Desde 2010, se han adoptado muchas medidas para “proteger a prueba de crisis” a la eurozona. Además de reglas presupuestarias más ajustadas y del inicio de una unión bancaria, hay en marcha nuevos esfuerzos para fortalecer el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que hoy está destinado a servir como un respaldo del Fondo Único de Resolución (FUR). En una reunión reciente del Eurogrupo, los ministros de Finanzas de la eurozona coincidieron en reformas para permitir que los estados miembro esencialmente “sólidos” accedan a líneas de crédito “contingentes” del MEDE si reúnen ciertas condiciones, y para que todos los contratos de bonos soberanos incluyan cláusulas de acción colectiva en 2022.
Los hacedores de políticas públicas todavía debaten si crear o no un presupuesto y un esquema de seguro de depósitos de la eurozona y nosotros deberíamos considerar qué podrían significar para el futuro las reformas introducidas hasta la fecha. El punto en cuestión es si queremos una unión monetaria en la que los estados miembro sean individualmente responsables por sus políticas, o una unión basada en la solidaridad, una distribución del riesgo y transferencias financieras.
Según el principio de solidaridad de la Unión Europea, la reforma se ha centrado en introducir más redes de seguridad y respaldos, con un presupuesto y un seguro de desempleo y de depósitos conjuntos, entre otras cosas. La suposición es que cuantos más riesgos se compartan, más estable será la eurozona. Pero eso es una falacia. En la práctica, la proliferación de nuevas salvaguardas ha introducido un alto grado de riesgo moral y creó incentivos perversos para gobiernos y participantes del mercado por igual.
Con las últimas reformas de la eurozona, el principio de que quienes asumen un riesgo deberían hacerse responsables ha sido reemplazado por un principio de responsabilidad conjunta, lo que implica transferencias financieras en una escala sin precedentes en caso de una crisis. La situación actual en Italia debería servir como una advertencia para quienes defienden el riesgo compartido. Para peor, el foco único en la solidaridad implica que los problemas reales de la eurozona no se han abordado. Estos incluyen altos niveles de deuda pública y privada, instituciones débiles, mercados excesivamente regulados y correcciones de balances todavía incompletas de parte de las corporaciones y los bancos.
Los argumentos a favor de medidas de solidaridad expandidas son poco convincentes. O los instrumentos de participación del riesgo son innecesarios, o se pueden utilizar solamente en condiciones en las que minarían la estabilidad de la eurozona. ¿Por qué, por ejemplo, un estado miembro “sólido” de la eurozona debería tener que obtener una “línea de crédito contingente” si no escondiera flaquezas ocultas?
Igual de dudosas son las justificaciones que se ofrecen para un presupuesto de la eurozona compartido. ¿El objetivo es estabilizar el bloque en caso de shocks? ¿Es hacer inversiones? ¿O es crear incentivos financieros para reformas económicas domésticas?
En cuanto a la primera pregunta, durante su historia de 20 años, la mayoría de las sacudidas que sufrió la eurozona han sido asimétricas, y se concentraron en los estados miembro que implementaron políticas irresponsables. Con excepción de la crisis de 2008, las sacudidas de la eurozona por lo general han sido pequeñas y autoinfligidas, lo que sugiere que la respuesta apropiada debería surgir de políticas domésticas para generar reservas presupuestarias más robustas.
Si el objetivo es ofrecer fondos de inversión, el presupuesto de la UE, el “Plan Juncker” y el Banco Europeo de Inversiones ya ejercen este rol. El problema de Europa no es una falta de recursos financieros, sino más bien una falta de proyectos apropiados y una capacidad limitada al interior de los estados miembro.
Finalmente, el acuerdo para un presupuesto conjunto destinado a recompensar las reformas económicas domésticas supone que esas reformas crean cargas financieras de gran escala en el corto plazo. Pero la evidencia empírica para sustentar este argumento es inconcluyente. En cualquier caso, los costos de no llevar a cabo las reformas necesarias tendrían que ser compensados con los costos de hacerlo, aunque más no fuera para dejar en claro que las reformas estructurales son en beneficio propio de los países.
Un plan de seguro de depósitos de la eurozona es igualmente desaconsejable en este momento, dada la escala de los préstamos morosos en muchos estados miembro. La necesidad inmediata es una reducción drástica de los riesgos de los balances existentes. En cuanto a los riesgos futuros, el tratamiento regulatorio preferencial otorgado a los bonos del gobierno debe terminar. La deuda soberana debería estar cubierta con fondos propios, y las emisiones de títulos gubernamentales debería tener un tope.
En lugar de instalar cada vez más salvaguardas, es hora de resolver las verdaderas debilidades de la eurozona. La crisis de deuda soberana comenzó con posiciones fiscales débiles y dudas sobre la sustentabilidad de las deudas públicas, combinadas con déficits estructurales que llevaron a una pérdida de competitividad. Las reformas económicas por lo tanto siguen siendo esenciales. A menos que los riesgos que surgen de la alta deuda pública se reduzcan sistemáticamente, los países de la eurozona estarán muy expuestos cuando golpee la próxima crisis.
Es más, debería lograrse que las reglas presupuestarias sean más transparentes, creíbles y ejecutables a través de sanciones automáticas contra una conducta que evidencie una falta de solidaridad. Debería reemplazarse el foco en los “déficits estructurales” por una regla de gasto más simple que sea menos dependiente del ciclo económico. Y debería encomendársele a una agencia fiscal europea independiente y creíble el control del presupuesto y la implementación y aplicación de las reglas. La Comisión Europea altamente politizada no cumple con esos requisitos.
La eurozona también necesita un código de insolvencia, que le devolvería credibilidad a la cláusula de no rescate del Tratado de Lisboa. Y, por supuesto, el nexo entre los gobiernos y los bancos debería romperse sin mayor demora.
En vista de esta agenda, los últimos esfuerzos de reforma son un paso en la dirección incorrecta. Una responsabilidad conjunta en nombre de la solidaridad se convertirá rápidamente en un camino sin retorno para los gobiernos que implementen políticas económicas imprudentes para escaparle a la responsabilidad. Y, dado el alto nivel de deuda pública de la eurozona, la responsabilidad conjunta conlleva enormes riesgos financieros.
Los límites de las políticas de solidaridad de la eurozona hoy están siendo puestos a prueba. La proliferación de respaldos no sólo impide la mitigación del riesgo, sino que en verdad invita a un riesgo mayor. En el caso de una crisis, la incapacidad de los gobiernos de asumir esta carga colectiva quedará al descubierto, lo que tendrá implicancias de amplio alcance para la sustentabilidad de las finanzas públicas y la estabilidad financiera y monetaria de la eurozona.
De más está decir que el objetivo de la reforma es impedir este escenario. Para que la Unión Económica y Monetaria de Europa esté a salvo, la coparticipación del riesgo debe dar lugar a una reducción del riesgo.
Jürgen Stark is a former Member of the Executive Board of the European Central Bank and former Deputy Governor of the Deutsche Bundesbank.