La importancia de saber leer

Escribir sobre el PSOE en estos momentos es sumamente arriesgado. Probablemente, al concluir este artículo ya haya sucedido algo en los intestinos de este partido que convierta lo escrito en antiguo. Es el signo de estos tiempos. Todo va demasiado rápido. Parece que solo un relampagueante tuit puede atrapar la volatilidad del instante. El problema es que quien trata de reducir lo complejo a unas pocas palabras acaba convirtiendo la complejidad en una simpleza. La política, la cosa pública, tan compleja, tan llena de matices, requiere de buenos narradores y de ávidos lectores.

Justo lo contrario de lo que hemos podido encontrar en los últimos tiempos en el PSOE. Un partido que ha carecido de relato, entre otras cosas, porque quienes lo han liderado leían poco y con demasiada celeridad. O, mejor dicho, no sabían leer. Si la anterior Comisión Ejecutiva Federal, con su secretario general a la cabeza, hubiera sabido leer los resultados electorales del 26-J, lo primero que debería haber hecho es felicitar al Partido Popular, porque fue la única fuerza política que se vio claramente favorecida en estas segundas elecciones, al aumentar considerablemente el número de votos y el de escaños, sacando una ventaja apreciable a todos los demás partidos.

A muchos no nos gusta y nos cuesta comprender cómo un partido como el PP, anegado por la corrupción, que ha dejado bajo mínimos el Estado del bienestar, que ha impulsado una reforma laboral diseñada para crear precariedad, y que, entre otras cosas, también se ha mostrado incapaz, por falta de ganas o de ideas, o, lo que es peor, por interés puramente partidista o electoral, de afrontar con liderazgo la llamada “cuestión territorial” (o, más específicamente, catalana), ha sido el único que se ha visto reforzado en la repetición electoral. Sin embargo, así ha sido, y, en consecuencia, un mínimo sentido democrático debería llevarnos a reconocer que dado que los números son incuestionables y las alternativas, según se ha comprobado, inexistentes, no queda otra que posibilitar que ese partido, con el solo apoyo de su grupo parlamentario, o también con el de Ciudadanos, forme Gobierno. Por una simple razón de Estado. Porque el país no se merece estar así. Porque unas terceras elecciones, además de repudiar el sentido auténtico de la democracia, dejarían la reputación internacional del país a la altura del betún. Porque el deterioro institucional y la desafección ciudadana hacia la política y los políticos no hacen más que crecer. Porque el desafío profundamente antidemocrático y contrario al Estado de derecho del independentismo catalán merece una respuesta firme y sosegada desde un Gobierno que no esté en funciones, sino a pleno rendimiento.

Por todo eso, y por tantas razones más, el PSOE debería haber asumido desde el primer momento el resultado electoral del 26-J, permitiendo con su abstención que se formase Gobierno. Y ejerciendo al minuto siguiente de principal partido de la oposición; una oposición seria y leal a su ideario político. Lo tenía muy fácil, llevando al Congreso proposiciones de ley en materia laboral, educativa, sanitaria, fiscal, territorial, etcétera, de inequívoco carácter progresista. Había un amplio margen para dejar constancia de que se permitía formar Gobierno al partido más votado, el Partido Popular, por una noble razón de responsabilidad política y sentido de Estado, al tiempo que se podía dejar también perfectamente claro que, pese a ello, el PSOE no renunciaba a su programa político, inequívocamente progresista y social.

Pero en lugar de hacer eso, y a causa de no saber leer correctamente el resultado electoral, la anterior Comisión Ejecutiva Federal, con su secretario general a la cabeza, se lanzó a una aventura descabellada que no podía llevar a buen puerto. Y, claro, pasó lo que pasó: uno de los capítulos más patéticos de la historia de este centenario partido político.

Quienes haciendo gala de un voluntarioso optimismo de la voluntad pretenden hacernos creer que es posible alcanzar un acuerdo de gobierno (o investidura) entre PSOE y Podemos (y sus múltiples y variadas confluencias), creo que, sencillamente, se equivocan. PSOE y Podemos, hoy por hoy, son dos partidos antitéticos, no solo porque se disputan, en buena medida, un mismo espacio electoral, sino, sobre todo, porque en torno a algunas de las “cuestiones fundamentales” su posición se encuentra en las antípodas. Podemos practica una frívola y peligrosa táctica de la confusión sobre cosas tan básicas para la estabilidad del Estado y la tranquilidad de los ciudadanos como son las relativas a la unidad del Estado, la celebración de referéndums independentistas, la pertenencia de España a la Unión Europea, la electoralmente rentable “politización del miedo”, etcétera, acerca de las cuales el PSOE no puede permitirse una sola frivolización.

Y si contra natura es un pacto de gobierno entre el PSOE y Podemos a nivel estatal, ¿qué decir de ampliar ese pacto a fuerzas políticas reconocidamente independentistas, y alguna de ellas no precisamente progresista, que amenazan con ignorar la legalidad vigente, con el riesgo de llevarse por delante algo tan precioso y delicado como la paz social?

Es un puro delirio imaginar que el PSOE, un partido que ha sido no ya clave, sino la clave de la cohesión social y territorial de nuestro país en los 40 años que llevamos de democracia, puede relajar algunas de sus más características señas de identidad o, peor aún, renunciar a ellas, para emprender una senda hacia lo desconocido.

Es probable que España no se merezca un Gobierno del Partido Popular, presidido por el señor Rajoy, pero como los números son elocuentes y no hay alternativa viable se ha de posibilitar que eso suceda, superando así un bloqueo político e institucional que ya dura demasiado.

Es seguro que el PSOE, si quiere seguir siendo el gran partido de gobierno favorecedor de la cohesión social y territorial que ha sido, debe de recuperar sus señas de identidad, aunque para ello tenga que estar en la oposición unos años más. Cabe confiar en que la nueva dirigencia del partido sepa transitar con acierto esa senda.

Por último, sería altamente deseable también que, a partir de ahora, quienes aspiran a ser grandes líderes políticos, antes de dedicarse a la política, aprendan a leer.

Antonio Arroyo Gil es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid.

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