La fuerza sin justicia es tiránica

El expresidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, ha sido trasladado a la prisión de la Corte Penal Internacional en La Haya. Es la primera vez que este Tribunal detiene a un jefe de Estado. ¿Quiere decir eso que la justicia internacional empieza, por fin, a imponerse en todas partes, que la era de la impunidad ha llegado a su fin y los poderosos del mundo deben temblar?

Una pequeña matización que añadir al entusiasmo suscitado por esta noticia es que debemos tener en cuenta la geografía de los procesamientos. Desde su creación en 2002, el Tribunal se ha hecho cargo de siete situaciones, todas vinculadas a países africanos: Uganda, la República Democrática del Congo, la República Centroafricana, Sudán, Kenia, Costa de Marfil, Libia. ¿Es porque los africanos son los que cometen los peores crímenes, o porque son los únicos a los que decide juzgar el Tribunal?

Ya que la justicia no abarca el universo entero, podría decirse, por lo menos reina en África, afortunado continente. Pero la realidad no es tan halagüeña. La situación en la que se producen las inculpaciones es siempre más o menos la misma: un país se encamina a la guerra civil, uno de los dos bandos sale vencedor. ¿Qué se hace con los vencidos? En vez de comprometerse en sangrientos arreglos de cuentas, los vencedores prefieren poner a sus enemigos de ayer en manos de la justicia internacional. No tienen ninguna duda sobre el resultado del proceso: son ellos quienes llevan a cabo la investigación y proporcionan las pruebas al Tribunal. El propio Gbagbo intentó aplicar esta estrategia en 2002, cuando acababa de comenzar la guerra civil en su país. Quería que procesaran a su adversario de entonces, Guillaume Soro, por crímenes contra la humanidad, pero no le hicieron caso. Hoy, Soro es primer ministro de Costa de Marfil. No parece probable que vaya a reunir pruebas contra sí mismo.

Cuando no son los vencedores de una guerra civil quienes apelan al Tribunal, es el propio órgano el que actúa, si la OTAN ha emprendido una acción militar contra el país del acusado. La primera vez que lo hizo fue con motivo de la guerra de Kosovo, y la segunda, durante la campaña de Libia. En esas ocasiones, el brazo judicial sigue la pista de los bombarderos y los misiles, porque no solo se combate contra un enemigo, sino que se persigue a un criminal. Por eso los rebeldes libios recibieron con júbilo la imputación de su jefe de Estado, puesto que contribuía a quitarle legitimidad. Después de ganar la guerra con la ayuda de la OTAN, prefirieron matar a Gadafi y mantener preso a su hijo ellos mismos. El Tribunal no puede dictar una condena a muerte.El fiscal de la CPI, el argentino Luis Moreno Ocampo, no tiene una gran reputación. Le reprochan instruir sus investigaciones de forma chapucera, cultivar con demasiada ostentación la amistad de los poderosos, tanto de los vencedores de los conflictos locales como de las cancillerías occidentales que protegen los intereses de sus propios países, y haber dado prioridad a una justicia espectáculo, que incluye reclutar para sus batallas a las estrellas de Hollywood. El comité encargado de encontrar sucesor al fiscal actual para los nueve próximos años ha tomado nota de la orientación exclusivamente africana de los procesos actuales y ha especificado que el próximo fiscal debería ser “originario de África”. El cambio no tiene por qué ser revolucionario: la gambiana Fatou Bensouda es, desde hace siete años, adjunta al fiscal actual y amiga de varios jefes de Estado africanos.

Pero supongamos, aunque no sea realista, que el Tribunal supera sus defectos iniciales, dispone de un presupuesto suficiente para llevar a cabo sus propias investigaciones y amplia su actuación a todos los continentes. ¿Podemos esperar que comience entonces la era de la justicia universal, la que deberían temer los poderosos de todo el mundo? Parece difícil. El motivo lo explicaba ya Pascal: “La justicia sin fuerza es impotente”. Y la fuerza pertenece a los Estados. Los grandes -Estados Unidos, Rusia, China- y sus protegidos no tendrán que preocuparse jamás por el Tribunal. En primer lugar, porque han sido prudentes y no han ratificado sus estatutos, que, por consiguiente, no se les aplican. Segundo, porque, al ser miembros permanentes del Consejo de Seguridad, tienen derecho de veto sobre todas sus decisiones y sobre las del Tribunal, que depende de él. Y además, porque, aunque no existieran esas normas y principios, nadie puede imponer las decisiones de la justicia a un grande: ¿cómo va a conseguirlo?

Esa es la implacable lección de la historia reciente. Nunca se procesará a los dirigentes rusos por los actos de violencia cometidos en Chechenia, ni a los dirigentes chinos por la represión en Tíbet, ni a los estadounidenses por haber invadido Irak con un pretexto falaz y haber provocado la muerte de cientos de miles de personas. ¿Quién va a querer desencadenar una nueva guerra mundial por detener a un dirigente político culpable de matanzas llevadas a cabo entre su propia población o la de otro país? Quizá sea posible condenar a los antiguos jemeres rojos, culpables de genocidio, pero nunca se hará nada con los responsables estadounidenses que, durante todo el año 1973, ordenaron bombardear sin descanso Camboya, un país neutral, en una campaña que aniquiló a la población y facilitó que esos jemeres rojos tomaran el poder.

“Si no se puede hacer que lo justo tenga fuerza”, como decía Pascal (de quien es el título de este artículo), al menos podríamos no pretender que lo que tiene fuerza es, solo por eso, justo.

Por Tzvetan Todorov, semiólogo, filósofo e historiador de origen búlgaro y nacionalidad francesa. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *