afectados hemos dado a conocer el Manifiesto de los Cinco, pidiendo la dimisión del rector, la creación de una comisión de investigación realmente independiente y la revisión de los méritos de investigación de Suárez Bilbao por parte de la ANECA, la CNEAI y la Agencia Estatal de Investigación. Ahora ya somos 300 quienes, dentro y fuera de España, hacemos públicos nuestros nombres, apellidos e instituciones (algo poco habitual tratándose de cuestiones internas de la universidad) para que se tomen urgentes medidas contra los plagios del rector, antes de que la degradación de la imagen y el funcionamiento de la Universidad se hagan irreversibles.

No debemos dejar que la corrupción política pase ahora a la vida académica. Tampoco que a la crisis económica de la universidad española, por causa de las políticas de austeridad, se sume la crisis de los valores que siempre nos han regido, con la subsiguiente falta de credibilidad y autoridad de gestores y profesores. Ni la Conferencia de Rectores, ni la Comunidad de Madrid, ni el Ministerio de Educación pueden permitir que quede impune este caso extremo de malas prácticas y presuntos delitos por parte del máximo responsable de una universidad pública: el robo de la identidad y el esfuerzo de otros investigadores. Un malísimo ejemplo que hará imposible la persecución del “corta y pega” entre los alumnos, que desmoraliza a nuestros jóvenes investigadores y doctores, muy golpeados ya por la falta de perspectivas laborales.

Carlos Barros es profesor de Historia Medieval en la Universidad de Santiago de Compostela.

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