La pandemia no terminó. Aunque el verano de 2022 es muy distinto al de 2020 porque ahora tenemos vacunas, tratamientos y entendemos mejor al virus, no alcanza. Aún mueren 15 000 personas por semana por la COVID-19. Los países más pobres siguen sufriendo dificultades para implementar las vacunas, las pruebas de detección, los diagnósticos y otras herramientas. Y los países, independientemente de sus niveles de ingresos, siguen extremadamente mal preparados para la próxima pandemia (aun cuando, advierten los expertos su llegada no es una posibilidad, sino una certeza).
Desde el inicio de la pandemia de la COVID-19 los líderes del mundo reconocieron que había que mejorar la coordinación, la colaboración y el financiamiento colectivo para mejorar la preparación y respuesta para las pandemias (PRP). De acuerdo con las recomendaciones de un Panel Independiente de Alto Nivel, en junio el G20 aceptó establecer un nuevo Fondo Financiero de Intermediación (FIF, por su sigla en inglés) —a cargo del Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud— para reducir el déficit anual de USD 10 500 millones en el financiamiento para la PRP.
Muchos perciben al FIF como una oportunidad que se debió generar hace mucho para cambiar la forma en que nos ocupamos colectivamente de los recursos de uso común mundiales como la salud o el clima. En un sistema mundial de apoyo para la PRP cuya gestión fuese más inclusiva, todos los países participarían en la toma de decisiones, compartirían los costos y cosecharían los mismos beneficios colectivos. Esto implicaría abandonar el anticuado e ineficaz statu quo del sistema de donantes y beneficiarios, que entiende a la PRP como un proyecto más de «desarrollo». En lugar de eso, todos aceptarían que, a la hora de evitar las crisis mundiales, las necesidades, las brechas, los beneficios y las responsabilidades son colectivos y universales, aun cuando se distribuyan de manera desigual en el mundo.
Gracias al empeño de los países más pobres y la sociedad civil, se está diseñando al FIF para que encarne un modelo de gobernanza más equitativo y equilibrado, que divida la toma de decisiones de manera pareja entre los donantes ricos y los países participantes. Pero la pregunta ahora es si este equilibrio formal de intereses se hará realidad en su funcionamiento. Si los países con ingresos bajos y medios no sienten que dirigen sus propias estrategias para la PRP, el FIF se convertirá rápidamente en una distracción indeseada y onerosa.
Este resultado es aún más probable si hay poco dinero para ofrecer. Desafortunadamente, los compromisos para el FIF hasta el momento solo llegan a USD 1400 millones, aproximadamente un décimo del financiamiento anual necesario para la PRP según el Banco Mundial.
Peor aún, no hay garantías de que ese financiamiento vaya a continuar en el largo plazo, como lo demuestran las dificultades actuales del Fondo Mundial, la Coalición para las Innovaciones de Preparación para Epidemias y otras instituciones para mantener sus ingresos. El Acelerador de Acceso a Herramientas para la COVID-19 (ACT, por su sigla en inglés) —a cargo de COVAX, el mecanismo para garantizar el acceso a las vacunas— aún tiene un déficit de financiamiento de USD 15 200 millones para el año fiscal 2022-23. La tibia respuesta mundial ante la campaña del FIF para conseguir financiamiento inicial (que en gran medida parece haber sido canibalizada por otros fundos mundiales de salud importantes) no es un buen augurio para el futuro.
Además, incluso si obtener fondos de los países ricos cortoplacistas no fuese un problema, el FIF está diseñado para cubrir solo una pequeña parte de los fondos necesarios para la PRP a escala mundial. Una de las áreas principales de las que no se ocupa son los sistemas nacionales de salud, fundamentales para implementar respuestas eficaces contra las pandemias (pero incluso los sistemas de salud más avanzados sufren hoy dificultades para hacer frente a las secuelas de la COVID-19).
Por ejemplo, hay programas mundiales de vacunación de larga data que hoy tienen déficits, lo que aumenta la vulnerabilidad de millones de niños frente a las enfermedades infecciosas. Y a la COVID-19 se destinaron fondos que antes se dedicaban a prioridades de salud pública fundamentales como combatir el VIH y el sida, un desafío enorme por derecho propio que también aumenta la vulnerabilidad a la COVID-19 y otras enfermedades.
Para que el FIF tenga éxito en su campaña para la PRP, hace falta un enorme aumento del financiamiento de los sistemas de salud en los países con ingresos bajos y medios (que va mucho más allá de la meta relativamente escasa y estrecha de USD 1400 millones), y enfoques más integrales y creativos para ampliar las posibilidades fiscales de los países más pobres para invertir en salud. Barbados, por ejemplo, con el dinámico liderazgo de Mia Mottley, está por convertirse en el primer país en incluir una «cláusula sobre pandemias» en sus bonos soberanos, que le permite suspender los pagos de la deuda en caso de una pandemia. Esta innovación es similar a la cláusula sobre catástrofes naturales incluida en su reciente reestructuración de la deuda después de una serie de huracanes devastadores.
Dados los niveles actuales de deuda —nunca antes vistos y que aumentaron debido a la inflación, la inseguridad alimentaria y las catástrofes relacionadas con el clima— esas cláusulas son una necesidad obvia. Los países con ingresos bajos y medios debieran comenzar a adoptarlas de manera masiva.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional debe asumir el liderazgo en el desarrollo de un mecanismo de «intercambios de deuda por salud» para que los países no tengan que optar entre la compra de medicamentos esenciales y el pago a los fondos de cobertura estadounidenses y europeos. Y ya debiera haber quedado claro que el FMI debe abandonar sus programas de austeridad, arbitrarios y devastadores, que continuamente obligan a los países a recortar el gasto público y a mantener reservas incluso cuando enfrentan crisis climáticas, de salud y socioeconómicas extremadamente desestabilizadoras.
Un FIF con un liderazgo inclusivo y el financiamiento adecuado podría lograr avances fundamentales para preparar al mundo para la próxima pandemia, pero solo si lo acompañan reformas importantes al marco del financiamiento de las iniciativas para la salud mundial. Sin acceso a recursos más amplios e inmediatos y campañas de asistencia para estabilizar las economías de los países con ingresos bajos y medios, corremos el riesgo de que el FIF se convierta en un pequeño apósito para hacer frente a una herida de bala.
Mariana Mazzucato, Professor in the Economics of Innovation and Public Value at University College London, is Founding Director of the UCL Institute for Innovation and Public Purpose, Chair of the World Health Organization’s Council on the Economics of Health For All, and a co-chair of the Global Commission on the Economics of Water. She is the author of The Value of Everything: Making and Taking in the Global Economy (Penguin Books, 2019), The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths (Penguin Books, 2018), and, most recently, Mission Economy: A Moonshot Guide to Changing Capitalism (Penguin Books, 2022). Traducción al español por Ant-Translation.