Por Juan Carlos Gelabert, presidente de la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (EL PAÍS, 02/07/06):
El pasado 21 de junio el periódico El País publicó un articulo de opinión de la diputada socialista Mª José Mendoza en el que atacaba frontalmente la reciente intervención que realizó el conseller de Sanidad Rafael Blasco en defensa del Decreto Valenciano para la aplicación de la Ley del Tabaco. Sorprendentemente en este artículo se vierten veladas acusaciones que pretenden cuestionar las sinceras aportaciones del sector hostelero en la lucha contra el tabaquismo por lo que como presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunidad Valenciana me veo en la necesidad de responder a las mismas
En primer lugar, la organización empresarial quiere recordar los más de diez años de trabajo comprometido del colectivo hostelero en la labor social de la lucha contra las drogodependencias que viene realizando en la Comunidad Valenciana y que sirve de ejemplo y referente para el conjunto del Estado español. Esa labor forma parte de la única estrategia empresarial viable como es la apuesta por la calidad en el servicio y el compromiso social de un sector que convive diariamente con un millón de clientes en la Comunidad Valenciana y con el que compartimos vivencias, relaciones personales y preocupaciones en una de las simbiosis más estrechas que pueda existir entre un colectivo empresarial y sus clientes.
En segundo lugar y en relación al problema del tabaquismo todos estamos de acuerdo en que constituye una auténtica lacra social que afecta gravemente a la calidad de vida de los ciudadanos y en la necesidad de aprobar una nueva Ley del Tabaco que resolviera el enorme retraso histórico de nuestro país en abordar esta problemática. Por desgracia, tal y como hemos venido reiterando durante el último año -desde el mismo momento que se conoció el borrador del proyecto de ley- la ley contenía y contiene importantes defectos para su interpretación, así como una falta de sensibilidad y humanidad con la realidad social del problema del tabaquismo de once millones de españoles fumadores, a los que se impuso de manera prácticamente simultanea la restricción del consumo del tabaco en el trabajo y también en el disfrute de su tiempo de ocio. Por no hablar de la improvisación absoluta puesta de manifiesto en los escasos cuatro días de plazo concedidos a la entrada en vigor de la ley desde su aprobación lo que obligó a señalizar en un tiempo record las más de 350.00 pymes hosteleras españolas.
En este contexto y de acuerdo con las facultades y competencias de las comunidades autónomas en la materia, la Generalitat Valenciana aprobó el pasado 21 de abril el decreto autonómico que regula la aplicación de la Ley del Tabaco en la Comunidad Valenciana, con el objetivo fundamental de clarificar y facilitar su aplicación. Gracias al decreto han quedado definidos los criterios de medición de los establecimientos públicos o la creación de zonas de fumadores que garanticen la calidad del aire y el respeto del no fumador, contribuyendo a la desaparición del fumador pasivo. El decreto se convierte así en una herramienta efectiva para alcanzar el objetivo de la ley estatal de implantar una nueva cultura de la separación entre fumadores y no fumadores, de acuerdo con la realidad social de este problema y respetando el resto de regulación y normativa que afecta a los locales de pública concurrencia.
Pues bien, en relación al artículo citado que generó el malestar del colectivo hostelero, en el mismo se aportan una serie de argumentos para cuestionar la validez del decreto de la Generalitat sobre el tabaco haciendo mención a las recomendaciones de la OMS en la lucha contra el tabaquismo, la falta de evidencia científica sobre los sistemas de purificación del aire o el ejemplo de los países más avanzados en las restricciones al consumo del tabaco. Sobre todos estos temas cabe recordar que la evidencia de que existe tecnología para purificar el aire, se pone de manifiesto en la existencia de los quirófanos que garantizan la asepsia total del aire en los miles de hospitales que existen en el mundo. Hay que recordar también que la Organización Mundial de la Salud recomienda, antes que nada, un incremento espectacular de los precios del tabaco para hacerlos inaccesibles a la población adolescente, evitando escenarios tan ridículos como la guerra de precios que hemos vivido estos últimos meses en España. Y con respecto a los antecedentes de los escasos diez países que en el mundo han podido avanzar más deprisa en la lucha contra el tabaquismo, hay que recordar que en casi todos ellos, la lucha contra el tabaquismo y la cultura de la separación de fumadores y no fumadores lleva imponiéndose de forma progresiva durante los últimos 30 años.
En relación a los decretos de las diferentes comunidades autónomas, junto a Valencia, la Comunidad de Madrid o La Rioja, el texto de las comunidades de Cataluña y Andalucía, introducen interpretaciones que apuestan por la flexibilización del fallido concepto "náutico" de la compartimentación utilizado en la redacción de la ley ( más propio de los submarinos y sus departamentos estancos para la inmersión ) y la implantación de sistemas de purificación de aire, para la creación de zonas de fumadores en los bares, restaurantes, pubs, salas de juego, hoteles y discotecas, como única manera de hacer viable la aplicación de la ley del tabaco.
En este contexto y en relación al decreto valenciano sobre la Ley del Tabaco, hay que decir que a pesar de las objeciones planteadas en el articulo de opinión de Maria José Mendoza, en estos momentos la Comunidad Valenciana es la única comunidad que puede aplicar la Ley del Tabaco en España, porque es la única que tiene regulado el régimen de inspección y de aplicación de sanciones, sin las cuales el nivel de impunidad e incumplimiento de la ley, reconozcámoslo, se irá generalizando lo que puede poner en peligro el objetivo perseguido por la ley. Por otro lado, si tan fácil es resolver el problema de interpretación y aplicación de la ley estatal del tabaco, por qué cuando ya han transcurrido seis de los ocho meses que la ley del tabaco concedía a los gobiernos autónomos para elaborar sus decretos, sólo lo ha hecho la Comunidad Valenciana?
Mucho me temo que este año los parlamentos autonómicos no van a tener vacaciones si quieren hacer su trabajo.