La hora de sincronizar

La vulgaridad rasa de tantas declaraciones de políticos de primer nivel es consustancial a la democracia. Cada hora, cada día, cada nueva rueda de prensa es difícil que un político —ni nadie— diga cosas inteligentes u originales. Lo más grave, sin embargo, es la sensación frecuentísima de que la clase política ha dejado de leer o escuchar a intelectuales o analistas. Ni todos son meros portavoces de intereses partidistas, ni son sólo altavoces de intereses clasificados. A menudo, incluso son gentes solventes y con valor positivo para plantear racionalmente problemas difíciles. ¿Por qué es tan habitual la sensación de que los políticos no revisan sus ideas o sus prejuicios leyendo, siquiera de vez en cuando, lo que dicen las páginas de opinión, las tribunas, las columnas, los pantallazos de los medios de comunicación, o al menos aquellas intervenciones firmadas por gentes de probada competencia en el análisis social y político?

La pregunta es menos ingenua de lo que parece, o incluso de lo que me parece a mí mismo. Quizá el descrédito del intelectual (como indocumentado locuaz) ha desactivado la necesidad de escuchar a gentes de fuera del partido propio para calcular o imaginar alguna forma de solución distinta a los problemas concretos. Es verdad que es mareante la mezcla de embustes y simplezas de tantas tertulias y puede ser inhibidora la barahúnda de voces. Pero el riesgo cierto es el autismo político y me parece un despilfarro prescindir del juicio de esos intelectuales (supuestamente callados, silenciosos o extinguidos). Algunos, además, han dicho cosas muy pertinentes sobre la espiral del independentismo catalán. Y difieren de la voz mayoritaria tanto desde el punto de vista independentista como desde el inmovilismo estatalista.

Ni Francisco Rubio Llorente ni Francesc de Carreras ni Javier Pérez Royo me parece a mí que hablan por boca de partido alguno cuando meditan sobre el bloqueo actual de la política catalana. Actúan como analistas comprometidos con el presente y con voluntad de iluminarlo. La combinación de varios artículos recientes de esos tres autores, al menos, dejaría un redactado unitario con un sentido parecido al que propongo en el párrafo siguiente. Quizá no se reconozcan cada uno de ellos, pero lo concibo como síntesis plausible de lo que podrían defender en conjunto (salvo flagrante equivocación mía).

La inconstitucionalidad del derecho de secesión, aquí y en cualquier constitución democrática moderna, emplaza el problema catalán en una dimensión política más que jurídica o constitucional. El derecho a decidir no existe jurídicamente (fuera de condiciones que no hacen al caso), pero es el eslogan político más eficaz de los últimos años en Cataluña y ha servido para aglutinar de forma transversal y heterogénea a un nutrido grupo de electores que han dado su voto a formaciones de derecha y de izquierda que lo defendían. Esa dimensión política del problema reclama una solución política del problema, salvo que quiera ignorarse como problema. Sin embargo, la brillantez del eslogan ha llevado al Parlamento catalán a impulsar una declaración conscientemente inconstitucional como prueba contundente del problema político o como demostración fehaciente del fracaso de las intenciones de la sentencia de mayo de 2010. Jurídicamente el Tribunal Constitucional habrá cepillado el Estatut, pero políticamente ha incentivado todavía más la tensión secesionista, tanto si sus promotores aspiran a retar al Estado como si actúan desde la fe inequívoca del catalanismo independentista.

Si todo esto es más o menos verdad, la sospecha inmediata es que las vías reflexivas de solución deben partir de poderes ajenos al Ejecutivo de Madrid y de Barcelona. Desde esos dos Gobiernos la tensión resulta conveniente en términos políticos porque alimenta el perfil nacionalista de cada una de las formaciones que los apoyan (el PP en Madrid y el tripartito en Barcelona: Convergència, Unió y ERC).

De ahí que resulte chocante la dificultad para hallar un discurso coherente y fuerte desde la izquierda no gubernamental hoy: desde el PSOE, desde el PSC, desde IU y desde ICV. ¿Por qué no hay modo de desenmascarar el derecho a decidir como eslogan electoral y populista y reconducir la cuestión, activa y convencidamente, hacia la defensa de una consulta pactada sobre un problema político real? Fortalecer pública y mediáticamente esa posición debería convertirse en un objetivo civil, no solo político, de esa izquierda genérica, pero muy particularmente del PSOE, como partido mayoritario.

Entender la consulta como proyecto ofrece una solución política que cualquier ciudadano comprende sin dificultad: las decisiones políticas en democracia se pactan entre poderes legítimos. Ante un problema que polariza y distorsiona la vida pública vale la pena ensayar una alternativa racional: vertebrar una oposición ideológica y federalista (antes se llamaba autonomista, pero la palabra ha caducado) frente al conservadurismo nacionalista español y catalán.

Pero ese discurso ya existe. En la izquierda catalana y española nadie sueña con abandonar España ni forma parte de sus fantasías políticas. Pero desde Cataluña la izquierda necesita la convicción del PSOE para no vegetar como alternativa desamparada y solitaria. Y el independentismo latente en ICV, quizá incluso en algún sector marginal del PSC, podría transigir con una consulta negociada que hiciese aflorar la magnitud y profundidad real del independentismo catalán. Defender esa consulta con la determinación de seguir en España, renegociando las condiciones, funcionaría como mecanismo de oxigenación de un debate cortocircuitado. Una pata de la regeneración política del PSOE pasa por limpiar las telarañas de su rutina ideológica en el asunto territorial.

Esa desacomplejada libertad para defender una consulta pactada forzaría a quienes ahora defienden el derecho a decidir a explicar su voto y explicitar el sí a la independencia que buena parte de ellos defienden. No es verdad que no haya existido el derecho a decidir porque llevamos 30 años ejerciéndolo (incluidas las opciones independentistas), pero es verdad que la peripecia política reciente y los errores de muchos han conducido a un escenario en que la solución política puede ser una consulta. Aunque en España no tengamos costumbre de consultar nada fuera de las elecciones. Deshacer la equivocidad es un imperativo de higiene política, en Cataluña y en España: los que quieran ser federalistas, que defiendan la reforma autonómica en ese sentido, y quienes aspiren a la independencia que luchen por ella. Pero que la izquierda española, y el PSOE en particular, no permanezca enrocada en una especie de tierra de nadie, de titubeo impreciso y ahora, ya, anacrónico. No hay traición alguna a España en la defensa de una solución política a un problema político con Cataluña; hay lealtad a la izquierda en España y Cataluña al armar un rumbo político integrador con y desde la consulta.

La siguiente consecuencia radical podría ser de higiene social, y ya no solo política: rebajar la obscena e infundada pandemia anticatalana (no solo anticatalanista) que ha hecho de todo catalán un espabilado egoísta (y un independentista, de paso). Ese delirio miente tan flagrantemente como el antiespañolismo desde Cataluña, pero la izquierda ha de escapar con todas sus armas de esa asociación con unos y otros. El espacio social e ideológico para retomar una cordura racional y sensata entre ambas partes existe, sin duda, pero no tiene ahora lugar político donde reflejarse. Y hasta podría ser este nuevo rumbo un modo articulado y convincente de combatir el españolismo de porrón desde España misma.

El primer objetivo político del PSOE es hoy sincronizar su programa con el presente, y el presente ha engendrado la enésima variación de un conflicto histórico. O facilitamos la renovación inteligente de las relaciones entre España y Cataluña o favorecemos la espiral de la derecha nacionalista, aquí y allí (o allí y aquí).

Jordi Gracia es profesor y ensayista.

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