La guerra de las palabras

Por George P. Fletcher, profesor de Jurisprudencia en la cátedra Cardozo de la Universidad de Columbia (LA VANGUARDIA, 11/02/07):

En la actualidad, se consideran las palabras una causa de inestabilidad. La violenta reacción del año pasado ante las caricaturas del profeta Mahoma publicadas en un periódico danés recibió una respuesta occidental confusa, en la que los gobiernos se trabucaron al intentar explicar lo que se debe permitir hacer y lo que no a los medios de comunicación en nombre de la sátira política. Después Irán jugó una baza contra Occidente al patrocinar una conferencia de negadores del holocausto, declaración castigada en casi toda Europa por considerarla delictiva.

Como bien saben los turcos, es peligroso adoptar una posición sobre el genocidio armenio de 1915.

El más reciente premio Nobel de Literatura, Orhan Pamuk, fue procesado en Estambul por negar la historia turca oficial, al decir que el genocidio armenio ocurrió efectivamente. Otros turcos han tenido que afrontar su procesamiento en Europa Occidental por decir que no ocurrió.

De modo que ahora las palabras son claramente un campo de batalla en el conflicto cultural entre el islam y Occidente. Ahora éste sabe que, como simple autocensura y no por mandato legal, los medios de comunicación no difundirán imágenes críticas de Mahoma y el Papa no volverá a hacer observaciones críticas sobre el islam, pero a esos gestos de cooperación con las sensibilidades musulmanas no han correspondido gestos recíprocos. Al contrario, Mahmud Ahmadineyad, presidente de Irán, ha amenazado con borrar a Israel del mapa. Ahora el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí intenta conseguir el procesamiento de Ahmadineyad por incitación a la comisión de genocidio: una violación del derecho internacional.

Pero también la prensa israelí se muestra belicosa. Los periódicos israelíes publican artículos sobre las razones por las que Israel puede necesitar atacar a Irán para impedir que adquiera un arsenal de armas nucleares. El presidente George W. Bush ha hecho declaraciones igualmente inquietantes, aunque más imprecisas, sobre Irán. En Alemania, semejantes llamamientos en pro de ataques militares preventivos son objeto de sanciones penales.

Los diferentes sistemas jurídicos del mundo nunca han coincidido demasiado sobre los límites de la libertad de expresión. Incluso entre buenos vecinos, como Canadá y EE. UU., hay pocas coincidencias sobre el castigo de las manifestaciones verbales de odio. Los canadienses castigan los insultos raciales, pero los estadounidenses no lo hacen, al menos si de lo que se trata es simplemente de proteger la dignidad de las minorías raciales.

Pero amenazar con la violencia es más grave. Muchos países coinciden en el apoyo al principio de que, si, por ejemplo, Ahmadineyad incurre en la incitación al genocidio, debe ser castigado en el Tribunal Penal Internacional. De hecho, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda castigó a los encargados de la emisora desde la que se pidió a los hutus que tomaran sus machetes y asesinaran a tutsis.

Hace un decenio, se habría dado un argumento válido en materia de derecho internacional en el sentido de que el ejemplo hutu-tutsi aboga por el procesamiento sólo después de que se haya causado el daño. Todos los precedentes internacionales – desde Nuremberg hasta el presente- se refieren a la intervención internacional después de las atrocidades en masa. La policía nacional puede lograr intervenir antes de que se produzca el delito, pero en la esfera internacional no existe una fuerza de policía que pueda hacerlo. Así, pues, el delito de incitación debe aplicarse sólo a casos como el de Ruanda, donde las emisiones radiofónicas contribuyeron efectivamente a la comisión del genocidio. En los casos en que dirigentes belicosos formulan amenazas públicas de enterrar a otro país (¿recuerdan a Jruschov?) o de borrarlo del mapa, los tribunales deben esperar, según se dijo, hasta que se haya producido algún daño.

Pero la comunidad internacional ha llegado a ser cada vez más intervencionista a la hora de utilizar los recursos legales contra personas que hacen declaraciones provocativas y peligrosas. En septiembre del 2005, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución 1624 – paradójicamente, con la aprobación de EE. UU.-, en la que se pedía a todos los estados miembros que aplicaran sanciones penales contra quienes incitasen al terrorismo. El modelo de incitación al que se referían es el mismo que ha invocado públicamente el primer ministro británico, Blair: dirigentes musulmanes que alzan la voz en las mezquitas e instan a sus congregaciones a salir a matar infieles.

Tradicionalmente, los estadounidenses han dicho que, de no existir un riesgo inmediato de violencia ilegítima, esa clase de declaraciones debe estar protegida por la Primera Enmienda. Los tribunales de EE. UU. sostuvieron que es mejor permitir la expresión de opiniones cargadas de odio que hacer centrar la atención en ellas al exhibirlas en los tribunales, pero cuando se trata del terrorismo en el mundo actual la mayoría de los países, incluidas las democracias del mundo, no son tan tolerantes como solían.

De modo que la posición liberal tradicional en pro de dar carta blanca a la libertad de expresión, incluso para los extremistas, está perdiendo terreno en todas partes. A la hora de luchar contra el terrorismo y la posibilidad de genocidio, el mundo está empezando a sentir miedo de las palabras peligrosas.