La frase de Montilla

“Política es pedagogía” quizás es la frase más constantemente repetida por los dirigentes del PSC en sus discursos y documentos. Se trata de una versión del título del libro Política vol dir pedagogia escrito por Rafael Campalans, un socialista y nacionalista catalán muerto de forma accidental y prematura en 1933. “Política es pedagogía” es una frase realmente hermosa, demasiado para que sea cierta: la política de hoy no suele corresponderse con ella.

La pedagogía es la ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza, el pedagogo es la persona que se encarga de educar mediante la doctrina y el ejemplo. ¡Qué bonito sería que los políticos practicasen la pedagogía! Esto significaría que explicasen con claridad los principales problemas que, a su parecer, se plantean en nuestra sociedad, enumeraran las distintas opciones para resolverlos y, al final, expusieran los motivos en los que fundamentan sus decisiones políticas. Lo más frecuente, sin embargo, es que no hagan pedagogía sino, por desgracia, simple politiqueo: se explican con superficialidad y ligereza, actúan mediante intrigas y de forma opaca. Basta leer cualquier periódico para comprobarlo. La frase de Campalans se invoca cuando conviene, después se olvida. Es de usar y tirar.

Estas consideraciones vienen a cuento tras la lectura de una respuesta del presidente Montilla en una entrevista publicada por el diario El País del pasado domingo:

“El Estatuto es constitucional, pero además de una ley orgánica es un pacto político. Y los pactos políticos no los pueden tumbar los tribunales”. La pedagogía, la buena pedagogía, debe estar fundada en la verdad, no en el error y el engaño. Si sucede esto último, la pedagogía se convierte en manipulación.

La frase de Montilla, como puede comprobarse, contiene opiniones e informaciones. Las primeras son libres, las segundas deben atenerse a la verdad. Que el Estatut se ajusta a la Constitución es una opinión discutible pero respetable: al fin y al cabo no puede decir otra cosa quien lo ha votado afirmativamente. Que el Estatut es una ley orgánica es una información verdadera, matizable pero verdadera en lo sustancial, ya que así puede deducirse del artículo 81.1 de la Constitución. Pero, a continuación, Montilla pone en relación dos afirmaciones que ya no son ciertas: el Estatut es un pacto político y, como tal pacto, no lo pueden “tumbar” los tribunales. Esto no es pedagogía, en el sentido de Campalans, es mala pedagogía porque conduce a la confusión y al engaño.

Veamos las razones de todo ello. De las palabras de Montilla se deduce que el Tribunal Constitucional no tiene legitimidad para declarar inconstitucional ningún precepto del Estatut. Motivo: el Estatut es un pacto político. Tal razonamiento no tiene fundamento alguno, ni jurídico ni democrático, si es que ambos pueden distinguirse. En efecto, el Estatut es una ley y, como toda ley, es el producto de pactos políticos y transacciones diversas. Pero que sea producto de pactos entre partidos no le quita su valor único de ley, sometida, como toda ley, a la Constitución, la norma suprema.

En nuestro sistema político, señor Montilla, usted lo sabe bien, las leyes que no se ajustan a la Constitución, si se interponen los oportunos recursos, pueden ser declaradas inconstitucionales por el tribunal competente que no es otro que el Tribunal Constitucional. Por ello, nuestra democracia es una democracia constitucional: aquella en la cual incluso el legislador – sea el que sea-está sometido a la Constitución, de la que es guardián último dicho tribunal. Por tanto, utilizando su expresivo tono coloquial, no cabe duda de que este tribunal puede “tumbar el Estatut”, es decir, algunos de sus preceptos, como puede “tumbar” también cualquier otra ley – cosa que hace, en efecto-que considere no adecuada a la Constitución. Es más, se trata de su estricta obligación, esta función es su razón de ser. Y lo puede hacer declarando nulo un precepto o interpretando restringidamente su significado.

Poner en duda tan elementales nociones es desbordar el campo de la democracia y del Estado de derecho, transmitir a la opinión pública una información errónea a sabiendas, que no es propia de quien desempeña un cargo público, más aún un cargo de tan alto significado como el de presidente de la Generalitat. En definitiva, no es hacer pedagogía, sino todo lo contrario.

Pero la mala pedagogía no acaba ahí. También hay otra consecuencia de esta frase que incumple las funciones de un cargo público. Como es sabido, un elemento esencial de un Estado de derecho es la división de poderes. De ahí deriva que los jueces y tribunales son independientes del poder ejecutivo y este no debe coaccionar a aquellos. De la frase y de su contexto – se refiere, de nuevo, Montilla a la presunta desafección de Catalunya-se deduce que hay voluntad, una vez más, de presionar al tribunal. Mucho se critica a este Tribunal Constitucional y a sus componentes. Pero todavía más habría que criticar a quienes, con absoluto descaro y con impunidad, intentan deslegitimarlo para obtener una sentencia favorable a sus intereses partidistas, hecho especialmente grave cuando estas críticas provienen de cargos del ejecutivo.

Montilla, mediante su frase intimidatoria, que no es la primera vez que la pronuncia, no hace pedagogía. Cuando menos, habría que pedirle que no volviera a invocar, en vano, al bueno de Campalans, mientras practica lo contrario de lo que este dijo.

Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.