El término guerra es de común aplicación. Se habla de la guerra del fútbol, de la guerra de precios en las rebajas o de dar mucha guerra cuando un niño es insoportablemente travieso. Se podría afirmar así que la palabra está muy devaluada. Entonces, ¿por qué es tan agrio el debate alrededor del término guerra? Pues porque, aunque parezca contradictorio, lo sustantivo no es el nombre sino su adjetivación. Y esto, en el caso que nos ocupa, tiene mucho más alcance que el de una mera cuestión semántica. Es el maridaje entre el concepto y la geografía (guerra y Afganistán) lo que da base al enconado debate político.
Para muchos, parece claro que la intervención en Afganistán no es una guerra, puesto que el artículo 63.3 de la Constitución precisa que «al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra…» y eso no se ha producido, y es muy improbable que suceda en un futuro. Lo contrario obligaría a pensar en una mutación tan radical del escenario de seguridad global que cuesta trabajo incluso imaginarla. Así pues, desde el punto de vista estrictamente constitucional, para la Nación española el concepto de guerra duerme afortunadamente en el archivo de la Historia. Pero la cuestión no debe verse sólo desde el prisma legal. El debate sobre la existencia o no de guerra en Afganistán está planteado hoy en España en términos distintos al mero plano jurídico. Es un complejo asunto en el que priman, entre otros, convicciones individuales, amplias dosis de subjetividad (en función de la experiencia de cada uno) y, naturalmente, legítimos intereses tanto individuales como partidistas.
Asimismo, lo que sucede en Afganistán es algo bien peculiar que resulta difícil describir de forma incuestionable. Desde el comienzo de la intervención internacional, en octubre de 2001, en respuesta a los atentados del 11-S, la situación allí ha ido deteriorándose día a día. Esto se ha producido, paradójicamente, a la vez que se incrementaban las fuerzas extranjeras y se implementaban sucesivas estrategias de la llamada comunidad internacional (en realidad, de EEUU). Hoy en el puzzle afgano se entremezclan asimetrías, combates irregulares y una amplia multiplicidad de actores, tanto locales como foráneos. En las operaciones contienden las armas, las ideas, las culturas o las religiones. Por haber disparidades, hasta hay intereses contrapuestos en el seno de los que se supone son de un mismo bando - tribu, nación, potencia internacional o coalición-. En el colmo de la confusión se llega a que las fuerzas de los países de la OTAN operen, bajo un único mando militar estadounidense, desde dos posturas supuestamente distintas: las que hacen la guerra y las que hacen la paz.
Después de nueve años de presencia de fuerzas internacionales sobre suelo afgano, el creciente, peligroso e incontestable desbarajuste sobre el terreno ha propiciado un intenso clamor en las sociedades de los países que tienen desplegadas fuerzas en Afganistán. Aquéllas perciben -no sin razón- que los esfuerzos políticos, el regreso de los cuerpos amortajados de sus soldados y la ingente cantidad de dinero gastado no han llevado, ni llevan, a alcanzar los objetivos deseados. Ni se ha atrapado a Osama bin Laden, ni existe un Gobierno solvente en Kabul, ni se ha acabado con la producción masiva y el tráfico de drogas, ni se ha llevado ante la Justicia a los miembros más destacados de Al Qaeda, ni se ha logrado una reconstrucción visible de casi nada. Y así, el disperso conflicto afgano no ha hecho más que crecer, constituyendo hoy el más grave peligro para la seguridad internacional y, particularmente, para la europea. La OTAN, en este envite, se está jugando su credibilidad y, posiblemente, su supervivencia a medio plazo y, de momento, las perspectivas no son buenas.
El último acto del drama ha sido el cambio del horizonte estratégico de las operaciones en Afganistán. La nueva estrategia presentada por el presidente Obama ha supuesto un balón de oxígeno para muchos gobiernos que, sintiéndose atrapados en una ratonera, sufrían una fuerte presión por parte de amplios sectores de las respectivas opiniones públicas, que desean que sus ejércitos se desenganchen del compromiso afgano. Sin embargo, uno teme que el alivio inicial, al menos para algunos, no va a durar mucho. Porque, dejando para otro momento el análisis de la estrategia anunciada, la llamada de Obama a la guerra, contenida en su discurso de West Point, podría convertirse para alguno en una trampa más peligrosa que aquélla de la que, supuestamente, les ha venido a liberar la nueva estrategia.
Efectivamente, el presidente de EEUU ha dejado claro en sus discursos que en Afganistán se libra una guerra. Pero, además, ha requerido de sus aliados un incremento del respectivo esfuerzo militar para ganarla. Aunque las respuestas definitivas deben darse el 28 de enero en la Conferencia Internacional de Londres sobre Afganistán, los países tradicionalmente más allegados a Washington se adelantaron ya en diciembre a respaldar la visión expuesta por Obama y anunciaron su disposición a tal incremento de soldados. Y, entre ellos -¡oh! sorpresa- se encuentra España. El pasado 17 de diciembre, la ministra de Defensa anunció en el Congreso la intención española de incrementar en un 50% el contingente militar en Afganistán. Ante tan inusual diligencia, resulta difícil entender cómo puede racionalmente desmarcarse de la guerra quien se posiciona en punta de vanguardia de los contribuyentes al esfuerzo de la misma, con sustantivas capacidades militares adicionales.
Es comprensible la dificultad de cambiar el discurso propio después de años de proclamar pertinazmente que en Afganistán no participamos en una guerra, o de afirmar que nuestras tropas no hacían allí otra cosa que labor humanitaria y reconstrucción (ahora también entrenamiento de las fuerzas de seguridad locales). Pero cualquier ciudadano observa que es necesario cambiar algún discurso porque, aunque constitucionalmente lo de Afganistán no sea una guerra, lo que allí está pasando se le parece muchísimo. Y si no, que se lo pregunten, por ejemplo, a los familiares de los muertos en acto de servicio en la zona de operaciones afgana o, simplemente, a los españoles que fueron emboscados en Buzbay el 27 de agosto de 2008. Y es que, a fin de cuentas, matar para defenderse o morir por los proyectiles enemigos son amargos fenómenos humanos, pero no humanitarios.
Pedro Pitarch, teniente general en la reserva, ex director general de Política de Defensa y ex jefe del Eurocuerpo.