La gestión autoritaria de la crisis

¿Afecta la austeridad a los gestores de la crisis cuando hacen recortes sobre empleo, salud, educación o servicios públicos? A medida que los gobiernos de Grecia, Portugal y España adoptan drásticas decisiones en estos y otros campos que impactan directamente sobre la vida de millones de ciudadanos es interesante preguntarse si también afectan de forma personal a los altos cargos y a sus familias.

También interesa saber si las decisiones que tomaron, y toman, altos cargos en bancos y empresas financieras producen algún impacto personal o en su entorno familiar. Analizando los recortes en los servicios que provee el Estado y las políticas de creación de desempleo es importante contrastar medidas, consecuencias y lugar que ocupan los ciudadanos.

Por ejemplo, los recortes de salarios y personal en la sanidad pública. Menos servicios se traduce en miles de situaciones dramáticas que van desde largas listas de espera, deterioro de la medicina preventiva, desatención de pacientes, urgencias sobrecargadas, medicinas imprescindibles racionadas y escatimadas. Si pasamos a las reducciones en transporte público, vemos pueblos que han quedado aislados, escaleras mecánicas que tardan días en arreglarse, reducción del número de autobuses y líneas de metro y su frecuencia. En el primer caso, los decisores pagan seguros médicos privados. En el segundo, no usan el transporte público salvo cuando inauguran un AVE.

La reforma de las pensiones convertirá en milagro lograr una jubilación del 100%. Y los cambios en las leyes laborales permiten despedir con poca o ninguna indemnización, y menos meses y cuantía de desempleo. Pero los altos cargos tienen seguros privados, sueldos postempleo, y millonarias indemnizaciones en el sector financiero y bancario como premio a las excelentes gestiones que hicieron de las finanzas.

Los altos cargos de casi todos los partidos políticos y sector privado tienen sobresueldos, dietas, bonos, y otras prebendas. De esta forma, sus sueldos han valido y valen el doble o más en capacidad de compra. Si alguno de estos altos cargos pierde el empleo cuenta con una red social que lo acoge en esa rara práctica de dar buenos puestos consuelo a quienes han hecho pésimas gestiones.

Si son procesados por corrupción, entonces cuentan con la capacidad (por los círculos en que se mueven, las relaciones que tienen, y el dinero que reprodujo dinero) para pagar, como hizo el expresidente de Caja Madrid la primera vez que fue encarcelado, 2,5 millones de euros en 48 horas. Cuentan con un sistema de protección extraordinario mientras que los ciudadanos normales pierden servicios por los que siguen pagando impuestos crecientemente altos.

La lista comparativa es inmensa. ¿Cómo se gestiona una persona mayor o una discapacitada en familias con o sin alto cargo? ¿Ha sido desahuciado algún banquero por no pagar la hipoteca? La caída en el número de educadores no afecta a los hijos de los gestores de la crisis porque pueden no pisar una escuela ni universidad pública. La pobreza educativa o el colapso de la capacidad de investigación y desarrollo tampoco se sufre en las alturas. En la división internacional del trabajo que defina esta crisis, el sur de Europa debe asumir su antiguo papel de proveedor agrícola, turismo y mano de obra barata no especializada.

El resultado de estas comparaciones es iluminador: ni una sola de las decisiones vinculadas con “la austeridad” que adoptan los altos cargos políticos, económicos y financieros les afecta personalmente o a su entorno inmediato. Al no sufrirlas, las medidas “anticrisis” son un espectáculo lejano que conocen a través de las macrocifras, los medios periodísticos, cuando reciben alguna pregunta incómoda en el Parlamento o en esos breves momentos en que les increpan cuando salen de un edificio o su casa y caminan siete pasos hasta el coche con chófer. Si la protesta sube de tono, se toman medidas represivas.

Este ejercicio comparativo evidencia tres serios problemas para la democracia. Primero, las políticas de austeridad están generando más desigualdad, es decir, que la renta y el acceso a los recursos se concentra en una minoría. Segundo, la democracia no es sólo votar, como indica David Beetham (Universidad de Leeds), sino gestionar las condiciones económicas para cubrir y proveer oportunidades igualitarias para los ciudadanos en sus necesidades básicas, como salud, educación, vivienda y empleo. Tercero, millones de ciudadanos ven restringidas sus oportunidades (tan aplaudidas por los neoliberales).

La gestión de la crisis agrava el problema de la representatividad y de manera abierta, obscena, muestra que el sector que generó la crisis no se ve afectado por ella y tiene los medios económicos y políticos para reacomodarse en un nuevo ciclo de fortalecimiento de su poder. Un modelo no democrático, antiigualitario y autoritario.

Mariano Aguirre, analista de cuestiones internacionales.

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