El 6 de diciembre pasado se cumplían cuarenta años de la ratificación por el pueblo español en referéndum de la vigente Constitución Española. Se abría un nuevo y trascendental capítulo de la historia contemporánea de España: el ordenamiento jurídico de la comunidad política se configuraba según el modelo del Estado libre, social y democrático de derecho que había permitido a los pueblos y naciones de la Europa Occidental la superación de los totalitarismos que los habían conducido a la catástrofe de la II Guerra Mundial en los años treinta del pasado siglo y que aún subsistían al otro lado del «telón de acero» en los países del Centro y del Este europeos dominados por la Unión Soviética.
La Constitución Española fue fruto de un proceso de reconciliación nacional (su quizá más importante y decisivo «presupuesto prepolítico», moral, en el sentido del diálogo Habermas-Ratzinger de enero de 2004) que había sido de más largo alcance de lo que supusieron los tres años de la llamada «transición política» y en el que habían participado no solo los dirigentes políticos o intelectuales de la sociedad española sino también, más o menos anónimamente, la inmensa mayoría del pueblo español y, por supuesto, y en muy insustituible lugar, la Iglesia y los católicos. La inmensa tragedia de lo que significó los tres años de guerra civil para España, habían supuesto para ella la hora histórica del martirio de miles y miles de sus hijos -obispos, sacerdotes, religiosos y fieles laicos-, sin apenas precedentes en la historia de la Iglesia Católica. Todos morían sin excepción perdonando y pidiendo misericordia para los que los mataban. Imitaban fielmente el perdón de Jesucristo en la Cruz: «Perdónales porque no saben lo que hacen»; «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Para la Iglesia en España, con sus sombras y sus luces -sus pecadores y sus santos-, buscar, promover, edificar la reconciliación de los españoles -todos hijos suyos por bautizados, tanto las de uno como el del otro bando- fue en la realidad de su vida pastoral cotidiana, expresa o implícitamente, uno de los objetivos espirituales más profundos que la guiaron en su historia reciente. A su trayectoria del servicio a nuestro pueblo en las últimas décadas de los siglos XX y XXI se le puede aplicar con justicia lo que decía el Papa Benedicto XVI a los sinodales de la Archidiócesis de Madrid el 4 de julio del 2005: «En una sociedad sedienta de auténticos valores humanos y que sufre tantas divisiones y fracturas, la comunidad de los creyentes ha de ser portadora de la luz del Evangelio, con la certeza de que la caridad es, ante todo, la comunicación de la verdad». Imperativo moral vigente para los católicos de la hora presente y ¿por qué no? para todos los que formamos la gran comunidad de los españoles de hoy es mantener viva la verdad de la reconciliación. Para la Iglesia es una exigencia constituyente de su misión en el mundo, de su misma esencia teológica como la define el Concilio Vaticano II: «La Iglesia es en Cristo como un sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano». La imagen de la realidad española moderna y contemporánea, vista a través del esquema de las dos Españas tan usado en su comprensión histórica por historiadores e intérpretes de la misma, debería de ser superado en la teoría y en la vida definitivamente.
El cuadragésimo aniversario de la Constitución española es también ocasión providencial para recordar lo que representó para la actualización jurídica de sus relaciones con el Estado. En su artículo 16 (leído en conjunción con el 27) se ha propiciado que pudieran establecerse en conformidad con la doctrina conciliar sobre la libertad religiosa, enraizada en la doctrina clásica de la libertad del acto de fe, respetando su realidad histórica y sociológica (a ella pertenecen la gran mayoría de los españoles; su historia humana, social, cultural, política, institucional y religiosa es impensable sin el catolicismo) y con el principio de cooperación al servicio del bien común; cooperación cuyo sentido más profundo, según el propio Concilio, consiste en que la Iglesia sea «signo y salvaguardia de la trascendencia de la persona humana». Sólo así podía, pudo y puede predicar la fe libremente, enseñar su doctrina social, emitir un juicio moral también sobre los asuntos temporales, sin excluir a los políticos, cuando lo exijan los derechos fundamentales de las personas y la salvación de las almas. (GS 77). En cualquier caso es oportuno no olvidar en el momento presente de España lo que Julián Marías afirmaba en su «España Inteligible»: «España se constituye animada por un proyecto histórico que es su identificación con el cristianismo, lo cual envolvía la afirmación de su condición europea y occidental».
En este marco constitucional el instrumento para la concreción jurídica de las relaciones Iglesia-Estado en la España actual no podía ser otro que «el bilateral», el de la tradición multisecular concordataria, renovada según los principios y el espíritu del moderno derecho internacional que conoce otros sujetos del orden internacional, además de los Estados. La «sana laicidad» vencía al «laicismo», siempre discriminador y excluyente, y dejaba atrás «el confesionalismo» de las Constituciones de 1812 y 1876 y sus ecos en los Concordatos de 1851 y 1953.
«La Constitución de 1978 no es perfecta -decíamos los obispos españoles en el año 2000-, como toda obra humana». Es perfectible en puntos muy sensibles relacionados, por ejemplo, con el derecho a la vida y los valores éticos e institucionales del matrimonio y de la familia, «pero la vemos como fruto maduro de una voluntad sincera de entendimiento y como instrumento y primicia de un futuro de convivencia armónica entre todos».
La Fiesta de la Inmaculada, tan española, nos invita a pedir a Dios por lo que ha supuesto la actual Constitución española de excepcionalmente valioso para la paz, la libertad, la justicia y la solidaridad entre los españoles y para que lo continúe siendo en el presente, en el próximo y en el lejano futuro.
El Cardenal Antonio María Rouco Varela es Arzobispo emérito de Madrid y Miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.