La asociación Juezas y Jueces para la Democracia ha lanzado un proyecto y una propuesta que consideramos esenciales para cumplir con lo que prevé el artículo 23.2 de nuestra Constitución: el derecho de los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos.
Estas iniciativas, a las que se ha adherido la Unión Progresista de Fiscales, surgen en favor de quienes se están preparando para acceder a las funciones de juez o fiscal mediante oposición y tienen recursos económicos limitados.
El proyecto consiste en crear una bolsa de preparadores gratuitos que formen a estudiantes cuyas condiciones económicas no permitan, o hagan muy gravoso, el pagar los gastos mensuales del preparador además de afrontar el abono del temario.
La propuesta consiste, por su parte, en la regulación de unas bases para la concesión de becas públicas estatales para aquellas personas licenciadas o graduadas en Derecho y con recursos limitados que quieran estudiar la oposición para juez o fiscal. Becas en la línea de las que ya ofrece la comunidad autónoma del País Vasco o las que se aprobaron en 2008 con carácter estatal.
Cuando hablamos de medios económicos, debemos tener en cuenta que esta oposición exige una dedicación prácticamente plena, incompatible con trabajar a tiempo parcial si se quiere competir en condiciones de igualdad con el resto de opositores, y con unos costes fijos, entre ellos el abono de unos 200-300 euros mensuales al preparador. Si sumamos los gastos de obtención y actualización del temario, más manutención y necesidades básicas personales, podríamos hablar de una cantidad fija de unos 550 euros al mes durante los dos primeros años y 400 los años sucesivos.
No dudamos de que el grueso de personas que, tras haber superado el proceso selectivo, ingresa en la carrera judicial y fiscal pertenece a la clase media y que muchas de esas personas han conseguido superar la oposición con un grandísimo sacrificio personal y de sus familias. Pero, y lo digo con conocimiento de causa como preparador, hay una gran cantidad de aspirantes en condiciones económicas complicadas, sin medios suficientes para poder sufragar esos costes fijos y que finalmente desisten de preparar la oposición precisamente por esas razones económicas.
Las personas tienen diferentes sensibilidades según formación, procedencia... y todas deberían tener acceso al Poder Judicial
No hay que olvidar que el ejercicio de la función jurisdiccional ha de llevarse a cabo por personas que sean un trasunto de la sociedad española, es decir, un grupo de población que sea representativa de los diferentes sectores y estratos sociales. Las personas tienen diferentes sensibilidades según su procedencia, formación, situación socioeconómica... y todas ellas deberían tener acceso y estar representadas en el Poder Judicial al igual que lo han de estar en el Parlamento.
No sería aceptable que sólo las personas con una determinada capacidad económica pudieran ser elegidas como parlamentarios y, del mismo modo, no es admisible que únicamente los ciudadanos y ciudadanas con posibilidad de sufragar los costes de la oposición puedan llegar a ejercer la función jurisdiccional.
Es preciso fomentar y favorecer el acceso a las carreras judicial y fiscal, lo cual a su vez propiciará estabilidad y, con ello, el adecuado nivel de calidad del servicio público de la Justicia que incremente el grado de satisfacción y confianza de la ciudadanía en la Administración de Justicia. Todo lo que se invierta en formar a los futuros jueces revertirá en calidad democrática y en un mejor servicio público de la Justicia para la sociedad.
Ya conseguimos entre todos que el acceso a las carreras judicial y fiscal fuera igualitario en términos de género. Hoy, el porcentaje de mujeres que aprueban es superior al de hombres, aunque desgraciadamente este cambio no se refleja todavía en las más altas instancias judiciales.
En el plano económico, todo está por hacer todavía. Debemos conseguir esa igualdad en el punto de partida. Es decir, que independientemente del nivel de renta familiar o personal, cualquiera pueda iniciar la preparación sin más preocupaciones que las que ya trae –que no son pocas– la propia oposición.
Mariano López Molina es miembro del Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia.