La historia llama dos veces

Por José Antonio Martín Pallí, Magistrado emérito del T. Supremo (EL PERIÓDICO, 22/10/08):

El juez Baltasar Garzón ha llamado por segunda vez a las puertas de la historia de España. En la primera ocasión, los que tenían que haber llamado se arrepintieron a última hora y nos dejaron desolados ante la intemperie de los únicos reductos fascistas de la punta sur de Europa. Si los aliados hubieran sido fieles a los principios por los que lucharon y dieron generosamente su sangre, habrían liberado los dos últimos bastiones de las dictaduras que oprimían a España y Portugal. Por lo visto, no estaba en sus previsiones, y no creo que puedan sentirse orgullosos de su inconsecuencia.
Ocupadas Francia y la Alemania nazi, poco les hubiera costado traspasar la barrera de los Pirineos y extender su lucha redentora a unos millones de ciudadanos que creían, muy a pesar de algunos, en la democracia y que defendían la República tal como se había diseñado en su Constitución de 1931.
No es difícil imaginarse que, de producirse esta decisión, Salazar y Franco, con todo su aparato represor, habrían seguido la misma suerte que Mussolini y los jefes del nazismo juzgados en Núremberg. Creo que no habrían sido necesarias condenas a muerte: una ejemplar y duradera pena de prisión habría colmado los principios de justicia.

NO FUE ASÍ, y no conduce a nada lamentarse del pasado. Vinieron 40 años de dictadura fascista autentificada en sus textos, con orgullo indisimulado. Ese tiempo sirvió para seguir con la política de exterminio que se recoge en escritos indelebles para la historia.
Una España envuelta en los andrajos del pasado malvivió durante esos largos y oscuros años, viendo cómo se nos escapaba el tren de Europa, salvo para los tres millones que tuvieron que emigrar en busca de una estabilidad económica y un horizonte menos asfixiante. Algunos monárquicos o los demócratas de derechas que se reunieron en lo que la coreografía banal y grotesca del régimen denominó “el contubernio de Múnich”, trataron de abrir una ventana en un sistema político que, de forma delirante, mantenía que sus principios rectores eran permanentes e inmutables y que la cruz y la espada eran sus únicas herramientas para gobernar. Miraban, y siguen mirando, a un pasado imperial, esfumado hacía tiempo, por culpa de los integristas que no supieron abrirse a la Ilustración y persiguieron con saña a los que los mentecatos de siempre llamaron afrancesados y, por tanto, antiespañoles. La comunidad internacional nos contemplaba perpleja y con ese desprecio incontenido hacia lo que siempre consideró cosas de los españoles, inquisidores y contrarreformista.
Pasemos página y volvamos al presente. El 16 de octubre del 2008, el juez central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, dictó una resolución judicial que supone un hito en la historia de España, con lo que ha llamado por segunda vez a las puertas de la democracia y la dignidad. Estamos ante una pieza de un gran valor histórico y jurídico. Por muchas que sean las trabas que se le pongan, pasará a las bibliotecas y al corazón de todos los que sentimos que no se puede vivir sin situar el pasado en su verdadera dimensión. Es decir, en el lugar al que han pasado los regí- menes fascistas y nazis que tanto contribuyeron a sacar adelante un golpe militar, cuyos objetivos están nítidamente expuestos en el auto judicial que ahora quiere recurrir el Ministerio Fiscal, defensor de la legalidad y de los principios de justicia, constitucionalmente reconocidos como valores supremos.
Les sugiero que lean detenidamente la precisa y demoledora argumentación del juez. Nada es ajeno a su atención y va a ser muy difícil que el fiscal general del Estado pueda justificar, ante los demócratas y ante la comunidad internacional, que España es una excepción en el mundo internacional que ha cerrado espacios a la impunidad de los crímenes de lesa humanidad. Esperamos alguna argumentación convincente, sin perjuicio de que pueda abrirse paso, al hilo de fórmulas legalistas, apegadas a principios ya superados como la irretroactividad sancionadora de los crímenes de lesa humanidad o la vigencia de una amnistía preconstitucional que, como la de Argentina, también fue acordada por un Gobierno democrático y constitucional. Una sentencia memorable de la Corte Suprema se encargó de anular las leyes de punto final y obediencia debida.

NOS HAN recordado que no estamos en la órbita de la Convención Americana de Derechos Humanos, como si se tratase de un texto extraño procedente de otra galaxia. El argumento me parece muy pobre. De todas formas, les recomiendo la lectura del artículo 7 de la Constitución de 1931, para los que sostienen que la República no adoptó el derecho internacional de los derechos humanos. Recientemente, la Comisión de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Caso Francia-Nueva Caledonia. Leyes. Amnistía de 1988 y 1990), nos ha recordado que las amnistías por crímenes de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas no tienen encaje en los principios del derecho internacional, que también España ha asumido.
Como persona que ha dedicado casi 20 años de su actividad profesional al Ministerio Fiscal, espero y deseo que sus argumentos no se aparten de estos principios.