Nadie es ajeno a la crisis económica mundial, que azota de forma especialmente virulenta a España. Las instituciones públicas también la sufren, especialmente los ayuntamientos, cuya capacidad de ingresos está limitada al cobro de impuestos sobre bienes inmuebles y rústicos, tributos por obras y actividad urbanística, tasas por servicios y aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado.
En cuantos foros tengo oportunidad de participar, insisto en reclamar la urgente necesidad de acometer la reforma de la financiación de las haciendas locales. Lo he hecho y lo seguiré haciendo porque es lo justo para todos los ayuntamientos de España. Ha llegado el momento de la segunda descentralización, una misión comprometida y prometida en varias ocasiones por el Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero que duerme el sueño de los justos.
Ignorar a los ayuntamientos es ignorar a los ciudadanos, porque se trata de las instituciones públicas más cercanas a él, a las que acuden para exponer sus problemas y reclamar soluciones. Así es y así debe seguir siendo, por proximidad, por puro pragmatismo y por sensibilidad hacia sus demandas.
Los ayuntamientos necesitan imperiosamente que se les escuche, que se les atienda. Precisamente por esa cercanía que apunto, se sienten obligados a prestar servicios que no les competen. Y las llamadas "competencias impropias" suponen ya más del 26% del gasto público de las corporaciones locales, lo que implica la quiebra de un equilibrio financiero ya de por sí frágil.
La caída generalizada de la economía española ha reducido los ingresos ordinarios de los municipios, y, paralelamente, aumenta la demanda de atención social. La situación es muy preocupante, y la pésima gestión del Gobierno dibuja un horizonte muy oscuro.
Aquí no hay brotes verdes ni semilla que plantar. La caída de la actividad urbanística, las dificultades de acceso al crédito y otros efectos de la crisis, dificultan aún más la financiación local, que soporta una drástica reducción de ingresos por los consabidos y comprensibles niveles de morosidad de los contribuyentes.
Si a ello añadimos los sucesivos recortes en los Presupuestos Generales del Estado en materia de transferencias a las corporaciones locales, alcanzamos la cuadratura del círculo: menos ingresos, carencia de cobertura legal para modificar el modelo de financiación y aumento en la prestación de servicios ajenos a sus competencias.
La situación es tan extrema que los ayuntamientos debemos configurar un frente común para conseguir que el Gobierno nos escuche antes de que sea demasiado tarde. No tropecemos dos veces en la misma piedra... ni tres, cinco o seis. Un error más de José Luis Rodríguez Zapatero no hay país que lo soporte.
No podemos correr el riesgo de que nos pase lo mismo que al Gobierno Central con la crisis por no haber actuado a tiempo. No valen más excusas. Es una reivindicación justa para todos, independientemente del color político de los equipos municipales de gobierno. El problema es común.
Cuando llegó la crisis, España perdió un tiempo valioso. En lugar de prepararnos para lo que se nos venía encima, el Gobierno socialista optó por negar lo obvio, y ahora pagamos las consecuencias. La torpeza y la imprevisión son errores que se pagan muy caros, y no podemos consentir que ocurra lo mismo en los ayuntamientos. No podemos esperar a 2011 para acometer la reforma, como anuncia ahora el Ejecutivo Central. La falta de financiación nos está ahogando. A todos. Porque la asfixia no entiende de siglas políticas. Es hora de actuar. Por responsabilidad.
Es la hora del municipalismo. Ha llegado la hora de acometer la segunda descentralización. Los ayuntamientos hemos esperado nuestro momento de manera paciente, con la mirada puesta en la Constitución Española y la Carta Europea de Autonomía Local. Suficiencia en los ingresos y autonomía en su ámbito de competencia son dos de los principios que deberían orientar un modelo de financiación local responsable, coherente y adecuado a las necesidades de los ciudadanos.
Es responsabilidad del Gobierno de España abordar sin dilación la reforma de la Ley de Haciendas Locales y aprobar el Estatuto del Gobierno Local, delimitando las competencias reales que deben asumir las Entidades Locales para arbitrar la financiación adecuada, garantizando nivelación en la prestación de servicios en todos los municipios españoles de acuerdo con las necesidades de sus ciudadanos.
El Gobierno debe compensar a los ayuntamientos por el coste de los beneficios fiscales en los tributos locales (bonificaciones, reducciones, exenciones...) que se establecen por sus políticas sectoriales. Y vital es, también, una reforma de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido que modifique el tipo de gravamen aplicable a todas las operaciones en las que los ayuntamientos sean consumidores finales y no tengan posibilidad de deducción. Rodríguez Zapatero nos ha engañado. Se comprometió a acometer sin demoras la reforma del sistema de financiación de las entidades locales, y mintió. Su falta de compromiso con el municipalismo ha agravado los desequilibrios, llevando a muchos ayuntamientos al borde de la quiebra técnica. Gracias, desgobierno de España.
Sonia Castedo Ramos, alcaldesa de Alicante por el PP.