Han pasado ochenta años desde que finalizó la Guerra Civil iniciada el 17 de julio de 1936, pero sus secuelas llegan hasta nuestros días, creando dinámicas inimaginables en otros países europeos. La más perniciosa es la ausencia de un relato común y consensuado de nuestra historia más reciente, que una y no divida, y que nos permita superar definitivamente la gran herida que supuso esta contienda.
Para lograr este objetivo se hace necesario primero superar las dialécticas simplistas que han definido la visión del conflicto por los dos bandos en lucha. Así, los vencedores presentaron la contienda como el triunfo de la España “eterna” sobre el comunismo internacional, o más ampliamente, sobre una supuesta conspiración judeo-masónica-bolchevique. Por el contrario, los perdedores siguen presentándose como los defensores de la democracia frente el fascismo. Ambos planteamientos no se ajustan a la realidad, pues cuando se inició el conflicto había tan pocos judíos, comunistas y demócratas liberales en un bando como fascistas –y también demócratas– en el otro.
Pero además de superar estas dialécticas resulta preciso entender, desde la máxima objetividad posible –aunque se trata de una posición muy difícil para un historiador español e incluso extranjero–, qué fue la II República, con sus aciertos y errores, y por qué terminó de forma tan trágica. Y eso implica analizar –utilizando las herramientas de la metodología histórica y desde diferentes ámbitos de estudio– las causas que provocaron las distintas conspiraciones que se sucedieron desde 1931 hasta la definitiva sublevación del 17 de julio de 1936, partiendo de la hipótesis de que existió un enlace entre todas ellas, que, a su vez, se desarrollaron en dos fases claramente diferenciadas.
La primera se extendió entre 1931 y 1934, y estuvo dominada por las conspiraciones monárquicas dirigidas por los seguidores de Alfonso XIII –aunque también se puso en marcha un proyecto carlista autónomo–. No obstante, también hubo otra cuyo planteamiento político sería el antecedente más cercano a la de julio de 1936: el golpe de Estado del 10 de agosto de 1932 o Sanjurjada –dirigido por José Sanjurjo Sacanell–, definido por el intento de colaboración entre republicanos moderados y monárquicos.
La característica fundamental de este conjunto de tramas fue que su componente militar aparecía subordinado a un proyecto político, elaborado por civiles y articulado en torno a una ideología específica. Fue ese planteamiento reduccionista el que conllevó su fracaso. Esta fase terminó con la Revolución de Octubre de 1934, que supuso no sólo un trauma para todos los sectores conservadores, sino también el basculamiento del liderazgo golpista de los civiles a los militares, que pasarían a dirigir las operaciones golpistas no tanto contra la República como régimen, sino contra un nuevo proceso revolucionario que consideraban latente.
En la segunda mitad de 1935, tras el fracasado intento del líder de la derechista Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), José María Gil Robles, de “moderar” la II República desde la legalidad, se abrió la segunda fase que se desarrollaría entre enero y julio de 1936, y donde se distinguieron tres etapas.
La primera, que abarcó los meses de enero y febrero, estuvo definida por dos dinámicas paralelas. Por un lado, el intento de las fuerzas políticas de la derecha de unirse en una coalición capaz de rivalizar con el izquierdista Frente Popular en las elecciones del 16 de febrero de 1936. Por otro, la puesta en marcha de una operación golpista dirigida por el general de división Manuel Goded Llopis, de carácter estrictamente militar. Ambas dinámicas fracasaron, ya que el Frente popular obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones de febrero de 1936 y el golpe de Goded nunca se pudo poner en marcha.
La segunda etapa, que se desarrollaría entre marzo y mayo, se definió por tres dinámicas. La primera, fue el deterioro de la convivencia y el convencimiento paulatino por parte de los líderes de la derecha –pero también de muchos de sus simpatizantes y votantes– de que el Gobierno del Frente Popular no sólo era incapaz de asegurar sus intereses socioeconómicos, sino también sus derechos como ciudadanos. La segunda, la puesta en marcha de una nueva operación golpista, estrictamente militar, bajo la dirección de la Junta de Generales. La tercera, la organización de la última conspiración dirigida por una organización política, la Comunión Tradicionalista, de ideología carlista. Estas dos tramas también fracasaron porque la primera fue desbaratada por el ejecutivo y la segunda nunca pudo ponerse en marcha.
La tercera etapa se prolongaría entre finales de mayo y julio. Fue en este periodo de tiempo cuando se gestó la trama conspirativa de Mola, cuya característica fundamental fue la articulación de un frente cívico-militar en torno a un programa político determinado, y no sobre una ideología concreta. Esta característica, que no existió en ninguna de las operaciones anteriores, junto al deterioro de la situación de España en estos meses, le permitió sumar los apoyos necesarios para desencadenar la rebelión que comenzó el 17 de julio de 1936.
Esa ayuda no sólo provino de la élite socio-económica de España, sino también de un importante porcentaje de su población que o bien nunca se había identificado con la II República como régimen, o era contraria al Gobierno del Frente Popular. De hecho fue el sostén de ese amplio grupo social, junto al soporte proporcionado por la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler y posteriormente los Estados Unidos, y la fuerte represión desencadenada por los rebeldes en los territorios donde triunfaron inicialmente y los que posteriormente ocuparon, lo que permitió al general Franco ganar la contienda y mantenerse en el poder hasta 1975.
Roberto Muñoz Bolaños es profesor del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED) y de las universidades Camilo José Cela y Francisco de Vitoria. Esta tarde presenta 'Las conspiraciones del 36. Militares y civiles contra el Frente Popular' (Espasa) en la Librería Los Editores.