En muchos de los regímenes parlamentarios actuales, el poder ejecutivo –el Gobierno– refleja la mayoría conseguida en el parlamento, por lo que el control de la actividad de éste –que solo se realiza por el poder judicial en los casos de infracción de la legalidad– acaba siendo más formal que real. Y cuando dicha mayoría es fruto de componendas obtenidas por medio de la cohesión prestada por la argamasa del oportunismo, derivado de coyunturales conveniencias ideológicas, ocurre que la alargada e inquietante sombra de Frankenstein proyecta su peligroso manto sobre la formación de la ciudadanía.
En el momento que esto escribo, el nuevo sesgo de la derecha parece discurrir, instado por el presidente del Gobierno, a buscar consensos en aquellos asuntos, considerados «de Estado», que merecen verdaderos pactos, estimados como imprescindibles, por los peligros económicos, sociales, sanitarios, ect., que actualmente asfixian a nuestra sociedad. Y, objetivamente, esta especie de solidaridad política es oportuna y necesaria. Por otro lado, muchos periódicos hablan de que las distintas formaciones políticas deben bajar más a la arena para resolver los problemas concretos que, de verdad, preocupan a los ciudadanos, apeándose de genéricas formulaciones, frases hechas y manidos latiguillos, sin entrar a concretar medidas políticas y jurídicas que solventen eficazmente dichos problemas. Pero como ha dicho en un reciente libro –Introducción a la Ética Política– el profesor Rodríguez Luño, hay cuestiones previas que resultan indispensables para enfocar adecuadamente esos problemas y darles una solución equilibrada. Como es lógico, ni puedo, ni debo, en el espacio reducido de este artículo, referirme a la totalidad de esas cuestiones previas. Como anuncio en el título del mismo, solo voy a decir algo en relación con las anunciadas reformas relativas a la enseñanza. Y, necesariamente relacionado con el citado tema formativo, la buena y completa información acerca de nuestro pasado y del difícil presente en el contexto nacional e internacional.
Si la libertad es un principio ético-político esencial en el moderno sistema constitucional que, a grandes rasgos, sucedió a la etapa absolutista, la verdadera libertad solo es posible si se dispone de todos los datos que suministran una buena formación e información. Como bien destaca Rodríguez Luño, la Constitución escrita y el control judicial de la constitucionalidad de las leyes ordinarias son, entre otros, elementos que garantizan la libertad pero, a veces, «se tiene la tentación de pensar que la arquitectura constitucional de algunos países más que estar en función de garantizar la libertad, responde a la lógica de que 'quién gana las elecciones se queda con todo'». O aunque no las gane, consigue instrumentar una suma de votos suficientes para alcanzar el poder.
La libertad se puede poner en peligro por dos medios indirectos. Uno de ellos consiste en la profusa utilización de normas emanadas del ejecutivo –los decretos– que aunque incidan sobre materias más propias de las leyes ordinarias, son sustraídas al control judicial de la constitucionalidad. El otro es trocear materias que deberían formar parte de un pacto educativo, por atañer a un punto tan esencial como la formación, de tal manera que, amputando partes de la historia de España, o informando solo de una parte de la memoria histórica, se incurra en un verdadero adoctrinamiento por la vía de una información parcial. La parcialidad es una de las herramientas del absolutismo. La historia y la llamada «memoria histórica» no puede ser objeto de poda alguna, so pena de incurrir en la desinformación y la deformación de la realidad. Y precisamente los adolescentes, o los indigentes de la cultura (también puede producirse una indigencia en el saber), son los que requieren una más cuidada tutela de esa parte de la libertad por parte del Estado (parafraseando a Häberle).
No se le ocultará a nadie que los peligros expresados, más temibles por lo subrepticios, tienen una importancia fundamental para el futuro de España. Y aunque los difíciles momentos que vivimos y viviremos aconsejen alcanzar pactos de Estado y acometer concretas medidas para solventar los arduos problemas de la mayoría de la ciudadanía, precisamente los más débiles, no deben olvidarse esas cuestiones previas, esas premisas que, aunque puedan arreglarse con las correcciones derivadas de la alternancia en el poder, son tan trascendentales y profundas que proyecten sus devastadores efectos de tal forma que finalmente incluso las impidan poniendo en peligro así los logros de la verdadera democracia.
Federico Romero Hernández fue secretario general del Ayuntamiento de Málaga y profesor titular de Derecho Administrativo