Para explicar la eclosión del independentismo no basta con Rajoy, que pudo ser solo su adversario de conveniencia. El estímulo central anduvo cerca del miedo: el miedo del poder convergente a perder el poder y el miedo de una porción importante de la sociedad catalana a perder su estatus económico privilegiado. Aquel lema que hizo furor (“España nos roba”: hoy lo repudia por fortuna hasta Gabriel Rufián) cifraba el instinto defensivo y egoísta de esa parte de Cataluña: había llegado la hora de abandonar España y gestionar en exclusiva los propios ingresos. Las élites conservadoras y nacionalistas descubrieron en esa doctrina la gasolina para una adhesión emocional y popular. Desde ahí ya cualquier agravio del Gobierno español (o del Estado) podía magnificarse hasta incurrir en prácticas tóxicas de nacionalpopulismo: deformación informativa, fabricación deliberada de conflictos, maniqueísmo social naturalizado, concepción unanimista de la comunidad.
Pero la crisis de 2008 trajo también consecuencias menos funestas y, entre ellas, la ansiedad por entender algo de economía. Desde entonces, ciudadanos sin formación económica empezamos a hablar con palabras prestadas y hasta creímos entender algo de economía. Eso explica quizá que muchos nos hayamos animado a descargar en la tableta (o trasegar en la mochila) el mamotreto de Thomas Piketty, Capitalismo e ideología. Lo más alarmante del ensayo es que se entiende todo lo que dice; lo segundo es que cuenta con una sencillez abrumadora la complejidad de sus propuestas para mitigar el galope de la desigualdad y devolver a la socialdemocracia la ambición perdida a manos del neoliberalismo de los años ochenta (y hasta hoy). Incluso más: en la historia euroamericana del siglo pasado puede estar el espejo reformista de hoy para mejorar la vida de la mayoría.
De hecho, Piketty es un peligro público: revolucionario en el fondo con formas de académico exquisito. Su propia evolución del liberalismo al socialismo aspira a contagiar razonadamente en la opinión pública una concepción menos estática y sacralizada de la propiedad privada por cuanto las frenéticas desigualdades sociales siguen siendo inaceptables en democracias avanzadas. Ellas son también el sustrato que nutre las opciones xenófobas y nacionalpopulistas del neofascismo (porque todos los fascismos se nutren de la debilidad de las democracias). Así, su propuesta de un socialismo participativo no va tanto dirigida a expertos como contra ellos, a fin de deslocalizar el saber económico y desplazarlo al debate público, político, de principios, medios y fines. Contra la propensión a abandonar el corazón económico de la política a expertos “con competencias dudosas” (o “pequeña casta de expertos”, como la llama después), aspira a recuperar con nuevas ideas el impulso contra la desigualdad que animó a las sociedades occidentales desde finales del siglo XIX.
Si la cogestión en la empresa funciona en los países escandinavos, o figura en la Constitución alemana desde 1949, y si desde 1913 el impuesto federal sobre la renta garantiza la progresividad fiscal en Estados Unidos, alguien está hoy dejando de hacer su trabajo. Nada parece inviable cuando Piketty ensarta una detrás de otra propuestas destinadas a reducir la privacidad de la propiedad privada, no a eliminarla; a promover “el uso de un impuesto anual sobre el patrimonio” del 1% o el 2% (en lugar de gravar con el 20% o el 30% el impuesto de sucesión), a cuestionar el IVA como impuesto flagrantemente injusto, a adoptar para las declaraciones patrimoniales los mismos borradores precumplimentados que tenemos para la renta o, incluso, la invención de un bono anual por ciudadano para financiar a los partidos y rebajar las inquietantes donaciones de empresas y particulares (de acuerdo con una idea de Julia Cagé, que es su pareja, “lo cual no le impide escribir excelentes libros, ni me impide leer su obra con un espíritu crítico”).
Su desarmante confianza en la superación realista del capitalismo lo opone tanto al “conservadurismo elitista” como al “mesianismo revolucionario” y su propensión a echarnos en “manos de un poder estatal hipertrofiado e indefinido”. En otras palabras, la desigualdad es ideológica y es política y, por tanto, y necesariamente, puede mitigarse sin soñar ilusamente con extinguirla (mientras todo sigue igual). Un avanzado empresario español, Nicolás María de Urgoiti, adoptó para sus empresas una cogestión semejante a la alemana, antes de la guerra, aunque no salga en el libro de Piketty, ni tiene por qué salir.
Lo que sí sale es su análisis de la “trampa separatista” como caso particular y síntoma de una hipótesis según la cual los partidos de izquierda habrían dejado de dirigirse a las clases trabajadoras sin formación académica en favor de clases con titulación superior y beneficiarias objetivas del crecimiento desde los años sesenta. Es una izquierda brahmánica que ha perdido de vista a la clase trabajadora sin formación universitaria. Eso explicaría en parte movimientos de repliegue nacional-populista como el Brexit, sin omitir la aspiración a reconvertir al “Reino Unido en paraíso fiscal y en plaza financiera poco regulada y poco vigilante”. El único blindaje que adivina contra esa ofensiva insolidaria es lo que llama un “federalismo social y la construcción de un poder público transnacional” capaz de sofocar el espejismo de la “trampa social-localista”.
Es ahí donde previene a la CUP, sin citarla, contra sus demandas de desarrollo local porque se verán “desbordadas y dominadas por parte del movimiento liberal-conservador [independentista] orientado a promover” para Cataluña un modelo de tipo “paraíso fiscal al estilo de Luxemburgo”. El tufo insultante que hay en esta conjetura no llega tanto de las palabras como del propósito agazapado que ve detrás de un sector del independentismo. Desde la izquierda, al menos, la conjetura debería ser desechada o desmentida sin reservas, y eso es lo que reclama Piketty no tanto a la CUP como a la “izquierda republicana catalana (independentista)”, es decir, a ERC, para que logre marcar así “la diferencia con los que simplemente pretenden quedarse los ingresos fiscales para sí mismos y para sus hijos”.
De esa izquierda comprometida con la investidura de Pedro Sánchez espera Piketty la defensa, inequívocamente de izquierdas, de un “impuesto progresivo común a las rentas altas y a los grandes patrimonios, recaudado a nivel europeo”. La crisis hizo aumentar sustancialmente el apoyo a la autodeterminación pero lo hizo, sobre todo, entre “las categorías sociales más favorecidas”, esas mismas a las que la izquierda se dirigía en los nuevos tiempos y que han acabado sucumbiendo a una improbable cuadratura del círculo: “Continuar sacando partido de la integración comercial y financiera con Europa, pero conservando sus propios ingresos fiscales”. Quienes siguieron desconfiando de esa “trampa secesionista” en versión “social-localista” y no apostaron por la independencia fueron “las categorías modestas y medias”, según Piketty, “un poco más sensibles a las virtudes de la solidaridad fiscal y social”.
El federalismo social que promueve habría de desactivar la “competitividad generalizada entre territorios” y la “ausencia total de solidaridad fiscal” en Europa para reducir el peso de “la lógica del ‘cada uno por su cuenta”. Por eso le sirve Cataluña como síntoma de las flaquezas solidarias de la Europa actual, y por eso parece cuando menos difusa la vocación de izquierdas del actual proyecto independentista. Su adhesión a un federalismo social europeo disolvería esa contradicción ideológica tanto en su ideario como en electorado, y no sería este el peor de los momentos para ensayarlo.
Jordi Gracia es profesor y ensayista.