La imaginación al poder

La reciente presentación del saldo fiscal catalán para 2010 es muy parca en explicaciones. El mensaje central de la Generalitat es que en 2010 los catalanes aportaron al Estado entre 11.258 y 16.543 millones de euros por encima del gasto recibido. Estas cifras son muy elevadas: un 5,8% y un 8,5% del PIB catalán respectivamente. Es necesaria una explicación de cómo se calculan, de dónde proceden y qué significan. Que en estos momentos de extrema penuria económica, al ciudadano catalán se le diga desde fuentes oficiales que en 2010 fue un 8,5% más pobre de lo que pudiera haber sido, tiene por fuerza que causarle inquietud y disgusto. El Gobierno catalán debe explicar claramente la razón de esta merma económica y convencer a la sociedad de la realidad de la misma.

Una cuestión previa es la gran diferencia entre los dos saldos: uno incorrecto (el del flujo monetario) que da 16.543 millones y otro correcto (el del flujo de beneficios) que da 11.258 millones. Es simplemente absurdo creer que los catalanes no reciben servicios de la Administración general del Estado, de Defensa, de la diplomacia, etcétera, y pensar que los madrileños son los únicos españoles adecuadamente servidos en estos campos. Las cosas son ya suficientemente complicadas como para presentar dos cifras alternativas cuando solo una es la que responde a la cuestión que nos interesa: saber si en un determinado territorio el Estado presta más servicios que los impuestos que recibe, o si recibe más impuestos que los servicios que presta. Coherentemente, en lo que sigue me limito a los resultados del enfoque del flujo de beneficios.

Haciendo uso de las estadísticas existentes, ¿cómo se mide la diferencia entre lo que pagamos y recibimos del Estado? El informe de la Generalitat (*) (pág. 28) cifra en 50.093 millones de euros la recaudación que el Estado obtuvo en Cataluña en 2010, y desglosa esta cifra en figuras impositivas (IRPF, IVA, Sociedades, etc.) o conceptos (cotizaciones a la Seguridad Social) fácilmente reconocibles y a los que de forma directa o indirecta, y en menor o mayor medida, todos hemos contribuido. Por otra parte, el informe de referencia (pág. 50) cifra en 49.319 millones de euros el valor de los servicios prestados por el Estado en Cataluña, entre los que se encuentran pensiones, infraestructuras, inversiones de entes públicos como ADIF, Aena y Puertos del Estado, defensa, intereses de la deuda, transferencias del sistema de financiación autonómica, etc. Todas ellas partidas conocidas y vinculadas de forma unívoca a epígrafes de los Presupuestos del Estado.

Estas dos cifras, procedentes de las estadísticas oficiales, son las que miden la incidencia en Cataluña de la actuación fiscal del Estado en 2010. Y su diferencia es el saldo fiscal catalán: en 2010 el Estado ingresó en Cataluña 774 millones de euros más que el valor de los bienes y servicios que prestó a esta comunidad (774= 50.093 -49.319). Este es el saldo fiscal catalán de 2010 que sale de los datos estadísticos: 774 millones de euros; un 0,4% del PIB catalán. Ésta es la realidad fiscal.

Por razones difíciles de comprender, el informe no calcula este saldo. En su lugar, introduce (pág. 52) un críptico cambio: de los 50.093 millones de ingresos considerados más arriba pasa a 60.577 millones, que denomina “Ingresos detraídos de Cataluña” en 2010. Es decir, añade 10.484 millones a los ingresos reales. Con este cambio, el saldo fiscal pasa de los 774 millones anteriores a los 11.258 millones (11.258= 60.093-49.319) que la Generalitat denomina saldo fiscal “con presupuesto equilibrado”. Este es el único saldo del que habla el informe. Un saldo que surge de una manipulación —la adición de 10.418 millones a los ingresos— que el ciudadano no entiende y que debe ser explicada.

El Gobierno catalán debe decirle al ciudadano en qué delegación de la Agencia Tributaria, o en qué oficina del Estado especialmente habilitada para ello, ingresó en 2010 su cuota parte de los 10.484 millones añadidos. Y como no se lo va a poder decir, porque tal ingreso no existió, deberemos convenir que la etiqueta "Ingresos detraídos de Cataluña" que el informe utiliza es estrictamente falsa.

Ante esta tesitura, el Gobierno catalán probablemente haría ver al ciudadano (pág. 9) que, aunque no un pago efectivo al Estado, los 10.484 millones añadidos sí constituyen una deuda que los catalanes adquirimos en 2010 para, junto con las demás comunidades, hacer frente al déficit del Estado en ese año. Pero si esto es así, el Gobierno catalán debe decirle al ciudadano en qué partida concreta del Presupuesto liquidado de 2010 de la Generalitat de Catalunya se encuentra el apunte que certifica esta variación de la deuda. Una vez más, no se lo va a poder decir porque tal endeudamiento simplemente no existe.

Es difícil saber por qué razón el Gobierno catalán evita de forma tan pertinaz cualquier referencia al saldo fiscal realmente observado. Quiero creer que no es para obviar una cifra demasiado pequeña para la causa secesionista, sino para contrarrestar el efecto que el ciclo económico ejerce sobre este saldo. El ciclo imparte volatilidad al saldo fiscal, como lo hace con cualquier variable macroeconómica, y ello hace que el dato de un año concreto pueda no ser una buena representación del efecto territorial de la actuación del Estado a lo largo del tiempo. Pero entonces, si con un año no es suficiente, ¿por qué no presentar al ciudadano los saldos reales a lo largo de todo el ciclo económico?

Por ejemplo, y a modo de ilustración, los saldos fiscales reales de Cataluña (medidos con respecto a su PIB) del período 2006/2010 (único período cíclicamente equilibrado para el que disponemos de datos homogéneos y comparables) fueron 8,0% en 2006; 8,3% en 2007; 3,2% en 2008; -2,1% en 2009; y 0,4% en 2010. Como puede comprobarse, el Estado, en el ejercicio de sus competencias, tiene efectos territoriales que pueden variar bastante a lo largo del tiempo. En momentos de bonanza, como en 2006 y 2007, los saldos fiscales reales tienden a ser altos en contra de Cataluña debido a los altos ingresos impositivos y los bajos gastos asociados al desempleo. En cambio, en tiempos de crisis, como en 2008, 2009 y 2010, la caída de ingresos y el aumento de los subsidios al desempleo hacen que el saldo fiscal de Cataluña sea relativamente pequeño o incluso favorable a esta comunidad como ocurrió en 2009.

Es verdad que ahora tenemos cinco cifras en lugar de solo una. Pero este es el efecto que a lo largo del tiempo el Estado ejerce sobre el territorio. Si queremos afinar más, antes que aventurar complejas manipulaciones que el ciudadano no entiende, es mejor utilizar la media de estas cinco cifras como una aproximación inteligible del saldo fiscal estructural, e interpretar la diferencia entre los saldos reales de cada año y esta media como los efectos coyunturales de la actividad del Estado. La media de los cinco saldos reales es el 3,5% del PIB catalán (6.910 millones de euros de 2010), y la interpretación de los saldos coyunturales es perfectamente razonable: en los años de bonanza el Estado obtiene de Cataluña ingresos por encima de los servicios que presta (4,5% en 2006 y 4,8% en 2007), mientras que en los años de crisis Cataluña se beneficia de servicios estatales que superan los impuestos pagados (-0,3% en 2008, -5,6% en 2009 y -3,1% en 2010).

Estos cálculos son una mera ilustración porque el período considerado no constituye un ciclo completo. Pero una ilustración que la gente entiende y que no hurta información al ciudadano sobre la realidad de lo que ocurre cada año. Imputar una deuda a los catalanes a cuenta de un déficit fiscal del Estado que nadie ha reclamado es un supuesto, entre otros muchos que podrían hacerse, que puede tener sentido en el seno de la discusión de un seminario académico pero que confunde al ciudadano; es algo que no pertenece a la realidad sino al reino de la imaginación. El gobierno catalán ha decidido prescindir de la realidad y llevar la imaginación al poder. Pero desgraciadamente sin el encanto y romanticismo del estudiante francés de mayo del 68.

Antoni Zabalza es catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia y fue secretario de Estado de Hacienda entre 1991 y 1993 con el Gobierno de Felipe González.

(*) El informe “Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb el sector públic central any 2010” puede consultarse en www20.gencat.cat/portal/site/economía

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