La herida palestina

Por Igancio Álvarez-Ossorio, profesor de EE. Árabes e Islámicos en la Universidad de Alicante y colaborador de Bakeaz (EL CORREO DIGITAL, 20/06/07):

Aunque se barajaba desde hacía algún tiempo, la eventualidad de una guerra civil palestina siempre acababa por ser descartada. Era una línea roja insalvable: la frontera que ninguna de las facciones se atrevería nunca a sobrepasar por considerar que el único beneficiario sería Israel. La disolución del Gobierno, la declaración del estado de emergencia y la convocatoria de nuevas elecciones muestran a las claras la situación anárquica que viven los territorios palestinos, pero también el colapso de toda una sociedad después de 40 años de brutal ocupación.

Los enfrentamientos armados, que han dejado ya más de un centenar de víctimas, han hecho añicos cualquier proyecto de convivencia pacífica entre las dos principales formaciones palestinas -Hamás y Fatah- y rompen el Gobierno de Unidad Nacional creado el 17 de marzo. Los propósitos que se cifró aquel Ejecutivo parecen ahora inalcanzables: «Consolidar la unidad nacional, la salvaguarda de la paz civil, los valores de respeto mutuo y del diálogo, poniendo fin a todas las tensiones acumuladas. Fortalecerá la cultura de convivencia, preservará las vidas de los ciudadanos palestinos y neutralizará cualquier atisbo de luchas intestinas».

Como viene siendo habitual, la comunidad internacional -incluidos el Cuarteto y el Ejecutivo español- se ha apresurado a cargar toda la responsabilidad de la actual crisis sobre las espaldas de los islamistas de Hamás. Al proceder de esta manera se corre el riesgo de infravalorar otros elementos indispensables para comprender el cuadro palestino en toda su complejidad. ¿No guarda alguna relación el caos que se sufre en la franja de Gaza con las desastrosas políticas adoptadas por los actores internacionales en los últimos años? ¿Por qué la situación no ha dejado de deteriorarse desde que Israel se retirara en falso de dicha franja en el verano de 2005 y dejase al millón y medio de palestinos encerrados en una enorme prisión de 365 kilómetros cuadrados sin una sola salida al exterior? ¿Por qué no se recuerda que, desde entonces, las fábricas se han visto obligadas a cerrar sus puertas y el comercio se ha interrumpido por completo? ¿Incide en la actual situación el hecho de que la mitad de la población de Gaza esté desempleada y que el 75% viva bajo el umbral de la pobreza? ¿Acaso esta crisis no tiene ninguna relación con que diversos organismos de la ONU hayan denunciado que, como consecuencia del desabastecimiento de productos de primera necesidad, la malnutrición afecta a la mitad de los habitantes de la franja?

La comunidad internacional ha jugado un papel central en esta crisis. Tanto Bruselas como Washington confiaban en que el estrangulamiento económico del Gobierno dirigido por Ismael Haniya acabase por pasarle factura, restándole apoyos dentro de la sociedad palestina. Al proceder de esta manera, se esperaba que Hamás se viese obligado a convocar unas nuevas elecciones que devolviesen a Fatah el monopolio de la escena política. Este planteamiento, que compartían buena parte de las cancillerías occidentales, era potencialmente explosivo porque mostraba que la comunidad internacional apostaba directamente por Fatah y, además, intervenía de manera encubierta para acelerar la caída del Gobierno islamista. Las generosas ayudas internacionales a los prohombres de Fatah y la entrada de armamentos para la Guardia Presidencial y la Seguridad Preventiva, ambas controladas también por Fatah, fueron interpretadas por buena parte de la población como un intento de azuzar las diferencias internas y encender la llama de la guerra civil.

Además de esta intromisión en los asuntos internos palestinos, el principal reproche que se puede formular a la comunidad internacional es su absoluta pasividad ante las políticas anexionistas israelíes. Mientras se aislaba a la Autoridad Palestina y se boicoteaba a su primer ministro, Israel tenía luz verde para proseguir con la expropiación de más tierras, la construcción de nuevos asentamientos, el desplazamiento de colonos a los territorios ocupados, el establecimiento de más controles militares y, por último, el avance del inmenso muro de 700 kilómetros, que está encerrando al pueblo palestino en guetos y creando una situación que cada vez guarda más parecido con el 'apartheid' sudafricano. Esta política de 'hechos consumados', que vulnera todas las convenciones sobre derechos humanos, no ha merecido la menor recriminación por parte de los dirigentes europeos, lo que ha acrecentado la frustración de la sociedad palestina y ha asentado la idea de que la comunidad internacional se ha desentendido, de manera definitiva, de su destino.

Como denunció ante Naciones Unidas John Dugard, relator especial sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Ocupados, «se ha sometido al pueblo palestino a sanciones económicas: nunca se ha tratado así a un pueblo bajo ocupación ( ). Mientras tanto, el pueblo palestino, más que la Autoridad Palestina, se ve sometido a las que tal vez sean las formas más estrictas de sanciones internacionales impuestas en los tiempos modernos. Es interesante recordar que los Estados occidentales se negaron a imponer verdaderas sanciones económicas a Sudáfrica para obligarla a poner fin al 'apartheid', porque consideraban que con ello se perjudicaría a la población negra. Pero los palestinos y sus derechos humanos no suscitan la misma compasión».