La concatenación inexorable de los hechos es posible que coloque a todos los dirigentes catalanes –políticos o no– en la tesitura de adoptar en breve plazo una grave decisión, que marcará de modo decisivo el futuro de Catalunya y, no cabe tampoco ninguna duda, el de toda España. Los hechos que tal vez definirán esta situación son estos:
1. - Una resolución del tema de la financiación autonómica que infrinja el mandato estatutario. Es sabido que el Estatut marca, en esta materia, tres pautas: la necesidad de un acuerdo bilateral Estado-Generalitat, unos principios sustantivos a los que ha de sujetarse la negociación, y la concreción en una cifra de la aplicación de dichos principios. Dada por hecha la imposibilidad –SEnDque afirmo– de un acuerdo bilateral autosuficiente, ya que siempre habrá de ser objeto de ulterior aprobación multilateral, y dado el carácter discutible de la cifra –botella medio vacía o medio llena–, todo se concretará en la aplicación o no de los principios sustantivos, entre ellos el de ordinalidad. Y, en vista de cómo se ha desarrollado el proceso, cualquier cosa es posible.
2. - Una sentencia del Tribunal Constitucional que, siendo quizá solo interpretativa, no se limite –como a mi juicio debería– a limar cualquier atisbo de relación confederal, sino que enerve también el desarrollo del Estado autonómico en sentido federal, única salida ya posible para una articulación jurídica del Estado concebido como una casa común, en la que puedan sentirse también cómodas aquellas comunidades autónomas que se consideran a sí mismas una nación.
3. - El propósito evidenciado –so pretexto de la racionalización de la acción administrativa– de poner en marcha un proceso de refacción de las competencias de la Administración central en materias ya transferidas. Así, por ejemplo, en aras de la unidad de mercado, con olvido de que sería también posible lograrla mediante un adecuado funcionamiento de los organismos de colaboración horizontal; y con desconocimiento de que, a estas alturas, el Estado autonómico ha superado ya el punto de no retorno, al haber generado sendos grupos de intereses locales que lo hacen irreversible.
4. - Una cierta pérdida de peso específico –de origen más psicológico que real– de Catalunya en el conjunto de España, puesta de manifiesto en el hecho de que cada día es más evidente que el liderazgo de la periferia peninsular, en su relación dialéctica con el centro –el Gran Madrid–, está vacante, por no haber ninguna comunidad autónoma que –exceptuada Catalunya– tenga suficientes peso específico y voluntad política para asumirlo. Pero, además, no se puede negar tampoco que una de las causas de esta situación –no la única, pero sí importante– es la creciente tendencia a la automarginación, por parte de Catalunya, respecto de cualquier proyecto común hispánico. Una automarginación que hunde sus raíces en un desafecto recíproco, sobre cuyas causas nunca existirá acuerdo.
Si los hechos llegan a producirse en términos semejantes a los consignados, el abanico de posibilidades que se abre ante los dirigentes catalanes se reduce a dos:
Primera. - Decir que aquí no ha pasado nada decisivo, sin perjuicio de modular diversas gradaciones de queja y de retóricas apelaciones a la responsabilidad política. Sería políticamente letal.
Segunda. - Enfrentarse al Gobierno central, incluso en sede parlamentaria, y convocar elecciones en Catalunya. Sería políticamente digno, si bien de resultado incierto.
Aunque se trata de una situación muy diversa, no deja de ser oportuno recordar lo dicho por Churchill a Chamberlain después de la abdicación de este en Múnich: «Has elegido el deshonor para evitar la guerra, pero tendrás la guerra y el deshonor».
La opción aconsejable sería, de darse los presupuestos enunciados, la segunda. Es cierto que implica una ruptura política –que no jurídica– del statu quo, pero también lo es que puede ser fecunda, no solo desde la perspectiva catalana, sino también desde la que brindan los intereses generales españoles, ya que la única salida clara al atolladero en que se halla, desde hace más de un siglo, la estructura territorial de España es el Estado federal. Y como esta evidencia no parece haber sido aún aceptada por la mayoría de los ciudadanos españoles, que se engañan a sí mismos con el recurso a la conllevancia, es por lo que resulta imprescindible plantear la cuestión de forma clara en sede parlamentaria, observando hasta el extremo las normas del Estado democrático de derecho.
Dos apostillas finales. - En primer lugar, que esta opción de ruptura política exigiría la unidad de la mayor parte de las fuerzas políticas catalanas, ya que, de no lograrse esta, habría que replantearse muchas cosas, empezando por la vigencia actual de la nación catalana, que quedaría en entredicho. Y, en segundo término, que la política es una cosa demasiado seria para dejarla exclusivamente en manos de los políticos; en consecuencia, la opción por la ruptura política debería ser asumida previamente, con serena y racional convicción, por la mayor parte de la sociedad catalana, que debería haberse manifestado en este sentido a través de las instituciones y entidades de todo tipo que integran su tejido social.
Juan-José López Burniol, notario.