La frívola acusación de prevaricar

Incluso los que no son juristas saben que un funcionario prevarica cuando dicta una resolución siendo consciente de su injusticia. Si ese funcionario es un juez, una conducta como esta adquiere especial gravedad. Se pone en evidencia la flagrante arbitrariedad de quien debe impartir justicia.

La sentencia del caso Nóos, también conocido como el caso Urdangarin, y todo su universo está en boca de todos. Al opinar sobre este asunto judicial y sobre la sentencia que se ha dictado hace pocos días, afamados columnistas y tertulianos de todo origen y condición no han tenido ningún rubor ni problema moral en salir a degüello y afirmar rotundamente que las tres juezas de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca que han absuelto a la infanta Cristina de Borbón lo han hecho, no por estrictos criterios jurídicos sino por ser hermana del Rey. Esos sabios creadores de opinión, no han tenido reparo alguno en asegurar, a diestro y siniestro, que las magistradas Martín, Romero y Moya, profesionales de carrera que conforman un Tribunal ordinario no designado a dedo por ningún político conspirador ni por ningún poder fáctico desconocido, han prevaricado. Y hacen esa calumniosa afirmación sin aportar ninguna prueba quedándose tan anchos y encantados de su magnífica ocurrencia.

Sucede, sin embargo, que esos atrevidos opinadores deberían saber que acusar de prevaricar a un juez (o a tres en este caso), es decir, acusarlos de dictar, con conocimiento y voluntad, una sentencia injusta es algo gravísimo y delictivo. Y lo es precisamente porque prevaricar es el peor delito que puede cometer un juez. Y un Estado que tolerara la corrupción de sus jueces y aceptara que se dicten, premeditadamente, sentencias injustas no sería nunca un Estado democrático.

Por lo tanto, todos estos articulistas o tertulianos que van sentando cátedra afirmando frívolamente que el tribunal de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca ha absuelto a la ciudadana Cristina de Borbón por ser quien es y no por lo que ha hecho o dejado de hacer, están cuestionando mucho más que una sentencia. Están cuestionado y poniendo en tela de juicio, nunca mejor dicho, ni más ni menos que los pilares mismos de la democracia.

Y como, por suerte, estamos todos amparados por esos mismos pilares democráticos, debemos aplaudir la decisión del Tribunal que, entendiendo que no hay riesgo de fuga, ha acordado que el señor Urdangarin no debe ingresar en prisión hasta que la sentencia que le condena sea firme. Una decisión justa que en múltiples ocasiones, sin ser mis clientes sospechosos de recibir ningún trato de favor y habiendo sido también condenados a entrar en prisión aunque sin sentencia firme (como en el caso que nos ocupa) igualmente a ellos se les ha aplicado la misma medida dentro del más estricto marco de la legalidad.

Mañana, estemos en Palma de Mallorca, en Zamora o en Barcelona, como llevo haciendo hace ya más de 30 años, explicaré a mis clientes que el problema que tienen y les preocupa —sea el que sea— y que se tendrá que discutir en un tribunal de justicia, se resolverá con criterios exclusivamente objetivos. Sólo con la ley en la mano y con escrupuloso respeto al principio de igualdad. Nunca les diré que quizás no. Que quizás su problema, tal vez su libertad, será una cuestión que no se resolverá con estricta e imparcial justicia porque quien sabe si al tribunal se le ocurrirá prevaricar. Y si yo no pensara que en este país tenemos unos jueces que juzgan solamente con criterios profesionales y según su conciencia y, por el contrario creyera que, en ocasiones, y dependiendo de quien se sienta en el banquillo, esos jueces deciden prevaricar, les aseguro que, por dignidad, hoy mismo, colgaría la toga .

Debemos ser muy claros. Si alguien no cree de verdad que en España tenemos unos tribunales imparciales que juzgan solo por lo que se prueba o no en un juicio, esa legión de incrédulos deberían salir sin demora a la calle, levantar las barricadas y reclamar la revolución pendiente. Un Estado con jueces que prevaricaran seria un Estado sin justicia y por lo tanto y por definición no podría ser jamás un Estado social, democrático y de derecho.

Permítanme que les diga, finalmente, que frivolizar con esto, desde el altavoz privilegiado que ofrece una tribuna pública de opinión, me parece, como mínimo, una temeridad además de una insensatez.

Carles Monguilod Agustí es abogado penalista.

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