La historia será severa con Rajoy

El año 2004 el historiador Javier Tusell al cerrar su estudio El Aznarato sentenció: “La historia será severa con Aznar”. No se equivocaba. Hoy la mayoría de los estudiosos hace una evaluación bastante crítica de la gestión de José María Aznar, especialmente de su segundo mandato (2000-2004). ¿Qué pueden decir hoy los historiadores de los cuatro años que Mariano Rajoy ha presidido el Gobierno español? Se me dirá, de entrada, que es demasiado pronto para poder hacer un análisis riguroso y cumplido y que las consecuencias de su gestión se tienen que ver con más perspectiva. Tal vez sí, pero no hay ninguna duda de que la compleja situación política actual obliga a hacer valoraciones, aunque sean provisionales, de la actuación de quien hoy es el presidente en funciones y, además, aspira a un segundo mandato.

No podemos aquí repasar con detenimiento las actuaciones del Gobierno Rajoy que han afectado a las condiciones de vida y de trabajo de los españoles. Ahora bien, muchos especialistas coinciden en destacar que el nuestro es el país europeo donde estos últimos cuatro años se ha producido el mayor incremento de la desigualdad económica. Con la excusa de la crisis, el Gobierno Rajoy ha impulsado un conjunto de medidas que han empobrecido a las clases medias, llevado a la marginalidad a una parte de las populares –Cáritas asiste al triple de gente que hace cuatro años– al mismo tiempo que ha sido incapaz de abrir ningún camino para las nuevas generaciones: hoy España tiene el récord europeo de paro juvenil, el de desahuciados y el de ciudadanos estafados por productos financieros contaminados.

La relación de políticas públicas polémicas e impuestas sin ningún consenso político es bien larga: una reforma laboral que ha precarizado contratos y favorecido despidos sin incentivar la creación de puestos de trabajo; la fiscalización política de los ayuntamientos; la liquidación de las ayudas a las energías renovables; la recuperación de los planes hidrológicos; la casi desaparición de la política de asistencia a la dependencia; el estrangulamiento económico y tendencia a la privatización del sistema sanitario; la reforma de la enseñanza con la oposición de la mayoría de docentes y de partidos, etcétera.

El Gobierno Rajoy ha mostrado una notable desconfianza hacia los gobiernos autonómicos y ha descargado sobre ellos, gestores de los principales servicios públicos, la mayoría de la deuda, hecho que ha provocado el ahogo financiero de estas administraciones. Su determinación para laminar las competencias autonómicas ha llevado al Gobierno del PP a desobedecer diversas sentencias del Constitucional. Y es bastante conocida su actitud de no reconocer la especificidad de la “cuestión catalana” y su total negativa a tratar ninguna de las demandas presentadas estos años por la Generalitat. La actitud cerrada del Gobierno Rajoy ya sabemos bastante bien adónde nos ha llevado y no se avista ninguna intención de rectificar.

Lo que me ha decidido a escribir este balance es el nivel al que ha llegado la corrupción dentro del PP y la actitud pasiva del mismo Rajoy. Hoy centenares de militantes de este partido están implicados en casos de corrupción –Bárcenas, Gürtel, Matas, Fabra, Caja Madrid, Nóos, Rato, Púnica, Acuamed, Los Alcázares, Palma Arena, diputaciones y ayuntamientos del País Valenciano, Comunidad de Madrid, etcétera–, hecho que da a entender que ha habido un auténtico saqueo de las administraciones públicas tolerado por el Gobierno. La persecución de la corrupción ha sido posible merced a la actitud realmente independiente de muchos jueces que se han resistido, y se resisten, a las presiones del Ejecutivo. La reciente reforma exprés del TC es una nueva muestra de la voluntad intervencionista de Rajoy y su gobierno sobre el poder judicial. El descrédito de los políticos y de los partidos, y la baja calidad del sistema democrático se han acentuado notablemente durante los últimos años.

Rajoy ha actuado de esta forma tan prepotente porque consideró que había que aprovechar que tenía la mayoría absoluta en las Cortes para proceder a una rectificación de las políticas hechas en España desde 1977 e imponer una interpretación restrictiva de la Constitución de 1978. Su gobierno no ha pactado prácticamente ninguna ley, ni ha buscado apoyo parlamentario para sus proyectos y, encima, ha tratado a los grupos de la oposición con desdén. De hecho, ha intentado llevar a cabo la segunda transición, tan predicada por Aznar, la que tenía que enmendar los “excesos autonomistas e izquierdistas” de la primera.

La herencia que deja Rajoy es bien pesada: un partido, el PP, desacreditado y que habrá que refundar; un sistema político, el bipartidista, herido de muerte; una Constitución, la de 1978, agotada; la calidad democrática bajo mínimos; y unos ciudadanos más desiguales, más frustrados y más insatisfechos. Si la española fuera una democracia responsable ya haría tiempo que Mariano Rajoy habría dimitido por su implicación en el caso Bárcenas y por no condenar ni detener la corrupción que infecta a su partido. Realmente, la involución que han significado sus cuatro años de mandato es superior a la del último gobierno de Aznar. No tengo ninguna duda de que el Gobierno Rajoy pasará a la historia de los retrocesos políticos, y mira que ha habido en la historia española.

Borja de Riquer

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