La historia sin documentos

El prestigioso historiador norteamericano Robert Darnton, un especialista en la historia cultural y uno de los mayores expertos en la Francia del siglo XVIII, recordaba hace no demasiado tiempo que “la historia está escondida en los papeles que esperan en los archivos”. No se trata de una frase original. Ya hace dos siglos que Leopold von Ranke, considerado el impulsor de la historiografía científica, afirmaba algo parecido. El argumento encierra, a pesar del tiempo transcurrido, una gran verdad. De hecho, esta afirmación, tan rotunda y sin matices, se ha convertido prácticamente en un axioma incuestionable para la mayor parte la población, que desconoce en gran medida los entresijos de la investigación histórica, y que sigue creyendo que todo hecho ocurrido en el pasado, absolutamente todo, se conserva registrado en los archivos.

Quienes nos dedicamos profesionalmente a investigar ese pasado sabemos que desgraciadamente esto no es así. No todo quedó registrado en los archivos y ni siquiera se conserva aquello que estos guardaron en su momento. Pero lo cierto es que los archivos y la documentación que custodian siguen siendo, aún hoy en día, cuando las nuevas tecnologías han generado otra serie de medios de acceso a la información, la fuente fundamental para la investigación histórica, al igual que la prensa, los testimonios orales o los documentos audiovisuales. Muchas de tales fuentes se pueden consultar ya en internet y están al alcance de un solo click. Pero los documentos, bastantes de ellos todavía inéditos, continúan siendo la fuente principal de conocimiento para buena parte de los trabajos de investigación del historiador, incluidos aquellos que se centran en los periodos más recientes de nuestra historia.

Por descontado, en esta nómina también encontramos los temas más dolorosos que han marcado nuestra historia más reciente, como los relacionados con la violencia política y sus víctimas. Por ejemplo, el terrorismo. Valga como muestra la exhaustiva investigación realizada por Carmen Alba, la excoordinadora de la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional, quien ha conseguido localizar en diversos archivos casi todas las causas judiciales acerca de atentados mortales de las bandas terroristas que han operado en España. La absoluta mayoría de ellas nunca habían sido consultadas por historiadores hasta ahora.

A raíz de una jornada organizada el pasado mes de marzo por el Instituto Valentín de Foronda y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, se ha tomado conciencia de un grave problema que no afecta únicamente a los investigadores, ni siquiera a los archiveros, que tienen el deber de hacer compatible el derecho del acceso de los ciudadanos a la documentación con el respeto a unas normas que lo regulen y establezcan una serie de límites perfectamente comprensibles. Se trata de una situación escandalosa que debería preocupar a las instituciones públicas.

Nos referimos al expurgo indiscriminado que se está produciendo en fondos especialmente sensibles, como los archivos judiciales. Somos plenamente conscientes del enorme problema de espacio que se ha producido a lo largo de los años tras la acumulación de decenas de miles de cajas de documentos, expedientes y legajos generados por todo tipo de departamentos y áreas que corresponden a las diferentes instituciones públicas de este país. Y somos igualmente sensibles acerca del problema que arrastran los juzgados, pero el expurgo indiscriminado de los fondos judiciales, solventado con los mismos o parecidos criterios que aquellos que se aplican a otro tipo de documentación (expedientes sobre viviendas, ayudas sociales, urbanismo, permisos de apertura de establecimientos comerciales…), constituye un verdadero atentado contra el patrimonio histórico.

Resulta perturbador que expedientes judiciales como los que afectan, por ejemplo, al caso del asesinato del periodista José María Portell a manos de ETA, fueran expurgados sin miramientos, impidiendo ahora la investigación histórica, sobre todo cuando se trata de un caso no resuelto por la Justicia. Existen en la actualidad diferentes comisiones de expertos que valoran y deciden sobre el tipo y el alcance de los expurgos que deben efectuarse en los fondos archivísticos de la Administración. Son comisiones que deciden la conservación de un número muy limitado de documentos de cada departamento que pueda servir como muestra de un determinado proceso administrativo. Resulta innecesaria la conservación de decenas de miles de documentos sobre expedientes de determinados trámites que responden de forma repetitiva a fórmulas administrativas impulsadas por cada área, servicio o departamento. La selección de una muestra representativa permite reconstruir el modo de actuación y tramitación de una determinada actuación por parte de la Administración y del ciudadano afectado por ella.

No es el caso de los expedientes judiciales. O no debería serlo, sobre todo teniendo en cuenta la delicada naturaleza de la información que recoge la documentación. Cada crimen es único, aunque formase parte de una estrategia impulsada por una determinada organización. La destrucción de un expediente judicial que recoge el complicado recorrido de cada caso, con todo lo que ello conlleva, no solo constituye un atentado al patrimonio histórico, como ya se ha señalado, sino una afrenta para quienes sufrieron ese crimen en sus propias carnes, las víctimas.

Una Administración no puede defender el derecho a la memoria y a la justicia de estas últimas y al mismo tiempo permitir la destrucción de una documentación tan sensible como la judicial, cuyo estudio permitiría al menos a los historiadores, reconstruir cada caso, cada asesinato, analizar el recorrido y la eficacia de propios tribunales, contextualizar los crímenes que se cometieron en el pasado y con ello, facilitar la recuperación y dignificación de la memoria de las víctimas.

José Antonio Pérez Pérez es miembro del Instituto Valentín de Foronda y Gaizka Fernández Soldevilla del Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo.

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