Por José Antonio Martín Pallín, Magistrado del Tribunal Supremo (EL PERIODICO, 31/01/05):
La cultura de la democracia se ha consolidado como el único valor que puede propiciar una cierta estabilidad política y un reconocimiento, muchas veces formal, pero siempre disponible y reivindicativo de derechos igualitarios. La esencia y valor de la democracia, como decía Kelsen, consiste en la posibilidad de hacer libres a la mayor cantidad de personas posibles. La Constitución española de 1978 establece las bases para conseguir estos objetivos.
Nuestra Constitución proclama la soberanía popular de todos los ciudadanos en régimen de absoluta igualdad. Asimismo supone la ruptura con el Estado centralista del pasado. Cuando habíamos conseguido un aceptable engarce entre el desarrollo de las autonomías y las funciones indelegables del poder general del Estado, se pretende quebrar el sistema introduciendo fórmulas exóticas que nada tienen que ver ni siquiera con nuestro sombrío pasado. La pretensión de que una parte del Estado social y democrático de derecho que se llama España se autoexcluya de la Constitución pretendiendo salir por su propia voluntad para después volver a integrarse a través de la fórmula de Estado libre asociado, parece más una operación de ingeniería política que un proyecto razonable. Hay que reconocer, en favor de los que desconfían de las miserias de nuestro pasado común, que durante la vigencia de la Constitución tuvimos ocasión de vivir angustiados los últimos estertores de una España miserable que siempre acudía al Ejército para tratar de imponer su voluntad. Creo que es lícito plantearse en qué medida los extremistas del separatismo que optaron por la vía del disparo en la nuca y de la bomba masiva contribuyeron a revivir esos fantasmas de un pasado que se fue definitivamente con el fracaso de la cuartelada. Los fanáticos necesitan construir en sus mentes la existencia de una España hosca y antidemocrática que, de alguna manera, haga las veces de las armas de destrucción masiva. Justifican la violencia y los métodos coactivos incluso con los
ciudadanos que, habitando en su territorio, no participan de sus ideas redentoras. Ahora bien, vertidos estos reproches y críticas, todos debemos ser coherentes con los valores constitucionales que invocamos. El antagonismo dialéctico y el respeto a las formas y garantías son los pilares que sostiene la democracia, por lo que el diálogo no sólo es una manifestación más de la fuerza de la democracia, sino su seña de identidad.
EL CONFLICTO actual surge a partir de lo que políticamente se denomina "propuesta de reforma de Estatuto político de la Comunidad de Euskadi", más conocida como plan Ibarretxe. Para presentar un proyecto de esta naturaleza, la sistemática, el texto y la metodología deben ser rigurosos para que pueda ser debatido. Como portada se emplean, conjuntamente y sin la debida precisión, los términos comunidad, nación y autodeterminación. La precisión jurídico-constitucional exige aclarar cuanto antes que el término comunidad no se utiliza en el sentido que ahora tiene y que ha sido asumido por Euskadi en su vigente Estatuto. El derecho de autodeterminación que se ampara en el pacto internacional de derechos civiles, que es ley en España a través de su incorporación constitucional, hay que situarlo en su contexto histórico. Se gestó en los años posteriores a la segunda guerra mundial y culminó en 1966. La referencia ha sido entendida de forma unánime por todos los internacionalistas de cualquier tendencia o escuela como una fórmula para el proceso de descolonización que, de manera imparable, se había puesto en marcha.
Fuera de esta objeción inicial el resto de la propuesta que se refiere a la estructura de los tres poderes clásicos (legislativo, ejecutivo y judicial), la política constitucional, la economía, la hacienda e incluso el ámbito de relación política europea e internacional, no sólo puede sino que debe ser discutido a través de todos y cada uno de los pasos que nuestra Constitución tiene establecidos para reformas que afectan al texto constitucional. Este proceso debe estar presidido por la serenidad y la racionalidad. Creo que es el único camino para instaurarnos plenamente en una sólida estabilidad democrática e institucional que nos permita desarrollar políticas de futuro sin estar pendientes indefinidamente de cuál va a ser la base territorial de un Estado que está integrado en un órgano supranacional, como la Unión Europea y cuyos habitantes tienen por ley la ciudadanía europea. CONSIDERO injusto que algunos demócratas que viven en el País Vasco necesiten el pretexto de una España indiscriminadamente reaccionaria y atrasada, envuelta en delirios del pasado que sólo anidan en reducidos sectores de nuestra sociedad. Somos un país moderno con un desarrollo científico, económico y cultural que nos acerca, cada vez más, a los niveles de la Europa más desarrollada. Cuando se esgrimen como argumentos derechos históricos, señas de identidad, valores culturales distintos y no se disimula, incluso, una cierta superioridad étnica, me estremezco pensando en el pasado cercano.
Sería lamentable, en mi opinión, que no se agotasen los trámites previstos en la Constitución para debatir una propuesta de esta naturaleza. No creo que los atajos, más o menos legalistas, sean una buena vía. Hay que seguir adelante con el proceso parlamentario en su plenitud. El debate, profundo y sin temor a los fantasmas del pasado, nos demostrará, sin necesidad de someternos a una especie de psicoanálisis colectivo, que no tenemos miedo a la libertad.