El sábado pasado publiqué en este periódico una columna con un final algo provocativo y, por lo visto, conseguí provocar. La columna no decía, en realidad, nada nuevo. Simplemente, a raíz de la nueva terminal del aeropuerto de El Prat, comparaba el importante volumen de obra pública construida por el Estado en Catalunya (aeropuerto y AVE), con la escasez de la llevada cabo por la Generalitat que, encima, continuamente pone obstáculos a los proyectos del Estado (cuarto cinturón o conexión eléctrica con Francia). En fin, una opinión muy común, basada en datos conocidos.
Quizás el nuevo matiz que aportaba estaba justo al final del artículo. Dado que empieza una campaña para que el aeropuerto sea gestionado por la Generalitat, pedía que, ¡por favor!, dada su conocida inutilidad en la gestión, no se la traspasaran y siguiera en manos del Estado. En cierto sentido, estaba pensando en aquello de "virgencita, virgencita, que me quede como estoy". Pues bien, al día siguiente, en estas mismas páginas, Jordi Barbeta y Toni Soler, en sendos artículos, me acusaban de sostener que los catalanes no sabemos gobernarnos y necesitamos a los españoles para que solucionen nuestros problemas. ¡Santo Dios, vaya confusión la suya!
Confieso que, de entrada, pensé que quizás me había expresado mal y la culpa podía ser mía, a veces las prisas te hacen cometer un desliz y puedes llegar a decir lo que no piensas. Era raro que dos personas inteligentes coincidieran en una interpretación tan aberrante. Volví a leer mi artículo y comprobé, aliviado, que el error no era mío, que todo estaba claramente explicado: no mencionaba para nada a catalanes y españoles, ni siquiera nombraba a Catalunya y a España, sólo a dos poderes públicos muy concretos, el Estado y la Generalitat, ambos gobernadas por personas individuales, cada uno responsables de su gestión en los últimos años. El error, por tanto, no era mío sino suyo. Yo imputaba una responsabilidad a determinadas personas que gobernaban una institución y ellos la extendían a toda una sociedad. Me di cuenta entonces que habían leído mi columna con sus anteojeras ideológicas, sin fijarse en las palabras, confundiendo a quienes gobiernan la Generalitat con los catalanes y a quienes gobiernan el Estado con los españoles, es decir, mezclando poderes políticos con ciudadanos. Grave equivocación.
Veamos sólo dos apuntes breves para resaltar los fundamentos de su error. En primer lugar, uno de los presupuestos del Estado liberal y democrático es distinguir entre Estado y sociedad. Una cosa son los gobernantes y otra los gobernados. Sin esta distinción, confundiendo a ambos, la democracia no existe. Entre otros motivos porque no hay posibilidad de elegir, controlar y criticar a los gobernantes ya que, por definición, nadie se elige, controla y critica a sí mismo. Sólo si previamente separamos sociedad y poder político, desde la primera se puede elegir, controlar y criticar al segundo. Sin elecciones, control del poder y opinión pública libre, no hay democracia sino totalitarismo.
Pero, en segundo lugar, el Estado democrático - se entiende cualquier poder público con este carácter, por ejemplo, la Generalitat o los ayuntamientos-es una creación humana, un instrumento inventado por personas libres e iguales fundado en un pacto implícito entre ellas para alcanzar unos fines muy determinados: en concreto, garantizar mejor esta libertad e igualdad de la que ya gozaban antes del contrato. Estos fines genéricos, esta libertad e igualdad, se formalizan en los derechos fundamentales garantizados en una Constitución. Son, además, los únicos que el Estado debe garantizar, ya que cualquier otra finalidad, no incluida en el contrato, es un ámbito vedado a la intervención del Estado, ya que ningún pacto le autoriza a hacerlo. El Estado, los poderes políticos, son, pues, poderes limitados.
Los catalanes estamos gobernados por varios poderes públicos: los ayuntamientos, la Generalitat, el Estado y la Unión Europea. Elegimos a nuestros representantes en cada uno de ellos para que designen y controlen a los gobiernos respectivos. Por tanto, todos ellos, para decirlo de alguna manera, son "nuestros" poderes, y no lo son unos más que los otros. Que la
Generalitat sea "nuestra" y el Estado "de los españoles", considerados como algo ajeno a los catalanes, es de una flagrante inconsistencia. Cada uno es libre de tener la "identidad nacional" que quiera - como también cualquier religión-si es que uno cree en estas ideologías, que, por otra parte pertenecen al ámbito privado, en el que el Estado no está autorizado a penetrar. El reparto de competencias entre los distintos poderes públicos debe hacerse por razones de eficacia, es decir, dado que estos poderes son meros instrumentos al servicio de nuestra libertad e igualdad individual, los titulares deben ser quienes mejor garanticen estos valores al menor coste posible. Todos ellos, son nuestros poderes, instrumentos a nuestro servicio.
¿Sabemos gobernar los catalanes? Claro que sí, y concretamente en materia de aeropuertos: por algo será que una empresa de capital catalán y dirigida por catalanes, Abertis, gestiona aeropuertos en medio mundo. Pero no los gestionan por ser catalanes sino por ser competentes. Yo criticaba las actuaciones de quienes dirigen la Generalitat, un instrumento, no a una sociedad, Catalunya: esta distinción es la que me parece que no entienden mis colegas Barbeta y Soler.
Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.