Durante más de 60 años, a los cubanos sólo se les dio una opción, vía consigna de Fidel: Patria o Muerte (valga la redundancia, como tantas veces se ha repetido).
Patria, no entendida como una tierra en la que vivir y prosperar en libertad, sino como una palabra vacía tras la que ocultar el fracaso de una ideología condenada por la Historia. Y muerte, no sólo con el estruendo del balazo en la cabeza, también con la lenta agonía del hambre, la cárcel, la miseria, el exilio y el silencio. Pero ante el Patria o Muerte de un castrismo que se derrumba, los cubanos salieron esta semana en masa a las calles para cantar y gritar Patria y Vida.
Ante esta muestra de pulso democrático en una sociedad inducida al coma por 60 años de castrismo, hemos sido muchos los que en Europa sumamos nuestra solidaridad y esfuerzo a la lucha de los demócratas de Cuba. En este momento en que los cubanos arriesgan sus vidas por una causa que también es la nuestra, Europa debería apoyarles de forma decisiva. No en vano la UE se comprometió en 2017 a poner el respeto de los derechos humanos en el centro de su política con Cuba mediante la firma del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con La Habana.
La triste realidad que conocemos bien los que combatimos a los populismos latinoamericanos es que, en Bruselas, las dictaduras cuentan con aliados poderosos; en consecuencia, acuerdos que deberían servir para promover la democracia con frecuencia sirven para apuntalar la dictadura.
Los próximos días podremos comprobar hasta qué punto es sincero el compromiso de la UE con la democracia en Cuba. Para los que lidiamos día a día con la diplomacia europea que lidera Josep Borrell, los motivos para el optimismo son escasos. La clave de este escepticismo está en la militancia socialista del Alto Representante, a quien el Gobierno de Pedro Sánchez propuso para dirigir la diplomacia europea en 2019.
Para el socialismo español y sus socios de coalición de Podemos, la revolución cubana es un símbolo importante de una lucha ideológica que perdieron hace tiempo y a la que, sin embargo, se siguen aferrando, aun a costa del sufrimiento de millones de cubanos, venezolanos y nicaragüenses. La prueba más evidente de que PSOE y Podemos se resisten a cortar los lazos con el régimen han sido las vergonzosas reacciones a la crisis cubana por parte del Gobierno, los partidos que lo sostienen y su emisario en Bruselas, Josep Borrell.
Ante las mayores muestras de descontento popular que se han producido en Cuba en los últimos 30 años, el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, tuvo la absoluta desfachatez de afirmar el martes en un comunicado oficial que España sigue «con mucho interés» la situación en la isla. Incluso el tan manido «seguimos con gran preocupación» hubiera sido una respuesta menos bochornosa.
No podemos ignorar tampoco el daño que esta tibieza del Gobierno le está ocasionando al prestigio internacional de España. Que el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel aparezca en un programa televisado llamando a sus partidarios a la guerra civil contra los manifestantes y que desate una represión que se ha saldado con un periodista español herido y la detención de la corresponsal del Abc en Cuba merecería una respuesta mucho más contundente por parte de España. Ningún otro país europeo habría tolerado este atropello con semejante suavidad.
Finalmente, en una última muestra de indignidad por parte de Albares, querer culpar al Covid-19 y la caída del turismo de la miseria que se vive en Cuba, sin hacer ni la más mínima mención a los 60 años de dictadura comunista que llevan padeciendo los cubanos, supone una vileza que va más allá del bochornoso espectáculo al que nos tiene acostumbrado este Gobierno, y debería haber conllevado su dimisión fulminante.
Pero la afinidad de este Gobierno con el régimen castrista y los populismos latinoamericanos va más allá de lo ideológico o lo sentimental: tiene una traducción práctica en Bruselas, donde el PSOE actúa como una extensión del régimen en las instituciones europeas, un escándalo que ya ha salpicado al propio Borrell. La filtración de un correo interno de los socialistas europeos reveló la estrecha coordinación entre el PSOE y la embajada cubana en Bruselas para intentar bloquear una propuesta de nuestro grupo liberal para debatir la represión en Cuba. Lo más inquietante de este intercambio, al que pudimos tener acceso, fue una frase cuya gravedad no puede pasarse por alto: «El gabinete de Borrell ya está al tanto», un hecho por el que exigí una aclaración urgente.
A diferencia del grupo socialista en el Parlamento Europeo, a quien sí le corresponde hacer política, por equivocada que sea, el Alto Representante tiene una obligación, impuesta por los Tratados, de mantener su imparcialidad y trabajar únicamente por los intereses y valores de la Unión Europea, entre los que se incluyen la defensa internacional de los derechos humanos. Borrell esquivó mi interpelación, a la que se sumaron eurodiputados de varios grupos, con la misma displicencia y arrogancia que ya se ha convertido en su seña de identidad en Bruselas. Pero en la actual crisis que se ha abierto en Cuba, ni él ni la UE podían seguir poniéndose de perfil. Y, pese a ello, Borrell volvió a hacerlo. En unas declaraciones tardías, e ignorando los acontecimientos que tuvieron lugar el martes, el Alto Representante se limitó a pedir a Díaz-Canel que respetara el derecho de los cubanos a manifestarse, pero evitando condenar unas actuaciones que, en cualquier otro país, hubieran merecido una valoración mucho más dura por parte de la diplomacia europea.
En contra de lo que afirma con insistencia el Alto Representante, este Acuerdo, lejos de mejorar la vida de los cubanos, le ha dado oxígeno político y económico al régimen. Pese a que establece nítidamente el carácter «esencial» del respeto a los derechos humanos, el castrismo continúa aplastando a la disidencia y encarcelando rutinariamente a líderes opositores como José Daniel Ferrer, que pasó seis meses sometido a torturas en una cárcel del régimen.
Tampoco ha cesado el hostigamiento contra la sociedad civil independiente, a la que el régimen excluye de los diálogos con la UE, como fue el caso en febrero de 2020, cuando la dictadura boicoteó un evento que organicé en Bruselas, impidiendo salir de la isla a cinco de los activistas invitados para dar testimonio de lo que allí se está viviendo, y enviando a un grupo de afines para reventar el encuentro.
Durante 20 años de Posición Común europea, adoptada en 1996 a instancias del Gobierno de José María Aznar, las relaciones bilaterales entre la UE y Cuba quedaron supeditadas a la mejora de los derechos humanos y la democracia. Cuando Europa apostó en 2017 por una aproximación nueva hacia Cuba lo hizo con el compromiso explícito por parte de La Habana de impulsar reformas políticas y económicas, y dar voz a la sociedad civil. A la vista del resultado, Bruselas no podría haber sido más ingenua.
Por ello, desde el Parlamento Europeo hemos insistido una y otra vez en la activación de la cláusula democrática del mismo, y su suspensión ante la flagrante violación por La Habana. Los acuerdos están para cumplirlos, y más cuando se trata de derechos humanos.
El pueblo cubano ha dicho basta, y no está dispuesto a tolerar durante más tiempo un régimen caduco que sobrevive a base de explotar sus médicos en el exterior, negar los servicios más básicos a los cubanos que no han podido escapar de la isla y esquivar la condena internacional mediante promesas vacías que nunca tuvieron la intención de cumplir.
Cuba se cae literalmente sobre la cabeza de sus ciudadanos, pero los cubanos se han echado a la calle al grito de Patria y Vida y, golpeando cazuelas que la dictadura sólo es capaz de llenar con ideología, han dejado claro al que régimen que ya no le tienen miedo.
Europa no puede seguir mirando para otro lado. Ha llegado el momento de ponerse, de una vez por todas, del lado de la libertad de Cuba.
José Ramón Bauzá es eurodiputado de Cs en el Parlamento Europeo y miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores.