Un balcón se desplomó y enterró las vidas de tres niñas menores de 12 años que conversaban en una acera de La Habana Vieja. Un trabajador de servicios comunales recogía basura en Centro Habana cuando parte de la pared de un edificio le cayó encima y lo dejó sin vida. Una madre y su hija murieron al desmoronarse su vivienda con ellas dentro en el municipio Playa. Luego de pasar tres horas bajo escombros y ser rescatada, una anciana falleció en un hospital después que su edificio, en el municipio Cerro, se derrumbara. Estos son solo cuatro lamentables pasajes de muchos más ocurridos en los últimos meses en la capital de Cuba. La Habana, que recién cumplió 500 años y que fue reconocida como una de las siete ciudades maravillas modernas y cuyo centro histórico es patrimonio de la humanidad, desde hace años es una ciudad ruinosa que se cae a pedazos y donde miles de sus habitantes viven al borde de la muerte.
La situación de la vivienda es el principal problema social que tiene el régimen de la isla, un asunto que no ha podido solucionar en más de seis décadas y que forma parte de su programa político. En 1953, incluso antes de llegar al poder, Fidel Castro se comprometió a que esta sería una de las prioridades de su gobierno, pero se fue a la tumba en 2016 sin haber cumplido con la promesa.
Hoy, el presidente Miguel Díaz-Canel tiene la misma intención y por ello lanzó el “programa de la vivienda”, un plan que prevé solucionar la trama en un plazo de 10 años, aunque ya ha pasado uno desde la implementación y la política no muestra resultados notables. El país sigue haciéndose añicos y mucha gente sigue sin casa o viviendo en hogares de condiciones deplorables con riesgo para sus vidas.
Ahora, con la crisis económica que está dejando la pandemia, será mucho más difícil que el régimen pueda sacar adelante su propósito: llevan meses sin turismo y con las arcas vacías. No obstante, una parte de los pocos recursos que tiene el Estado, tendrá que ser destinado a salvar ya no el fondo habitacional del país, sino a sus ciudadanos. Si no sucede así, los cubanos seguiremos llorando las muertes de los más desprotegidos.
Del triunfo de la revolución, en 1959, a 2018, ocurrieron en la isla 60,975 derrumbes totales, según Granma. La depauperación del fondo habitacional de la nación y la incapacidad del castrismo para afrontarla son innegables. Uno no logra explicarse cómo en un país pueden sucederse alrededor de 1,000 derrumbes anuales durante casi seis décadas consecutivas y que un gobierno no se enfoque en solucionar tamaña situación. En la actualidad, 47% de todas las viviendas cubanas necesitan rehabilitarse o repararse y 5% está en peligro de derrumbe, declara un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Dentro de toda esa debacle inmobiliaria que padece la isla, La Habana, la provincia con mayor densidad poblacional del país, es la de peores números. De acuerdo a cifras de Cubadebate, la ciudad, de 2.1 millones de habitantes, tiene un déficit habitacional de 185,348 inmuebles, de los cuales deben repararse 83,878 y reponerse 46,158. Además, se necesitan 43,854 hogares para personas que perdieron sus casas por derrumbes y se encuentran pernoctando en albergues estatales, así como 11,458 viviendas más por el crecimiento habitacional de la ciudad.
La situación es tan calamitosa que hace unos meses, la ciudadanía comenzó a ubicar en un mapa virtual las zonas de la ciudad con peligro de derrumbe para evitar muertes de transeúntes.
Con ese mismo fin, Silverio Portal, un opositor de 57 años, comenzó a desarrollar “No más muertes por derrumbes en Cuba”, un proyecto social para intentar contrarrestar la situación de la vivienda en La Habana y ayudar así a familias que lo necesitaran. Silverio y su pareja, Lucinda González, de 58 años, son miembros de la organización política “Cuba Independiente y Democrática”.
“Él se dedicaba a documentar información del mal estado en el que viven las personas y esa información la presentaba en las instituciones pertinentes, pero nunca lo escuchaban”, me dice Lucinda en una entrevista. Por eso, explica, Silveiro reunió a varios opositores en el Parque Central para reclamar el derecho a vivir en casas dignas y decorosas, mejores salarios y libertad para el pueblo.
Ese día, cuenta Lucinda, él fue brutalmente golpeado por decenas de agentes de la Seguridad del Estado y por policías. Después de esto, lo llevaron a prisión y luego a juicio, donde lo sancionaron a cuatro años de privación de libertad en 2018. Silverio es uno de los 122 presos políticos cubanos, le impusieron los presuntos delitos de “desorden público” y “desacato”, las figuras legales que más emplea el régimen de la isla contra sus opositores.
Silverio se internaba en la maleza de La Habana derruida para intentar darle una mano a los que estaban caminando por la cornisa de sus vidas. Ahora, en la tercera vez que está en prisión política, es la suya la que corre peligro. “Le dio una trombosis y tiene todo el lado izquierdo de su cuerpo paralizado, además sufrió dos isquemias y está perdiendo la visión de los dos ojos”, afirma Lucinda González, a quien no dejan visitar a su pareja en la cárcel desde febrero porque no está casada con él, por lo que lleva semanas exigiéndole al régimen que le dé “una prueba de fe del estado de salud de Silverio”.
“Mi arte es para denunciar las condiciones de vida de los cubanos”, dice Yulier P., el rostro más visible del grafiti en Cuba. De ahí que se haya solidarizado con la causa de Silverio Portal: en una pared descorchada del barrio de Luyanó pintó un mural que muestra un alma triste y ojerosa con sus manos esposadas.
Hace tres años, el artista indignó al gobierno al pintar más de 200 grafitis contestatarios en las zonas derruidas de La Habana. Hoy no puede dar un brochazo más en la calle, el régimen se lo tiene prohibido. “Si lo hago, me meten preso”, dice Yulier P., quien para evadir la censura, recoge piedras de derrumbes, las interviene en su casa y las coloca en la vía pública. Les llama “Regalos”.
La Habana es una ciudad donde los derrumbes ya no son noticias. Que quienes deben responder por semejante sacrilegio, estén malgastando los recursos del Estado en reprimir a los que se quejan por no morir aplastados por un techo, deja claro el carácter despótico y opresor del régimen cubano.
Abraham Jiménez Enoa es periodista en Cuba y cofundador de la revista ‘El Estornudo’.