La compleja realidad recién vivida en España ha evidenciado la necesidad de abordar reformas estructurales de calado. Acometida la reforma laboral, de pensiones, de Administraciones públicas, bancaria y financiera, la reforma tributaria debe enlazar con la otra gran pendiente: la de la financiación de las Administraciones públicas, y, en particular, las territoriales con especial mención a la financiación autonómica.
Se estudia qué nivel administrativo debe prestar los servicios públicos para eliminar duplicidades, cómo prestarlos... Pero carece de sentido centrarse en la competencia y en la oferta o provisión de los mismos si no abordamos los instrumentos para su financiación, es decir, la financiación de las Administraciones públicas territoriales, ligándola a la reforma tributaria mediante el correspondiente reparto de hechos imponibles.
El actual sistema de financiación autonómica no permite que la prestación de los servicios públicos fundamentales, con independencia de la comunidad autónoma de residencia, se ofrezca de forma igualitaria, contradiciendo los principios constitucionales de justicia, igualdad y solidaridad interterritorial. Muy al contrario, provoca que algunas autonomías sufran enormes dificultades para desplegar las competencias constitucional y estatutariamente transferidas o asignadas.
Un hándicap achacable al diseño de los sistemas de financiación basados en el principio de coste efectivo al transferirse las competencias, independientemente del año de asunción de las mismas, y del mantenimiento del statu quo inicial, que provoca diferencias injustificadas, perpetuadas en el tiempo y acentuadas en la última revisión de 2009. Y no es la opinión personal del consejero de Hacienda de una de las autonomías más perjudicadas por el sistema, como es la Comunitat Valenciana, sino un hecho objetivo, contrastable con datos rigurosos y constatado por investigadores, catedráticos universitarios y científicos como Ángel de la Fuente a través de la Fundación BBVA Research, Standard & Poors o el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, a los que sumar el riguroso documento realizado por un grupo de expertos economistas, recién presentado en las Cortes Valencianas, para mostrar los efectos del actual sistema sobre cada autonomía. Grupo que emana de los legítimos representantes de los valencianos, cuyo informe constata la abismal desigualdad entre comunidades autónomas y que el caso de la Comunidad Valenciana es particularmente sangrante.
Tras analizar la distribución de los fondos que llegan a las arcas públicas, y a la vista de las liquidaciones de 2011 (última realizada) y la evolución de las entregas a cuenta de 2012 a 2014, los expertos evidencian la reiterada infrafinanciación valenciana. Las cifras muestran que cada valenciano recibe 204 euros menos per capita de media que los demás españoles, lo que supone más de 1.000 millones menos anuales —somos más de 5 millones— y esto sucede de forma histórica y sistemática. Es inevitable comparar con otras comunidades de régimen común: en algunas reciben hasta 850 euros más por cada, prueba objetiva de la discriminación que sufrimos. Con este importe hubiésemos tenido superávit en 2012. Y ello amén del tratamiento singular de los territorios forales.
Los servicios que prestan las comunidades autónomas van dirigidos a las personas. Los servicios sanitarios, educativos y de protección social tienen un componente rígido. A un valenciano le cuesta igual una estancia hospitalaria, un colegio o la atención de sus dependientes que al ciudadano de cualquier otra autonomía. Esta asimetría en lo que recibimos unos y otros se concreta en los valencianos hemos dejado de percibir cerca de 11.000 millones de euros en los últimos años según los expertos. Si sumamos los intereses financieros que esto supone, nuestra deuda actual se situaría 13.500 millones por debajo si tuviésemos la misma financiación.
Este injusto reparto es consecuencia directa del sistema de 2009, el nocivo statu quo, fórmulas farragosas y el diseño de fondos opacos, lejos de las necesidades de la España actual.
Para salir de este atolladero de agravios, desajustes y asimetrías, para evitar las tensiones territoriales existentes, debe contarse con la propuesta realista, lúcida, bien fundada técnica y solidariamente presentada por los expertos valencianos para diseñar un nuevo modelo de financiación autonómica, pues encaja en el ordenamiento jurídico actual y puede ser perfectamente aceptada por el Estado y las demás comunidades autónomas.
También ha de contarse con el informe del profesor Lagares sobre la reforma fiscal y tributaria y con el grupo integrado por los Premios Jaume I, que complementará a los anteriores. Honestamente, pienso que la Comunidad Valenciana tiene mucho que aportar al diseño de ese nuevo sistema de reparto, insto a abrir el debate y a que se consideren las propuestas que emanan de nuestra región.
Marcada la “cuestión técnica” por los expertos, de nosotros, políticos y gestores públicos, es la responsabilidad de hablar sin crispación en los foros y tiempos adecuados, que deben girar en torno al Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Ley de Reforma de la Financiación de las Administraciones Públicas.
Tengamos amplitud de miras para analizar con sensatez el reparto de los impuestos que pagamos, afrontar las competencias asignadas a las Administraciones territoriales, para que la redistribución de recursos se base en estrictos criterios de eficiencia y equidad, nunca en cuotas o presiones políticas. No puede ser que se presten determinados servicios con un mayor coste, en algunos casos, en las comunidades que cumplen con el déficit y que otras, que incumplimos con el déficit, lo estemos prestando de forma eficiente, porque entonces lo que es ineficiente es el sistema.
Dejemos atrás un sistema perverso, que en el caso valenciano nos ha llevado a una situación insostenible, obligándonos a recurrir al endeudamiento para cubrir gastos que deberíamos cubrir con las aportaciones del sistema. Si hubiéramos recibido igual que la media, nuestra deuda sería sustancialmente menor, no recibiríamos críticas y se dejaría de hablar de recortes.
Queda mucha Política, en mayúsculas, para consensuar un modelo de financiación que atienda a la premisa esencial de asegurar los servicios públicos fundamentales; ofrezca las mismas condiciones en todo el territorio español, con independencia del nivel de renta y establezca un reparto efectivo de los ingresos tributarios entre todos los niveles del Estado existentes.
Cambiar este modelo, cuanto antes mejor, rebajará las tensiones entre comunidades y Administraciones, mejorará la autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal.
Tenemos la oportunidad de diseñar un modelo equitativo, sencillo, transparente y convergente, que evite los desequilibrios de los ciclos económicos y las asimetrías permitiendo a las autonomías andar con firmeza y determinación en la línea de la consolidación fiscal y el equilibrio presupuestario. Renunciemos a intereses particulares y aprobemos con nota la asignatura pendiente de la financiación autonómica con un sistema sostenible y perdurable en el tiempo.
Juan Carlos Moragues es consejero de Hacienda de la Comunidad Valenciana.