El impacto de las próximas elecciones catalanas será decisivo, y no sólo en Cataluña. Y lo será a lo largo de todo el proceso: la campaña, la participación, y los resultados y los posibles pactos poselectorales.
Será importante ver exactamente cómo las diferentes fuerzas políticas encaran la campaña: el debate político y electoral en Cataluña ha pivotado de manera obsesiva en los últimos años sobre la independencia, enconando y polarizando tanto el escenario catalán como del conjunto de España. No esperen que el tema territorial salga del debate —básicamente porque hay líderes políticos y sociales en prisión o fuera del país—, pero el fracaso político de 2017 ha quitado la iniciativa política al independentismo y, sobre todo, la situación sanitaria y económica ha alterado las prioridades de la ciudadanía, poniendo la gestión en el centro. En este marco, está por ver qué partidos y en qué proporciones darán espacio a una u a otra cosa.
Será también decisivo ver cómo se desarrolla la participación. Los miedos al contagio y el hastío por el vodevil en torno a la fecha que se han vivido en las últimas semanas pasarán factura a la participación. Es difícil predecir la envergadura de la abstención y su distribución territorial y partidista y por lo tanto su impacto en la distribución de escaños. En Cataluña no hay ley electoral propia, y desajustes mínimos en la participación (especialmente en las circunscripciones más pequeñas) pueden provocar cambios significativos. Pero más allá de las incertidumbres, es de esperar de los partidos —especialmente de los independentistas, que con más ahínco han defendido la suspensión, acusando a los tribunales de intrusión, y ahondando en las narrativas victimistas— que animen a la participación y acepten los resultados. Dudar de la legitimidad del proceso electoral llevaría a una situación insostenible para las instituciones catalanas y pondría en entredicho el propio autogobierno.
Finalmente, habrá que ver los resultados, harto inciertos, según todas las previsiones demoscópicas. Se entrevén algunas tendencias: la irrupción de la flamante candidatura socialista de Illa, la dificultad por parte de ERC de mantener el liderazgo que los sondeos de los últimos meses daban por asentado, la resistencia rocosa del partido de Puigdemont, un severo correctivo para Ciudadanos, las dificultades de la CUP, la pugna entre PP y Vox a la derecha y el mantenimiento de un suelo electoral —no conspicuo pero estable— para los Comunes. Se augura un Parlament muy plural, en el cual, a falta de sorpresas de última hora, para formar mayoría se necesitará la colaboración de al menos tres partidos.
En este trance, la aritmética será importante, pero la política debería serlo aún más. Es cierto que en unas elecciones los números hacen extraños compañeros de cama. Así como que las correlaciones de fuerzas determinan las características de las propuestas de gobierno. Aun así, no será la aritmética lo que determinará la próxima mayoría de gobierno sino una apuesta política. Y, en este sentido, hay la oportunidad de abrir una nueva etapa en Cataluña a partir de un Gobierno progresista de mayoría amplia, que reúna —la aritmética jugará un papel en la fórmula concreta en esto— a socialistas, comunes y republicanos. Más allá de los vetos cruzados que retumban ahora, se trata de un tipo de colaboración que ya se produce, de una u otra forma, tanto a escala estatal, como en el Ayuntamiento de Barcelona, y que por ello la ciudadanía visualiza como posible.
Los decibelios de las polémicas del día a día, especialmente en redes, parecen indicar que no será fácil aproximarse al acuerdo. Y sin embargo, puede ser una oportunidad para los tres. Para los socialistas como ocasión para ser protagonistas de la que han llamado “agenda de reencuentro”. Para los republicanos, como manera de apartarse de un independentismo de Junts cada vez más instalado en posiciones identitarias y excluyentes —tuvo que dimitir un candidato por declaraciones sexistas y xenófobas, pero Canadell, su número tres, se mantiene a pesar de sus tuits filotrumpistas y claramente hispanófobos—, demostrando así que su independentismo efectivamente se concreta en mejorar la vida de la ciudadanía. Para los Comunes, es la oportunidad de ganar liderazgo en el escenario catalán, consolidándose como rótula de acuerdos que superen un pasado de conflicto y planteen un futuro más justo e igualitario. Sobre todo —y esto es lo importante— es una oportunidad para la ciudadanía de Cataluña, que vería cómo se puede salir del atolladero de la polarización identitaria y de la degradación institucional. Ahora toca encarar los enorme retos que vienen —mejorar la sanidad pública, sostener los sectores en dificultades y plantear la reorientación económica a partir de los fondos europeos, por encima de todo— con solvencia, políticas de progreso y recuperación del prestigio de las instituciones.
Será difícil, pero es posible: es la hora de la valentía.
Paola Lo Cascio es profesora de Historia Contemporánea de la Universitat de Barcelona.