Al acercarse el fin de este año, resulta de lo más natural preguntarse qué podría deparar el futuro, pero, en lugar de preguntarnos qué puede deparar el año 2014, demos un salto hasta mediados de siglo. ¿Cómo será la gobernación en 2050?
Eso es lo que el Foro Económico Mundial (FEM) preguntó en una reunión reciente celebrada en Abu Dhabi, que se centró en el futuro de la gobernación conforme a tres hipótesis resultantes de la actual revolución de la información. Como ésta ya está marginando a algunos países y comunidades y creando nuevas oportunidades para otros, la cuestión no podría ser más oportuna.
La primera hipótesis que los participantes examinaron fue la de un mundo gobernado por las llamadas “megaciudades”, donde la administración corre a cargo en gran medida de las más importantes aglomeraciones urbanas. La segunda posibilidad es la de un mundo en el que unos gobiernos centrales fuertes utilicen los grandes datos para fortalecer su control. Conforme a la tercera hipótesis, los gobiernos centrales serían fundamentalmente débiles y los mercados –y las empresas que dominan en ellos– prestarían casi todos los servicios.
Cada una de esas hipótesis es una extrapolación de una tendencia actual. Si bien todas ellas podrían ser beneficiosas en algunos respectos, también tienen fallos que, de no ponérseles coto, podrían provocar resultados distópicos. Las autoridades deberían estar ya aplicando políticas encaminadas a orientar tendencias como la urbanización, el aumento de los grandes datos y la agrupación de personas en comunidades pequeñas y con frecuencia basadas en su relación con el mercado.
El objetivo debería ser el de aprovechar los posibles beneficios de dichas tendencias, sin por ello dejar de velar por que no socaven otros aspectos decisivos de la gobernación. Por ejemplo, aunque las megaciudades pueden brindar nuevas oportunidades a los trabajadores y las empresas, no pueden resolver problemas universales como el cambio climático o la gestión de la producción y la protección de bienes públicos nacionales y mundiales.
Asimismo, si bien la utilización de los grandes datos ofrece posibilidades importantes de resolución de problemas, las cuestiones importantes siguen siendo las de quién posee, quién controla y quién reglamenta la utilización de los datos. La idea de una “datocracia” inspira temor a un orwelliano “1984 electrónico”. De hecho, las recientes revelaciones sobre los programas de vigilancia de la Agencia Nacional de Seguridad sólo son un mínimo comienzo del examen de esa cuestión. Al fin y al cabo, la utilización de los grandes datos no se limita a los gobiernos y las grandes empresas; también grupos anónimos de delincuentes pueden hacer fácilmente un uso indebido de la información.
Por último, si bien las opciones individuales en los mercados son con frecuencia la forma más eficiente de asignar recursos, los mercados no hacen una aportación suficiente de bienes públicos. De hecho, hay algunos productos que el sector privado no puede proporcionar. Ese sistema puede parecer aceptable a quienes se encuentran dentro de las “comunidades cerradas” que se benefician de él, pero, ¿qué decir de los que quedan fuera de ellas?
El Consejo del Programa Mundial sobre el Futuro de la Gobernación del FEM, del que yo formo parte, ha examinado modos como la tecnología de la información puede mejorar la gobernación y reducir las sensaciones de alienación entre los gobernados. Las iniciativas más eficaces, según observó el Consejo, se deben con frecuencia a las asociaciones entre el Estado y el sector privado.
Por ejemplo, en Kenya una empresa privada creó un sistema de pagos mediante teléfonos portátiles que permite a los usuarios hacer transferencias de dinero por dichos teléfonos, con lo que se creó en realidad un sistema bancario mucho más rápido que el que podría haber hecho el Estado. Una vez que se hubo creado privadamente el sistema, el Estado pudo utilizarlo para prestar servicios suplementarios.
A consecuencia de ello, un agricultor kenyano de un distrito remoto puede obtener ahora información sobre los precios de las cosechas o transferir fondos, sin tener que recorrer grandes distancias y esperar haciendo cola. Si bien esas iniciativas no pueden resolver el problema de la desigualdad, pueden contribuir a aliviar algunos de sus efectos más perjudiciales.
En una época de cambio social rápido y avances tecnológicos incesantes, las medidas para mejorar la gobernación –en los niveles local, nacional o internacional– requererirán reflexión y experimentación detenidas para determinar cómo equilibrar un proceso de adopción de decisiones no excluyente con las necesidades en permanente evolución de los mercados. Como preguntó en cierta ocasión el diplomático americano Harlan Cleveland: ¿cómo conseguiremos que todo el mundo participe y al tiempo que se actúe?”
Pensemos en las instituciones internacionales. Actualmente, el mundo está organizado en unos 200 países; con toda probabilidad, así será también en 2050, pero sólo 16 organizaciones gubernamentales representan las dos terceras partes de los ingresos del mundo y dos tercios de su población. Muchos han propugnado la utilización de “mayorías dobles” –que requieren una mayoría de votos conforme a dos criterios distintos: la población y la producción económica– para lograr que un número viable de Estados adopte medidas, sin por ello dejar de aumentar la influencia de los Estados más débiles en la adopción de decisiones.
Pero, aunque el G-20 ha avanzado en esa dirección, el criterio para el establecimiento de un programa mundial sigue siendo deficiente. De hecho, parece ser que cuando más eficaz resulta es en épocas de crisis; en tiempos más normales, como hemos visto, al G-20 le cuesta conseguir que se actúe.
Además, aun cuando el sistema de las mayorías dobles contribuye a conceder poder a algunos Estados más débiles, no tiene en cuenta el papel de los países más pequeños del mundo en los procesos de adopción de decisiones. Aunque esos países representan un porcentaje pequeño de la población mundial, comprenden una mayoría importante del número total de países.
Una posible solución sería la de que los Estados se representaran mutuamente, como ocurre en el Fondo Monetario Internacional, pero la experiencia del FMI revela grandes dificultades para la ejecución.
Los dirigentes del mundo no han ideado aún cómo conciliar la convicción moral de que todas las personas son iguales y el simple hecho de que todos los países no lo son. En una era de información mundial, los sistemas de gobernación que pueden abordar cuestiones fundamentales, como la seguridad, la asistencia social, la libertad y la identidad, requerirán coaliciones que sean lo bastante pequeñas para funcionar eficientemente y una decisión sobre qué hacer para con quienes no estén suficientemente representados.
Evidentemente, todo ello requiere más investigación. La exploración de las posibles hipótesis futuras, como ha hecho el FEM, es un paso importante en la dirección adecuada.
Joseph S. Nye Jr., a former US assistant secretary of defense and chairman of the US National Intelligence Council, is University Professor at Harvard University. He is the author of Presidential Leadership and the Creation of the American Era. Traducido del inglés por Carlos Manzano.