El gran vecino del norte se impacienta y la alarma se extiende por Washington ante la guerra entre el Gobierno de México y los cárteles de la droga que operan desde Colombia a la frontera del río Grande. Los narcoterroristas financian sus gastos y sus armas con el tráfico floreciente de la cocaína y la marihuana que colocan en las grandes metrópolis norteamericanas y cuya demanda crece sin cesar, mientras crecen los nuevos refugiados: los funcionarios amenazados por los capos. México está en la primera línea del frente del combate contra la producción y el tráfico de la droga, una guerra subrogada en la que EEUU fracasa estrepitosamente desde hace 30 años.
Un reciente informe del Pentágono encolerizó a la autoridades mexicanas al comparar a México con Pakistán, como si fueran dos estados fallidos, y en un reportaje titulado El próximo desastre, la revista Forbes trazaba un panorama inquietante e instaba al presidente Felipe Calderón a que redoblara sus esfuerzos para acabar con la peste de los señores de la droga que reclaman impunidad para sus fechorías. Pero la espiral de narcoviolencia que se ha adueñado del país no conoce límites ni tregua. Un documento del influyente Council of Foreign Relations, titulado La guerra de la droga en México, cifra en 2.500 los muertos en el 2007 y en más de 5.000 los del 2008.
Las noticias del campo de batalla, desde Oaxaca, en el sur, donde florece la amapola, hasta la costa del Pacífico y la zona fronteriza, corroboran los pronósticos más pesimistas. Las redes del crimen se extienden por todo el país. En noviembre último, los narcos decretaron el toque de queda en Chihuahua, capital del estado epónimo, y unos 7.000 soldados combaten ahora a los sicarios en Ciudad Juárez, en estado de sitio. En su campaña de muerte y extorsión, los cárteles, que reclutan a sus esbirros entre los policías y los soldados, se disputan el terreno, pero también apuntan al corazón del Estado. El sistema judicial y de orden público está desbordado por su crónica falta de recursos, el cohecho, los sueldos míseros y la montaña de sumarios.
En el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) se produjeron más de 3.000 asesinatos. Tras asumir la presidencia (diciembre del 2006), Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico y sacó a los militares de los cuarteles, pero los resultados son decepcionantes. En mayo del 2007, los sicarios asesinaron al general José Nemesio Lugo, director del organismo de la lucha contra el crimen, y, poco después, al jefe de la policía federal. En noviembre del 2008, el ministro de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y varios de sus colaboradores perecieron al estrellarse su avión en misteriosas circunstancias. El general retirado Mauro Enrique Tello Quiñones, jefe de la lucha contra el narcotráfico en Cancún, fue secuestrado, torturado y asesinado.
La tambaleante situación del Estado mexicano se compara con el caos revolucionario de 1910 o con la insurgencia de las milicias católicas (los cristeros) contra el desaforado anticlericalismo del presidente Calles (1926-1929). Durante el régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI), una dictadura perenne afincada en el fraude electoral, la policía política concedía las zonas y las rutas a los cabecillas del narcotráfico y estos, a su vez, dictaban sus órdenes al ministro de Gobernación, según relata el periodista Ricardo Ravelo, de la revista Proceso, en su inquietante libro Herencia maldita, el reto de Calderón y el nuevo mapa del narcotráfico.
La criminalidad políticamente protegida y socialmente tolerada evolucionó en los años 70, debido tanto a la creciente obsesión prohibicionista de EEUU como a las operaciones contra los productores y traficantes en América Latina, que dinamitaron la estructura de mediación del PRI. El asesinato del agente norteamericano Enrique Camarena, en febrero de 1985, en Jalisco, hirió de muerte al compadreo entre la clase política y los cárteles y forzó al presidente Miguel de la Madrid a desmantelar la estructura corrupta del ministerio de Gobernación. Tras la caída del PRI (2000), la situación se degradó súbitamente.
Desaparecido el inmundo sistema de connivencia, ningún poder del Estado es capaz de controlar el terrible pulpo de la droga con sus innumerables tentáculos, de manera que, como explica el citado Ravelo, los señores de la droga son los que establecen las reglas y están infiltrados en el Ejército y las policías. "El narcotráfico los convirtió en rivales", asegura. Los asesinatos de los uniformados son ajustes de cuentas entre los cárteles y los encargados de perseguirlos, ante el asombro de unos pocos y la indiferencia de una opinión que considera la droga como un problema de los gringos.
La paz no es para mañana y se reputa inviable sin una reforma radical de las instituciones mexicanas que entrañe el respaldo político y económico del poderoso vecino. Este debe poner orden en su casa, vigilar la frontera, prohibir la exportación de armas y, sobre todo, reducir la demanda. Y no olvidar que un dólar gastado en EEUU en la guerra contra la droga es mucho más efectivo que los empleados en la erradicación de los cultivos y la prohibición. El peligro está sobre la mesa de Obama. El exjefe de la CIA, Michael Hayden, ya advirtió en enero de que México puede plantear un desafío tan peligroso como el de Irán y ser tan problemático como Irak.
Mateo Madridejos, periodista e historiador.