La financiación como síntoma

Por Javier Zarzalejos (EL CORREO DIGITAL, 24/08/08):

Salvo que en la sede socialista de Ferraz se hayan empezado a distribuir argumentarios que incorporen bromas pesadas, los ‘barones’ del PSOE parecen haberse puesto de acuerdo para coordinar un ejercicio de cinismo político a propósito de la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica y de la posición de la Generalitat catalana en este asunto.

Abrió la serie de declaraciones el presidente de la Diputación General de Aragón, Marcelino Iglesias, advirtiendo de que Cataluña no puede pretender que haya dos acuerdos de financiación, uno de esa comunidad con el Estado y otro con todas las demás comunidades autónomas. Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José María Barreda, exhortaba a Cataluña a acostumbrarse a ser una comunidad como las otras. Finalmente, el último en pronunciarse era el presidente de la comunidad extremeña, Guillermo Fernández-Vara, denunciando que con el Estatuto de Cataluña se pretende una revisión del modelo de Estado al margen de los procedimientos constitucionales previstos.
Estos tardíos descubridores del Mediterráneo exhiben con sus declaraciones la torpeza, la doblez y el oportunismo que ha impulsado la revisión del marco territorial detonada por el nuevo Estatuto catalán sin otra razón objetiva que la satisfacción de los intereses partidistas de los socialistas. No sólo es que declaraciones idénticas a las de estos presidentes autonómicos del PSOE en boca de cualquier dirigente del PP habrían merecido la condena sumarísima a la marginación por ‘catalanofobia’, sino que este perezoso despertar al desaguisado territorial resulta más una maniobra táctica que un empeño decidido de corregir la debilitada articulación del Estado. Poco puede esperarse, más allá de estos fogonazos, de los que ahora quieren ponerse a la cabeza de la manifestación de la solidaridad y la igualdad después de avalar con mansa disciplina los experimentos de aprendiz de brujo de su jefe de filas. Y tanto es así que a la izquierda le está correspondiendo el dudoso honor de protagonizar el debate sobre los límites de la solidaridad, lo que, por cierto, no significa negar a Cataluña el pan y la sal de sus reivindicaciones ni dar por bueno el uso que en nombre de la solidaridad se hace del dinero público no para superar sino para instalar a cientos de miles de ciudadanos en la cultura de la subvención y de la lealtad electoral a los nuevos caciques.

No se extrañe Marcelino Iglesias -a quien recordamos riéndole a Maragall la gracia aquella de rehacer la Corona de Aragón- de que Cataluña exija bilateralidad. Eso es lo que dice su nuevo Estatuto si el Tribunal Constitucional no lo corrige. Bilateralidad, sí, y, además, no sólo como método de negociación sino como principio que define la posición política y competencial de la Comunidad Autónoma de Cataluña frente al Estado. Ya puede el presidente castellano-manchego hacer grandes protestas de igualdad entre comunidades autónomas cuando el salto estatutario protagonizado por su partido en Cataluña tenía por objetivo declarado consagrar la singularidad cualitativa del autogobierno catalán, más allá de la ampliación hasta límites rayanos con el soberanismo de su ‘quantum’ competencial. ¡Y qué decir de que ahora el presidente de Extremadura haga suyo el argumento fundamental de los recursos de inconstitucionalidad contra el Estatuto catalán del Partido Popular y del Defensor del Pueblo, y nos ilustre sobre la mutación constitucional -es decir, modificación de la Constitución al margen del procedimiento previsto para su reforma- que resulta de aquel texto! Una observación tanto más contradictoria con la posición socialista cuanto que mientras el dirigente extremeño denunciaba los efectos del Estatuto catalán, el secretario de organización de su partido, José Blanco, retaba al PP a retirar el recurso de inconstitucionalidad como prueba de autenticidad de su denominado giro al centro.

Con estos antecedentes, parece un afán imposible que el debate sobre la financiación autonómica se ajuste a exigencias de rigor y coherencia y que abra la oportunidad para una reflexión seria y madura sobre el papel del Estado y la articulación territorial del país. Lo probable es que el juego oscile entre la sorprendente matemática de Rodríguez Zapatero, según la cual todos van a ganar, y el aprovechamiento táctico que en el ejercicio legítimo de la oposición intentará el PP para demostrar la incompetencia del Gobierno para hacer frente a una crisis del modelo territorial que el propio Ejecutivo fue generando durante la pasada legislatura.
Hay, sin embargo, dos efectos secundarios de la crisis de la financiación que pueden vislumbrarse con especial interés. Por un lado, la negociación del nuevo modelo financiero, con las necesidades evidentes de apoyo parlamentario que manifiesta el Gobierno, puede acabar con este pretendido clima de distensión y consenso entre PP y PSOE sin que apenas haya llegado a producir resultados. Los apuros de Rodríguez Zapatero para librarse de la comparecencia extraordinaria ante el Congreso y el pacto ‘in extremis’ que hubo de tejer el PSOE con ICV para desactivar la iniciativa han devuelto al Gobierno a la realidad de su debilidad parlamentaria y la dependencia de los mismos socios de los que Rodríguez Zapatero se jactaba en la investidura de haberse emancipado. Proclamar que, con el acuerdo con ICV para evitar que Rodríguez Zapatero vaya al Congreso, el PSOE ha roto el frente nacionalista catalán no es más que una interpretación voluntarista. Rodríguez Zapatero vuelve a estar donde ha estado desde que llegó al poder. Pero para legitimar una nueva legislatura bajo dependencia nacionalista, la operación de reconstrucción del enemigo -huelga decir que es el PP- debe ponerse en marcha con rapidez desempolvando las viejas descalificaciones que habrán de remozarse para que produzcan el impacto deseado en una opinión pública que va consumiendo el amplísimo margen de benevolencia que ha tenido con Rodríguez Zapatero.

A largo plazo, más importante incluso que las maniobras tácticas de unos y otros en torno al problema de la financiación resultará comprobar el efecto que este debate tiene sobre los dos grandes partidos nacionales, sobre su estructura real de poder y su configuración como organizaciones políticas. En los principales federalismos (Estados Unidos, Alemania) los partidos de ámbito nacional actúan como estabilizadores del sistema y representan una fuerza de compensación de las presiones centrífugas que se dan en cualquier forma de Estado con un intenso reparto territorial del poder. Por el contrario en España, esas presiones centrífugas que se han intensificado en los últimos cuatro años parecen haberse trasladado a los principales partidos, en los que prende el convencimiento de que la mejor forma de gestionar el modelo de acuerdo con sus intereses electorales es mimetizarse con los elementos más particularistas de aquél al considerar que el camino que ha emprendido el modelo territorial español después del Estatuto catalán es irreversible. En el Partido Socialista, los estragos que ha causado la adopción en buena medida del discurso, la lógica y el lenguaje nacionalistas son palpables y probablemente se manifiesten con toda su gravedad cuando pase a la oposición. Ahora es el PP el que se somete a una prueba de equilibrio y coherencia como partido de ámbito nacional que ha proclamado su compromiso con un Estado viable y con los principios de solidaridad e igualdad que, a la vista está, se encuentran en entredicho.