La fórmula holandesa

¿Qué es lo más importante que ha ocurrido en España en los últimos años? Para mí, la ruptura del bipartidismo imperfecto que ha gobernado la vida política española en las últimas tres décadas y media. Ese bipartidismo estuvo vigente en todos los niveles de gobierno, tanto en el nacional, como en el autonómico y en el local.

Esa quiebra se venía apreciando desde hace años en las encuestas de opinión. En concreto, desde que en el 2010 surgió el malestar social con las políticas económicas de austeridad. Al cargar la factura de la crisis de la deuda sobre las espaldas de la población más débil, los recortes de gastos sociales y el aumento de impuestos provocaron un fuerte y amplio sentimiento de injusticia y de indignación con las políticas aplicadas por los partidos tradicionales.

Cuando llegaron las primeras elecciones posteriores a esas políticas, los votantes trasladaron ese sentimiento de injusticia a la vida política, apoyando a los nuevos partidos y quebrando el bipartidismo. Primero fueron las elecciones europeas; después, las municipales y las autonómicas. Y, con toda probabilidad, ocurrirá lo mismo en las elecciones catalanas del 27 de septiembre y en las generales del otoño venidero.

Esta ruptura del bipartidismo político es equivalente a lo que sucede cuando se liberaliza un mercado de bienes o servicios. Piensen, por ejemplo, en lo ocurrido con la liberalización de las telecomunicaciones. Entran en el mercado nuevos proveedores aprovechando las preferencias insatisfechas de muchos consumidores. Pasado un tiempo, la estructura del mercado acostumbra a quedar formada por los dos antiguos duopolistas, pero con una cuota menor, y dos nuevos entrantes que se han consolidado con una cuota relativamente elevada. Probablemente esto es lo que ocurrirá también en el mercado político español.

¿Cuáles son los beneficios y los riesgos de esta apertura del mercado político?

Los beneficios políticos comienzan a verse. La ruptura del bipartidismo ha permitido al sistema electoral recoger mejor las preferencias de los votantes. Probablemente, los procesos decisionales harán que las políticas también respondan mejor a esas preferencias. Si es así, veremos una mejora de la democracia y de la calidad de las políticas públicas. Hay otros beneficios del nuevo sistema multipartidista. ¿Se han fijado en que desde que el malestar social ha encontrado voz política han desaparecido las manifestaciones y concentraciones de nuestras calles y plazas?

Pero también hay riesgos. Vienen del temor a que las coaliciones de partidos que a partir de ahora serán necesarias para formar mayorías acaben provocando inestabilidad de gobierno, dañen la seguridad jurídica y desequilibren las cuentas públicas.

El temor al desequilibrio financiero tiene fundamentos racionales. En la medida en que las negociaciones para formar una coalición hagan que los presupuestos públicos sumen las propuestas de los distintos grupos sin límite de gasto, el déficit de las cuentas públicas y el endeudamiento están asegurados. Aunque no hay que olvidar que esos desequilibrios se han producido también con gobiernos de mayoría absoluta. ¿Cómo conciliar los beneficios de una mejor democracia a la hora de recoger las preferencias de los ciudadanos con los riesgos de la inestabilidad política y del desequilibrio de las cuentas públicas que las coaliciones de partidos podrían traer consigo? Hay dos posibles soluciones. La primera, es modificar la ley electoral para exigir un mínimo relativamente elevado de votos para obtener concejales y diputados. Y dar una prima de escaños a la lista más votada. O también introducir el mecanismo de una segunda vuelta. Estas fórmulas funcionan en muchos países de larga tradición democrática. El problema es que, en nuestro caso, con esta fórmula se volvería a cercenar la capacidad del sistema electoral para recoger las preferencias sociales.

La segunda solución es la fórmula holandesa. Desde las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, Holanda ha sido el país europeo con mayor número de partidos políticos. Eso les ha obligado a desarrollar una cultura de coalición y consenso. Pero a la vez han creado una serie de mecanismos e instituciones independientes de control presupuestario que obligan a los partidos que forman coalición a respetar el equilibrio financiero.

España acaba de crear una institución de este tipo. Es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Fue una de las condiciones que introdujeron las autoridades europeas y el FMI en el paquete de medidas para avalar el rescate bancario. Está en sus inicios. Pero su funcionamiento es alentador. Entre sus responsabilidades está evaluar las proyecciones presupuestarias de los gobiernos –central, autonómico y local– forzándoles, mediante el diálogo institucional y la información publica, al mantenimiento de la estabilidad financiera. Instituciones de este tipo pueden lograr conciliar una mejor democracia con la gobernabilidad y el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria.

El tiempo dirá cuál de las dos fórmulas que acaba imponiéndose en España.

Antón Costas, catedrático de Economía de la Universitat de Barcelona.

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