En 1936, el poeta estadounidense Carl Sandburg escribió un verso lleno de esperanza: “Algún día declararán una guerra y nadie irá”. Hoy sus palabras parecen más apropiadas que nunca, pero no porque la humanidad se haya vuelto pacifista, sino porque cada vez más la guerra se combate a distancia, enviando aviones no tripulados (drones) a matar al enemigo.
Durante la presidencia de Barack Obama, se ha dado un abrupto aumento de la cantidad de ataques teledirigidos lanzados por Estados Unidos, que según algunos informes ya superan los 300 sólo en Pakistán. En marzo de 2011, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos llegó a un punto de inflexión cuando, por primera vez en su historia, entrenó a más pilotos para actuar como controladores de aviones no tripulados que para otras tareas.
Estas armas plantean graves cuestiones éticas. Como el personal militar que las usa no arriesga sus vidas, matar es más fácil, y también es más fácil justificar las operaciones bélicas ante la opinión pública interna. Además, el rechazo de los seres humanos a matar es inversamente proporcional a la distancia entre el atacante y el objetivo. Para un piloto encargado de teledirigir drones sobre Yemen manipulando un mando a distancia en Nevada, el umbral que debe superar para apretar el gatillo es peligrosamente bajo. Matar se convierte en un trabajo más, después del cual tal vez se vaya a jugar una partida de bolos o a pasar una velada tranquila en casa.
Pero en el otro extremo, el mero sonido de los aviones no tripulados aterroriza a poblaciones enteras y hace saber tanto a enemigos como a civiles que están siendo observados y que pueden ser blanco de un ataque en cualquier momento (lo que les da a los reclutadores de terroristas un argumento servido en bandeja).
Por si fuera poco, el programa de aviones no tripulados de Estados Unidos es aún más preocupante desde el punto de vista legal y de derechos humanos. Después de todo, países como Pakistán, Yemen y Somalia no están dentro de zonas de guerra declarada. Además, para que una operación en la que un Estado mata a personas fuera del contexto de una guerra sea legal, se debe demostrar que es absolutamente necesaria para salvar vidas y debe realizarse en defensa propia, con posterioridad a un ataque, o en defensa propia en anticipación de una amenaza inmediata, cuando no se disponga del tiempo necesario para discutir alternativas no letales.
Ya pasó más de una década desde el 11 de septiembre, así que el programa de aviones no tripulados de Estados Unidos no entra en la primera categoría (defensa propia reactiva). Tampoco hay pruebas que demuestren que cualquiera de los presuntos terroristas a los que en estos últimos años se mató fuera de zonas de guerra declarada representara una amenaza tan inmediata contra la vida de ciudadanos estadounidenses que no hubiera más alternativa que matarlo en forma preventiva y premeditada. A menos que el gobierno estadounidense pueda demostrar lo contrario en cada uno de los casos, a los ataques teledirigidos de Estados Unidos en países como Pakistán o Yemen hay que llamarlos por su nombre: ejecuciones extrajudiciales.
El asesor legal del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Harold Koh, no está de acuerdo con esta caracterización, ya que desde su punto de vista, Estados Unidos está librando un “conflicto armado [a escala mundial] con Al Qaeda y con los talibanes y sus fuerzas asociadas”. De modo que, según Koh, los ataques con aviones no tripulados son parte de una guerra global que se combate tanto en zonas de guerra declarada como en países que no están en guerra; y por consiguiente, son legales.
Pero aun aceptando este dudoso supuesto, está la cuestión de los derechos humanos. El derecho de guerra solamente admite dar muerte en forma selectiva a “combatientes” que tengan una “participación directa en las hostilidades”. Los ataques deben ser proporcionales, estratégicamente necesarios y públicamente justificados; además, la prevención de daños a la población civil debe ser prioridad número uno. Ante el menor indicio de que se ha cometido una ilegalidad, se deberá iniciar una investigación, juzgar a los perpetradores y compensar a las víctimas.
Por el contrario, los fundamentos legales del programa estadounidense de aviones no tripulados no son nada claros. Como la mayor parte de la información sobre estos ataques está clasificada, no hay forma de saber si todos los objetivos atacados participaban directamente en actividades hostiles. Y aunque la cantidad de bajas civiles (según la definición oficial) realmente haya sido cero o inferior a diez, como afirma el gobierno de Obama, esta afirmación descansa sobre el supuesto de que todo varón en edad de combatir muerto en un ataque teledirigido era un militante, a menos que con posterioridad a su muerte el trabajo de inteligencia demuestre lo contrario.
Las facultades de derecho de la Universidad de Stanford y la Universidad de Nueva York publicaron hace poco un informe según el cual, en realidad, hasta el 75% de todas las víctimas de ataques teledirigidos entre 2008 y 2011 pueden haber sido civiles. Otras fuentes calculan un porcentaje inferior, 30%, pero aun así la cifra es alarmante. Esto constituye una evidente violación del requisito jurídico de proporcionalidad.
Hay también un total desprecio por el principio de rendición de cuentas. Las operaciones con aviones no tripulados están a cargo de la CIA, una organización cuyas actividades están envueltas en un manto de misterio. Y a diferencia del personal militar, los agentes de la CIA gozan de una amplia inmunidad contraria al derecho internacional.
Sin un aumento de la transparencia en lo concerniente con el programa de aviones no tripulados de Estados Unidos, no es posible declarar que sea legal, tanto si los ataques se producen dentro como si se producen fuera de un contexto de conflicto armado. Mientras Estados Unidos siga ocultando información al resto del mundo, es posible que se cometan actos ilegales (y tal vez crímenes de guerra) con total impunidad.
Así como en todo el mundo la ciudadanía está demandando una mayor responsabilidad en materia económica y financiera, también hay que ejercer más presión sobre Estados Unidos para que demuestre que su programa de aviones no tripulados es necesario y legal o, en su defecto, que le ponga fin inmediatamente. Algunas víctimas de ataques teledirigidos, sus familiares y organizaciones civiles han comenzado a alzar la voz y emprender acciones legales contra el cuestionable programa de aviones no tripulados de los Estados Unidos, y más personas deberían hacer lo mismo.
Mientras tanto, cada nuevo ataque teledirigido no solamente obrará en detrimento de los derechos humanos y del derecho humanitario internacional, sino que además agrandará un vacío legal que otros gobiernos y grupos armados no dudarán en aprovechar. El programa estadounidense de aviones no tripulados no ayuda a que el mundo sea un lugar más seguro, sino que crea un entorno donde casi en cualquier momento y lugar pueden producirse matanzas ilegales que constituyen una violación del derecho humano fundamental a no ser privado de la propia vida en forma arbitraria.
Barbara Lochbihler is Chair of the Subcommittee on Human Rights of the European Parliament. Traducción: Esteban Flamini.