EL 16 de julio de 2002 el Marqués de Tamarón, a la sazón embajador de España en Londres, remitía una carta al director de la revista británica Euro-Business en la que solicitaba rectificar una información que atribuía a S. M. el Rey Don Juan Carlos I un patrimonio de 1.790 millones de euros: «La disparatada cifra de 1.790 millones de euros sólo se puede explicar por haber entendido Vds., erróneamente, que los bienes públicos propiedad de Patrimonio Nacional, del Estado español, son propiedad privada del Su Majestad el Rey, lo cual es evidentemente inexacto. Su Majestad efectúa anualmente las correspondientes declaraciones de renta y patrimonio».
Debido a lo infundado de la información y las estrictas leyes antilibelo británicas, la rectificación fue hecha de inmediato y la «noticia» no tuvo mayores consecuencias que un reducido comentario en los mentideros veraniegos españoles, como una pequeña serpiente de verano.
Tomando como base esta falsa información dos periodistas del NewYorkTimes, en su sección de Europa, publicaron el pasado 28 de septiembre de 2012 una nueva estimación del patrimonio privado de S. M. el Rey de 2.300 millones de euros. Dicha información incurría en los mismos errores que la anterior publicación británica y, sin citar la rectificación, advertía levemente de la posible inclusión de bienes de Patrimonio Nacional, de acuerdo con algunas versiones. Bastó que esa cifra multimillonaria fuera de nuevo mencionada por ese periódico estadounidense para que varios diarios españoles, confidenciales, digitales y supuestos «especialistas» en Casa Real levantaran la voz ante el escandaloso patrimonio de S. M. el Rey. Por supuesto, no se tomaron la molestia de verificar la información y las rectificaciones. De modo que lo que era una estimación infundada y advertida pasó a tener carta de naturaleza en algunos medios de comunicación dedicados a la intoxicación: el Rey había amasado una inmensa fortuna.
Una campaña nada inocente, tendenciosa, que repite el mismo argumento que contribuyó, entre 1920 y 1931, a socavar la enorme popularidad de Don Alfonso XIII, a quien los republicanos y algunos socialistas, singularmente Indalecio Prieto, acusaron de adquirir una «inmensa fortuna». En esa campaña destacó el popular escritor Vicente Blasco Ibáñez, quien publicó un libelo difamador, «Alphonse XIII, demasqué», en el que inventaba infinidad de hechos delictivos del Monarca. La verdad es que Don Alfonso XIII impulsó más de ochenta empresas, en las que el Rey participaba testimonialmente como «primer accionista».
A pesar de que la actividad empresarial de Alfonso XIII tuvo efectos positivos, fundamentalmente por la emulación de otros aristócratas y hombres de negocio, lo cierto es que aquellas iniciativas industriales se volvieron en su contra. La oposición republicana utilizó con eficacia demoledora el argumento de «enriquecimiento ilegítimo» y de «inmoralidades administrativas» para debilitar el prestigio personal y político del Monarca.
Aunque la investigación de la República concluyó con que todas las inversiones (en muchos casos era de unas pocas acciones) se habían hecho pagando el correspondiente precio de su valor, con dinero procedente de su Caudal Privado, las Cortes Constituyentes republicanas juzgaron inabsentia al Monarca, y le acusaron de recibir acciones liberadas en varias empresas. El Congreso republicano expropió, mediante votación parlamentaria, todas sus propiedades en España, tanto cuentas corrientes como acciones, bonos e inmuebles. La auditoría hecha por la República, después de un exhaustivo estudio, determinó que el montante del patrimonio de S. M el Rey Don Alfonso era, por todos los conceptos, cuarenta y cuatro millones de pesetas, cifra elevada si se compara con un profesional liberal o empresario medio, pero inmensamente inferior a las de otras monarquías europeas, como las del Reino Unido, Bélgica o Países Bajos, que se estimaban en varios miles de millones de pesetas.
El Dictamen oficial de la República sobre las actividades empresariales y fortuna del Rey fue cuidadosamente ocultado a la opinión pública, hasta que fue hecho público íntegro en 1986 en mi libro titulado Alfonso XIII hombre de negocios. A partir de esa publicación ningún historiador ni periodista «especializado» ha reiterado la acusación de apropiación indebida referida a Don Alfonso XIII, ni por el desembolso de todas sus inversiones ni por el reducido montante de su fortuna privada.
Una reciente información sobre el cuaderno particional de la herencia de Don Juan confirma lo limitado que es el patrimonio de la Familia Real española, cuyo usufructo está destinado al sostenimiento, con un mínimo decoro, de todos sus miembros. Una Dinastía que ha servido a los españoles desde 1700 y que hunde sus raíces en la Edad Media. Que S. M. el Rey haya heredado de su padre (y este, de su augusto abuelo) menos de dos millones de euros debería ser noticia por lo limitado y por lo que tiene de desmentido de las fabulosas cifras que algunos periodistas se permiten barajar sin justificación alguna, o lo que es peor, conociendo la absoluta falsedad de la fortuna atribuida a S. M. el Rey. Pero la intención descalificadora de la Monarquía se incrementa al mencionar torticeramente los mil millones (en ocasiones, sin especificar que son seis millones de euros) y el hecho de su depósito en Suiza. Desde Carlos IV todos los Reyes españoles han sufrido el exilio, y es natural que parte de su pequeña fortuna privada la conserven en bancos extranjeros, dada su residencia obligada en París, Roma, Lausana o Estoril. Que sepamos, Alfonso XIII pudo salvar treinta de sus cuarenta y cuatro millones de pesetas en 1931. Con ese capital y sus rendimientos había que mantener un estatus digno de Rey destronado y atender las necesidades de todos los miembros de la Familia Real dispersos por Europa.
El destino de la Monarquía en España ha sido tan doloroso como el de otros muchos emigrados políticos, desde Goya al mismo Don Juan Carlos I. En ese sentido, la Corona es representativa de la dramática historia de España de rupturas y exclusiones. Por propia experiencia, S. M. el Rey es el primer interesado en que no se repitan en nuestra vida política nuevos episodios de rupturas, revoluciones, pronunciamientos ni abdicaciones o renuncias forzadas en la más alta magistratura del Estado. De ahí la importancia de la estabilidad política y del concepto de reforma sobre el de ruptura. Esta es una lección aprendida por muchos españoles en el siglo XX, pero olvidada por quienes tratan de alterar, de romper, el presente orden constitucional en el siglo XXI.
Guillermo Gortáraz Echevarría, historiador.