La guerra justa excluye a las mujeres

Tras la caída de los talibanes, todo el mundo quería venir y trabajar por los derechos de las mujeres y se enorgullecía de poder decir que estaban aquí para ayudar a las mujeres afganas. Poco a poco, esto ha desaparecido»… «Las mujeres no somos la prioridad para nuestro propio Gobierno ni para la comunidad internacional. Hemos sido olvidadas». Estas palabras de la parlamentaria afgana Shinkai Karokhail abren el reciente informe de la organización Human Rights Watch (HRW) Afganistán: mantener las promesas a las mujeres afganas, de muy limitadas repercusiones mediáticas en el mundo entero.

El informe es un relato, no por conocido menos escalofriante, acerca del régimen de terror bajo el que viven las afganas y a las que la intervención internacional apenas si ha sido capaz de dar una esperanza real. HRW considera que hubo mejoras entre 2002 y 2005, pero que a partir de entonces hay retrocesos dramáticos.

Las mujeres prominentes que luchan por los derechos femeninos son asesinadas o viven amedrentadas. El 87,2% de las afganas han sufrido al menos alguna vez la violencia o el matrimonio forzado. El delito de violación ha sido tipificado este año, pero las autoridades no lo persiguen, lo que favorece la impunidad y la venganza de los denunciados. Entre el 70% y el 80% de las bodas se celebran sin el consentimiento de la mujer o la niña, y en más de la mitad de los matrimonios las contrayentes son menores de 16 años. Las que huyen de sus casas no se libran de su condena, ya que, aunque no es delito escapar del hogar, las autoridades suelen devolver al infierno a las que consiguen atrapar. Los suicidios e intentos de suicidio prendiéndose fuego se cuentan por miles cada año, como hemos sabido de otros informes.

En plena campaña electoral, el presidente Hamid Karzai, financiado y apoyado por la comunidad internacional, aprobó la Ley sobre el Estatuto Personal Chií que permite a los hombres de etnia hazara dejar sin alimentos a la esposa que rehúse satisfacer sus necesidades sexuales, impone a la mujer la obligación de pedir permiso al marido para salir de casa y concede la patria potestad exclusivamente a los padres o abuelos (no a las madres o abuelas).

En el terreno educativo se han logrado avances, pero las escolares afrontan serias dificultades y en los primeros años de secundaria son sólo un 11% del alumnado. Este verano hubo 102 ataques a escuelas del sur y el este del país y 196 niñas fueron envenenadas.

Las atrocidades que sufren las afganas vienen consternando al mundo desde que la guerrilla fundamentalista talibán se hizo fuerte en el país a mediados de los años noventa, instituyendo el régimen más cruel que se ha conocido nunca contra la mitad de su población: las mujeres. La obligación de portar el burka, de no salir solas de casa, de abandonar las escuelas y de siquiera hacer ruido al andar para no molestar a los varones fueron algunos de los detalles de la vida cotidiana que fuimos conociendo con el corazón encogido, mientras llegaban noticias de violaciones, suicidios y asesinatos de mujeres.

Como es bien sabido, no fue esta brutal vulneración de los derechos humanos lo que movió a la comunidad internacional a atacar al régimen talibán, sino la evidencia de que los actos terroristas del 11-S se planificaron en suelo afgano. Pero muchos vieron en la invasión la oportunidad de acabar con el apartheid afgano. El peor, pero no único «apartheid sexual» existente en el mundo, como lo calificó en su día el diplomático Ignacio García-Valdecasas en estas mismas páginas. Ante la perplejidad de muchos, tras la caída de los talibanes, las mujeres continuaron y continúan secuestradas por los burkas y una sociedad cruelmente misógina. «Todas las mujeres son despreciables, incluidas tu madre y tu hermana», proclaman los pastunes.

Afganistán es de nuevo noticia. Pero no por el informe de HRW. Los aliados se disponen a reforzar sus efectivos para intentar ganar la batalla. Ni siquiera Barack Obama, que defendió la igualdad en su gira por el mundo árabe en junio, se acordó esta vez de las afganas en su valiente discurso de Oslo al recibir el Nobel de la Paz cuando defendió la intervención en Afganistán aludiendo a la guerra justa.

El mundo fue capaz de alzarse contra el apartheid surafricano y convertir en bandera la lucha contra la discriminación racial. En 1992, los atletas surafricanos, tras las sanciones impuestas al país, volvieron a participar en los Juegos Olímpicos, pero 26 países siguieron compitiendo en los Juegos a pesar de vetar a las mujeres en sus delegaciones, lo que contraviene el espíritu de la Carta Olímpica.

¿Por qué la discriminación sexual no tiene el mismo valor que otras injusticias sociales? ¿Por qué los derechos humanos de las mujeres quedan sistemáticamente al margen de las agendas políticas?

Hay una distorsión global en nuestro concepto de la Justicia y la Igualdad mientras suplicios como el que sufren las afganas se limiten a ser un asunto de las ONG. La comunidad internacional se apresta a reforzar sus tropas para dejar cuanto antes Afganistán. Todo parece indicar que hace tiempo que abandonó a su suerte a la mitad de la población del país.

Gabriela Cañas