Pocas de las políticas del gobierno de Donald Trump fueron tan universalmente despreciadas por los estadounidenses como la que instauró la separación de familias en la frontera. Sin embargo, a muchos estadounidenses les sorprendería saber que las imágenes desgarradoras de los niños que son arrancados de los brazos de sus padres están ocurriendo —muchas veces de manera invisible— dentro de Estados Unidos. Esta práctica, sin embargo, es una grave amenaza para millones de niños estadounidenses y sus familias.
Durante su campaña, en los meses previos a las elecciones de 2016, Donald Trump prometió deportar a los 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Para 2017, su gobierno dio a conocer una agenda migratoria agresiva que contemplaba a todos los inmigrantes, sin importar si habían tenido o no alguna sentencia condenatoria penal. Así que durante los primeros catorce meses de su mandato, se dispararon las aprehensiones de inmigrantes que no tenían antecedentes penales.
Un nuevo informe de Unidos US reveló que para los casi seis millones de niños estadounidenses menores de 18 años que viven en una casa con residentes indocumentados, en su mayoría padres de familia, el riesgo de que los separen de uno o ambos padres ha aumentado exponencialmente durante el gobierno de Trump. Las consecuencias para los niños que se quedan pueden ser devastadoras: causarán daños permanentes e irreparables que se desarrollarán durante los próximos años.
La deportación, e incluso el arresto o la detención, de un padre u otro familiar que viva con ellos puede tener un impacto financiero duradero en los miembros de la familia que dejan atrás. Según algunos cálculos, la ausencia del sostén económico del hogar reduce los ingresos de este un 47 por ciento y puede derivar en mudanzas frecuentes o la pérdida de la vivienda. Incluso, por las inevitables cuotas legales de los procesos de deportación, con frecuencia las familias están aún más limitadas financieramente.
El daño ocasionado a estos niños que son ciudadanos estadounidenses no es solo un daño colateral de las políticas migratorias de Estados Unidos. En algunos casos, el gobierno está optando por perseguir a las familias con una situación migratoria mixta: aquellas conformadas por ciudadanos estadounidenses, inmigrantes legales y miembros indocumentados. El anuncio reciente de que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano va a restringir los subsidios a las viviendas de todas las familias que tengan miembros indocumentados podría provocar que 25.000 familias y sus hijos estadounidenses se queden sin hogar.
El sentido común nos dice —y la investigación lo confirma— que los hogares y los entornos estables son factores esenciales para asegurar un buen rendimiento escolar. De acuerdo con el 68 por ciento de los educadores encuestados para un estudio de 2018 de la Universidad de California en Los Ángeles, el control migratorio agresivo ha generado un aumento en el ausentismo entre los estudiantes latinos, pues muchos de ellos temen que alguno de sus padres sea detenido mientras están en la escuela. Ya que el ausentismo está directamente relacionado con las tasas de deserción escolar a nivel de bachillerato, este comportamiento no solo afecta las calificaciones académicas, sino que también reduce las oportunidades de empleo para los estudiantes en el futuro y conduce a salarios más bajos en la edad adulta.
Los profesores también han alzado la voz para alertar de que los niños amenazados por la separación de familias están mostrando señales de trauma, o lo que los profesionales médicos llaman “estrés tóxico”. Si se prolonga, el estrés tóxico puede obstaculizar el desarrollo cerebral, dañar órganos vitales y producir una variedad de trastornos mentales y físicos.
Y la situación podría empeorar. El intento del gobierno de Trump para acabar con los programas de Estatus de Protección Temporal (TPS) y de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) cambiaría el estatus de un millón de personas de “documentado” a “indocumentado”. En términos económicos, esto podría significar la pérdida de casi 400.000 millones de dólares del PIB a lo largo de diez años.
A pesar de que un tribunal bloqueó la iniciativa, el medio millón de hijos estadounidenses de beneficiarios de los programas DACA y TPS ya pasan noches en vela preguntándose si la próxima carta que llegue en el correo, la próxima llamada telefónica o el próximo golpe en la puerta será el que destruya a su familia. Ellos, junto con millones de otros niños que temen que se lleven a uno de sus padres durante una redada en su lugar de trabajo o las que solían ser entrevistas de seguimiento rutinarias del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, se están llevando la peor parte de las políticas migratorias del presidente Trump.
Mientras arropas a tus hijos para que duerman por la noche o empacas sus almuerzos por la mañana, piensa en el efecto que estas políticas tendrán no solo en los hijos de los padres indocumentados, sino en todo el país. El trauma que estamos causando está deteriorando el núcleo de lo que hace grandioso a este país: la familia estadounidense.
El presidente y sus partidarios suelen movilizarse en torno al lema “Estados Unidos primero”. Sin embargo, estas políticas cortas de miras podrían perjudicar a toda una generación de niños estadounidenses.
Janet Murguía es presidenta de Unidos US, antes conocida como el Consejo Nacional de La Raza (NCLR), una organización latina de defensa de los derechos civiles.