Se cumplen esta semana diez años de la aprobación de la primera Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en apoyo de la mujer embarazada llevada a cabo en la Comunidad de Castilla y León. Dicha iniciativa recogió en un tiempo record más de cuarenta mil firmas cuando eran necesarias veinticinco mil. El entusiasmo en la recogida sorprendió incluso a los propios promotores, que esperaban el éxito de la iniciativa, pero tras una ardua campaña «boca a boca» y salvando graves dificultades logísticas. No fue así: el apoyo a la mujer embarazada suscitó desde el principio un entusiasmo tal, que incluso después de terminado el plazo siguieron recogiéndose apoyos. Pero no fue solo en Castilla y León. El Foro de la Familia lanzó similares iniciativas en todas las comunidades, con desigual resultado. Así, se consiguió reunir el número de firmas en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla la Mancha, Madrid, Valencia, Extremadura, Galicia, Murcia, La Rioja, Galicia y Navarra.
Dichas iniciativas se llevaron a los correspondientes parlamentos y se convirtieron el ley en Madrid (2011), Castilla y León (2008), Canarias (2010), Valencia (2009), Murcia (2009) y Galicia (2010). En las demás, las mayorías parlamentarias se opusieron a tales leyes y las mujeres embarazadas se quedaron sin el apoyo que habían pedido el número suficiente de ciudadanos para convertirse en ley.
Ahora, diez años después, parece un buen momento para realizar un análisis de la implantación y la evolución de dichas leyes. Pues bien, ninguna de ellas fue desarrollada como decía su articulado o fue desarrollada tan tímidamente que no merece la pena ni siquiera una mención somera. Los promotores de estas iniciativas confiaban en que una vez aprobadas se aplicaran con premura pues eran muchas las necesidades que día a día estaban siendo cubiertas por altruistas sin recursos mediante el esfuerzo heroico que siempre ha caracterizado a nuestro voluntariado. Pero no fue posible; buenas palabras, compromisos imprecisos, teléfonos que no se cogían, cuestiones presupuestarias, cambios de gobierno, excusas de todo tipo … nada consiguió que se cumplieran las leyes que los mismos parlamentos habían aprobado.
Hoy nos encontramos con un panorama demográfico que, por más que ha sido anunciado y denunciado, no se ha terminado de introducir en los primeros puestos de las apretadas agendas de nuestros gobernantes. Las leyes de apoyo a la mujer embarazada podrían haber sido un paso en la buena dirección, pero la voluntad política iba por otro camino y las esperanzas de tantos electores se han visto defraudadas, una vez más.
Pero todavía estamos a tiempo. Entramos en año de elecciones autonómicas y municipales, que son las administraciones más concernidas en las políticas familiares. Parece un buen momento para demandar el desarrollo de leyes que se encuentran en cajones a la espera de no se sabe bien qué conjunción astral. En estos diez años ha habido recursos para toda clase de políticas sociales que no han sido demandadas siquiera por la décima parte de lo que fueron las ILPs. Con un panorama de cambios en las configuraciones parlamentarias, los partidos que se decanten inequívocamente por políticas familiares realistas y comprometidas, sin dilaciones, promesas de dudoso cumplimiento o buenas palabras, tendrán una ventaja competitiva sobre el resto, en los que han primado las cuestiones ideológicas sobre el bien de la sociedad, en este caso particular caracterizado por las mujeres embarazadas sin recursos y con rechazos de su entorno más cercano.
Las políticas antinatalistas nos han llevado a un estado de envejecimiento social que, aún con un cambio radical, nos será difícil superar, pero es nuestra obligación seguir en la brecha y luchar por los que no tienen más voz que la nuestra. No les podemos defraudar y no vamos a hacerlo. Así, las asociaciones que trabajan en defensa de la familia seguirán promoviendo iniciativas para hacer una sociedad más humana con los niños y sus madres en dificultades, lo que redundará en un beneficio para todos, sin importar ideologías ni credos. La familia y la vida no tienen ideologías y se abrirán paso a pesar de los obstáculos que hoy se les pone delante.
Ignacio García-Juliá es presidente del Foro de la Familia.