La hora de la verdad de Hong Kong

La hora de la verdad de Hong Kong

Siempre hubo algo ilusorio en la Declaración Conjunta Sino-Británica de 1984 que garantizaba la continuación del sistema capitalista y las libertades básicas de Hong Kong durante 50 años después del retorno de la ciudad a la soberanía china en 1997. La Declaración Conjunta había sido posible gracias a la fórmula inteligente de “un país, dos sistemas” del líder chino Deng Xiaoping, que le permitió al Reino Unido retirarse, salvando las apariencias, de una posición colonial que ya no podía defender.

La ilusión radicaba en la noción de que un segundo sistema basado en la libertad económica y el estado de derecho se podía mantener durante 50 años dentro de una dictadura comunista. Definir a la Declaración Conjunta como un tratado internacional y presentarlo dentro del marco de las Naciones Unidas no tenía ninguna importancia, porque ni Gran Bretaña ni ningún otro iba a ir a la guerra para defenderlo.

Lo que aparentemente le dio sustancia a la ilusión fue la idea de que preservar el estilo de vida capitalista de Hong Kong implicaba un beneficio para China, especialmente si se tenía en cuenta que el país había abrazado la economía de mercado bajo las directivas de Deng. También existía la remota esperanza de que el capitalismo chino gradualmente condujera a una mayor democracia, para que los dos sistemas finalmente convergieran.

Las cosas no resultaron de esa manera. El propio milagro económico de China hizo que Hong Kong le resultara menos importante desde un punto de vista económico, mientras que la represión violenta de Deng de las protestas de la Plaza Tiananmen en 1989 desbarató cualquier esperanza de que el régimen comunista se extinguiera.

La crisis actual de Hong Kong surgió tras la implementación de la Ley Básica de 1990, una constitución destinada a dar efecto a la Declaración Conjunta. El Artículo 23 de la Ley Básica estipula que la Región Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK) “implementará leyes por cuenta propia para prohibir cualquier acto de traición, secesión, sedición, subversión contra el Gobierno Popular Central”. La RAEHK también “prohibiría que organizaciones u organismos políticos extranjeros realizaran actividades políticas en la Región”, prohibiendo a la vez “que organizaciones u organismos políticos de la Región establecieran vínculos con organizaciones u organismos políticos extranjeros”.

El Artículo 23 estaba destinado a fijar los límites de la autonomía de Hong Kong y a ayudar a garantizar que China conservara el control de la seguridad, la defensa y la política exterior. Los intentos británicos antes de 1997 de limitar el alcance de la cláusula a actos específicos de violencia –a diferencia de expresiones de opinión y política- fueron vetados por China. Y los esfuerzos post-traspaso del gobierno de Hong Kong de implementar el Artículo 23 fracasaron frente a las protestas populares.

A los ojos de China, la RAEHK carecía de las herramientas para lidiar con la “subversión”. Pero muchos ciudadanos de Hong Kong consideraron que el Artículo 23 era una amenaza que pendía sobre su futuro.

China tuvo su oportunidad de actuar cuando estallaron las protestas callejeras generalizadas en Hong Kong en junio del año pasado, luego del intento políticamente inepto de Carrie Lam, la jefa ejecutiva de la ciudad, de sancionar por la fuerza un proyecto de ley de extradición en nombre de China. Si bien el principal objetivo de China era castigar y disuadir los delitos económicos en el continente, los manifestantes temían –con cierta justificación- que la ley propuesta expusiera a los ciudadanos de Hong Kong a las definiciones de delito del continente y al sistema judicial iliberal de China. El proyecto de ley finalmente se retiró, pero recién después de que meses de desorden civil habían paralizado a gran parte de Hong Kong.

Ahora, con el resto del mundo distraído por el COVID-19, el presidente chino, Xi Jinping, ha subido la apuesta exigiendo la inmediata implementación de la ley de seguridad faltante. El 28 de mayo, la Asamblea Popular Nacional China demandó que se implementara el Artículo 23, junto con medidas complementarias que les permitirían a las fuerzas de seguridad china operar en Hong Kong, mediante un proceso especial bajo el Anexo III de la Ley Básica, lo que le permite al ejecutivo de Hong Kong eludir una aprobación legislativa y judicial local.

La posición legal de China no carece de fundamento, porque la autonomía garantizada de Hong Kong nunca se extendió a la seguridad nacional. Pero el nudo de la cuestión es que la nueva ley de seguridad incumple con el espíritu, si no la letra, de la Declaración Conjunta, porque la dinámica política de los “dos sistemas” ha comenzado a divergir profundamente.

Las dictaduras siempre se sienten menos legítimas en las sociedades libres, de modo que siempre exigirán más “seguridad” de lo que una sociedad libre considera apropiado. La noción de que la Declaración Conjunta le evitaría a Hong Kong esta hora de la verdad hoy ha quedado expuesta como una ficción.

La crisis de Hong Kong alimentará aún más las demandas occidentales, particularmente de Estados Unidos, de sanciones económicas contra China, como parte del esfuerzo más amplio por contener el ascenso del país. Imponer una ley de seguridad para Hong Kong también fortalecerá al movimiento independentista en Taiwán, y hasta podría dar lugar a una garantía militar de Estados Unidos de la independencia de la isla, con consecuencias geopolíticas incalculables.

Pero es probable que nada de esto disuada a China, que ha esperado 23 años para que “su” ley de seguridad prevaleciera en Hong Kong, y es poco probable que ahora dé marcha atrás. De modo que los ciudadanos de Hong Kong enfrentarán su hora de la verdad: o se someten o se van.

Y el Reino Unido podría ofrecerles una salida. El 28 de mayo, el secretario de Política Exterior, Dominic Raab, dijo que, a menos que China archivara su nuevo proyecto de ley de seguridad, el gobierno del Reino Unido ofrecería a los portadores de pasaportes nacionales británicos (extranjeros) en Hong Kong una vía de ciudadanía permitiéndoles estudiar o trabajar en el Reino Unido sin visa durante 12 meses, en lugar de los actuales seis. Unos 300.000 residentes de Hong Kong tienen este pasaporte por “legado” y otros 2,9 millones que nacieron antes de 1997 son elegibles para solicitar uno.

Esta media promesa de asilo político es música para los oídos de un grupo de profesionales de Hong Kong que han venido promoviendo la idea de una emigración colectiva a nuevas ciudades “chárter” en países más libres. Es una visión inspiradora y Gran Bretaña sería el país anfitrión natural, aunque no exclusivo, de los emigrantes. Ahora bien, ¿China permitiría semejante éxodo masivo y los países anfitriones recibirían de buen agrado el establecimiento de nuevos Hong Kong al interior de sus fronteras?

El Reino Unido tiene una responsabilidad especial en este sentido. En Hong Kong, los ingleses implantaron una cultura única de empresa y libertad en suelo chino. En tanto se desarrolla la lógica de “un país, dos sistemas”, trasplantar la ciudad a otros lugares puede ofrecer la mejor oportunidad de preservarla.

Robert Skidelsky, a member of the British House of Lords, is Professor Emeritus of Political Economy at Warwick University. The author of a three-volume biography of John Maynard Keynes, he began his political career in the Labour party, became the Conservative Party’s spokesman for Treasury affairs in the House of Lords, and was eventually forced out of the Conservative Party for his opposition to NATO’s intervention in Kosovo in 1999.

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