Desde un punto de vista social y, obviamente, personal, no hay ninguna duda de las ventajas inherentes al sistema de reunificación del inmigrante con sus familias en el país de destino. La protección a la familia y los derechos de la infancia son normas universalmente aceptadas en todas las democracias occidentales. De hecho, todos consideraríamos profundamente injusto y moralmente condenable cualquier política migratoria (como la de Japón o Arabia Saudí, por ejemplo) que impidiera al inmigrante traer a su familia a España, una vez que está legalmente asentado.
Los emigrantes españoles de los años sesenta en Europa saben mucho de las penalidades para conseguir reunificar a su familia y del tremendo desarraigo, tristeza, sacrificio y soledad que se vive cuando uno deja a su familia atrás. Es por ello que todas las políticas migratorias de la Unión Europea reconocen la entrada y residencia legal de los familiares de los inmigrantes, ascendientes y descendientes directos.
No resulta, por tanto, tan sorprendente el hecho de que en los últimos tres años en torno a un 30% de las llegadas de inmigrantes a España haya consistido precisamente en las familias de los trabajadores extranjeros. Estamos aún muy lejos del 60% de inmigrantes que, por esa vía, llegan anualmente a los Estados Unidos (porcentaje que se eleva al 95 % para algunas nacionalidades como los mexicanos).
De los tres canales por los que los ciudadanos no comunitarios pueden entrar legalmente en Europa, la reunificación familiar es el mayoritario en casi todos los países seguido de los solicitantes de asilo y refugiados y, en último lugar, los llamados "inmigrantes económicos", aquellos cuya entrada se vincula a un contrato de trabajo previo o a la petición de mano de obra para cubrir la demanda en determinados sectores.
Sin embargo, la política de reunificación familiar no es en absoluto un mecanismo neutro y genera toda una serie de efectos que, dado el optimismo con que nuestras autoridades comentan los últimos datos, conviene tener presentes. Mencionaré solamente algunos, bastante obvios por otra parte. La reunificación familiar aumenta el número de extranjeros residentes de manera automática y en mucha mayor cuantía que si sólo se permitiese la entrada de trabajadores sin sus familias. Los especialistas llaman a este fenómeno el multiplicador de la inmigración y dadas las últimas regularizaciones de inmigrantes (y las que vendrán) es previsible que nuestra población inmigrante se multiplique por esa vía muy rápidamente.
El "premio" de tener papeles para el inmigrante ilegal es verdaderamente gordo. La llegada de familiares de inmigrantes no sólo afecta al flujo migratorio: modifica radicalmente la composición del stock de inmigrantes residentes. Tiende a crecer el número de mujeres y niños; estos últimos son población dependiente por lo que, a corto plazo, no entran en el mercado laboral. Que en los próximos años aumente relativamente rápido el número de inmigrantes menores de 16 años (límite de la escolarización obligatoria en nuestro país) tiene consecuencias muy diferentes para la sociedad española que si la mayoría de las llegadas futuras son de inmigrantes en edad de trabajar. Las familias reunificadas, además, aumentan las necesidades de vivienda de los inmigrantes y la demanda de todo tipo de servicios sociales lo cual vuelve a plantear la cuestión de si, en el futuro, la aportación de los inmigrantes a las arcas del Estado de bienestar compensará el aumento previsible de beneficiarios. Además, muchas de estas familias presentarán sin duda problemas especiales de arraigo y adaptación, especialmente los niños y jóvenes que han sido migrantes dependientes de la decisión de sus padres.
El previsible aumento de inmigrantes vía reunificación familiar genera además una consecuencia que choca frontalmente con toda la retórica oficial de lucha contra la inmigración ilegal: la política de reunificación familiar tiende a aumentar el número de ilegales. Tarde o temprano (más bien temprano) aquellos familiares que puedan trabajar para completar los ingresos familiares lo harán y serán entonces trabajadores ilegales. Aunque su residencia es legal no están autorizados a trabajar, pues carecen de permiso de trabajo. El escenario es perfectamente previsible si tenemos en cuenta que la mayor parte de las familias de inmigrantes se encuentran en el momento de mayor gasto dentro del ciclo de vida de la familia (padres jóvenes e hijos pequeños) y es entonces cuando un segundo ingreso resulta crucial. La paradoja a la que nos enfrentamos es, pues, la siguiente: la Administración dedicará recursos crecientes a impedir la llegada de inmigrantes ilegales, pero será incapaz de controlar el empleo ilegal de los inmigrantes ya residentes.
El constante discurso oficial de ajustar la oferta de trabajadores extranjeros a las necesidades reales de mano de obra de la economía española también resulta empañado por la nueva realidad. Por definición, no hay criterios económicos en la política de reunificación familiar. Aunque los estudios para otros países muestren que en el largo plazo estos inmigrantes se adaptan al mercado de trabajo receptor con un éxito similar al de los "inmigrantes económicos" (medido por el nivel de ingresos y tipo de empleo) es el camino intermedio y no el resultado final para el que se deberían articular nuevas estrategias. Efectivamente, parece que comienza una segunda fase de la inmigración en España. La duda es si estamos preparados para ese nuevo escenario que es, sin duda, mucho más complejo.
Blanca Sánchez Alonso, profesora de Historia Económica en la Universidad San Pablo-Ceu.