Uno de los recientes estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas, conocidos como «barómetros» (abril de 2015), reconocía que nuestras Fuerzas Armadas se encuentran entre las instituciones más valoradas por los españoles, con una calificación de 5,51 puntos. Superadas, tan solo, por la Guardia Civil (6,02 puntos) y la Policía Nacional (5,95 puntos). El resto de las instituciones sobre las que se encuestaba no alcanzó el aprobado.
Este prestigio social de las Fuerzas Armadas obedece a múltiples razones, entre las que sin duda se encuentra la alta misión que tienen encomendada de garantizar la soberanía nacional, la integridad territorial de España y su orden constitucional. En definitiva, son garantes fundamentales de nuestra seguridad y libertad. Especialmente en estos tiempos tan inquietantes y convulsos.
Este prestigio de las Fuerzas Armadas también es consecuencia de su eficaz y esforzada labor desarrollada en todo tipo de situaciones de emergencia, así como en las importantes misiones internacionales que realizan, en las que han adquirido una excelente reputación entre nuestros aliados. Eso sí, a costa del altísimo precio que supone la vida de 170 soldados.
Como también son muy apreciados los ejércitos entre los ciudadanos por su imagen de unidad, por su irreprochable conducta democrática y, desde luego, por el culto que rinden a nuestros símbolos nacionales, que con frecuencia son vituperados gravemente sin recibir el amparo legal que merecen.
Semejante reconocimiento social constituye el mayor orgullo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no es producto de la casualidad, porque las instituciones son esencialmente las personas que las encarnan, y los ejércitos están integrados por hombres y mujeres, que solo consiguen ingresar en ellos tras unos rigurosos y muy exigentes procesos de selección. Posteriormente reciben, además, una formación no solo profesional, sino también académica y moral, de forma permanente. En tanto que la promoción interna está basada en criterios de mérito, capacidad e idoneidad para el ascenso a los empleos superiores y para el consiguiente acceso a los puestos de mayor responsabilidad.
Su formación académica también responde a la más exigente tradición de nuestra cultura militar, que, lamentablemente, tal vez no sea demasiado conocida. Así, por ejemplo, el Siglo de Oro hubiera sido menos dorado sin los soldados Cervantes, Calderón o el marinero Lope de Vega; el Siglo de la Ilustración no hubiera tenido tantas luces sin los Gazola, Sabatini o Aranda, o sin marinos como Jorge Juan o Ulloa; nuestras Cortes de Cádiz no hubieran podido hacer la revolución liberal sin sus decenas de diputados militares; la ingeniería, la industria y la tecnología españolas del siglo XIX y buena parte del XX prácticamente no hubieran existido sin militares; como tampoco la ciencia española de ese periodo puede valorarse sin el capitán médico y premio Nobel Ramón y Cajal.
A pesar de esta tradición cultural y científica, las Fuerzas Armadas no constituyen la sociedad perfecta, pero también es cierto que los militares no dejan nunca de ambicionar, cada día, que sea lo más perfecta posible.
En lo que se refiere a la formación militar, no solo los miembros de los llamados cuerpos facultativos son titulados superiores universitarios, pues hace tiempo que los estudios que realizaban los oficiales de las escalas superiores de oficiales procedentes de la Academia General Militar, de la Escuela Naval, de la Academia General del Aire, estaban equiparados a los de licenciado universitario. Lo que les permitía el acceso directo a las enseñanzas de doctorado. Al igual que los estudios que se realizaban en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil, cuerpo benemérito cuya altísima preparación en todas sus escalas no deja de sorprendernos cada día.
Sin embargo, desde hace algunos años se ha optado por integrar centros universitarios adscritos a universidades públicas en las referidas academias superiores militares, en las que se imparten distintos grados académicos de ingeniería. Enseñanzas que aspiran a tener doble utilidad, tanto en el ámbito profesional militar como en el civil. Y confío en que pronto se inicie también el camino de implantar los estudios de doctorado en el mayor número posible de disciplinas científicas, porque la enseñanza universitaria exige siempre la formación investigadora de su profesorado.
De hecho, recientemente he sido testigo de la obtención del doctorado cum laude por varios oficiales de nuestros Ejércitos y de la Guardia Civil. Como también he sido testigo en el Consejo de Universidades españolas del aprecio y respeto que se han ganado estos centros. Algo poco imaginable no hace demasiado tiempo.
En este sentido, también son dignas de reconocimiento las labores que desarrollan el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED o el Centro Universitario de la Defensa del Hospital Gómez Ulla, en el que funciona con éxito notable uno de los modelos académicos más originales de todo el mundo para la formación del personal sanitario militar.
En definitiva, es muy posible que buena parte de lo mejor de la juventud española se esté formando en estos momentos en nuestras academias militares, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, lo que constituye todo un reto y una gran responsabilidad para estos centros de enseñanza y para su profesorado.
Por todo ello, no puede menos que ocasionarme una gran perplejidad el hecho de que la alcaldesa de Barcelona amenazara hace poco a unos dignos representantes de las Fuerzas Armadas con impedirles el acceso a una feria pública sobre enseñanza y formación. Conducta reprochable no solo por lo que pueda tener de ilegal, sino también por la falta de respeto y la ignorancia que acredita.
Sin duda, otra de las importantes reformas que debemos emprender en el futuro es conseguir que los responsables políticos de la gestión de las administraciones públicas tengan, al menos, un currículo académico y una formación intelectual y moral como los que se les exigen a nuestros militares, guardias civiles y policías. Estoy convencido de que entonces la sociedad española también sabría reconocer a los políticos en los «barómetros» del CIS.
Juan Carlos Domínguez Nafría, Teniente Coronel Interventor (R). Numerario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y rector honorario de la Universidad CEU San Pablo.