La imposición es la solución

En las últimas semanas hemos conocido dos noticias que reflejan la pendiente autodestructiva por la que nos desliza desde hace 40 años el nacionalismo gobernante en el País Vasco. La primera reza así: «Una jueza dice que el euskera es difícil y anula el cese de una interina de Llodio que no acreditó el perfil». La segunda, esto otro: «PNV, Bildu, Podemos y PSE pactan que los alumnos acaben la ESO con un nivel B2 en euskera y castellano». Ambas requieren de una explicación.

El primer titular, simplón pero atractivo, se refiere a la sentencia redactada por la magistrada del juzgado contencioso-administrativo número tres de Vitoria. En ella, esta juez independiente, que aplica la ley sin importarle las críticas, anula el despido de una empleada del Ayuntamiento de Llodio que no pudo acreditar, pese a las muchas horas dedicadas al estudio del vascuence, el perfil otorgado a su plaza -y digo bien, vascuence, sin ser por ello un facha pues, hablando en castellano, tampoco afirmaría que fulano habla english o mengano entiende el deutsch-. Esta mujer tiene más de 45 años y como la ley establece que por encima de esta edad los funcionarios están exentos de acreditar el perfil lingüístico, la juez consideró que, aunque fuera interina, también le era de aplicación. Resultado: el ayuntamiento ha indemnizado a la trabajadora y recurrido la sentencia.

La respuesta del PNV no se ha hecho esperar, la diputada de este grupo en el Parlamento Europeo ha considerado la sentencia «una falta de respeto al euskera» y ha tramitado una iniciativa ante esta Cámara para conocer, entre otras cuestiones, si existe en la Unión Europea una clasificación que establezca la dificultad de las lenguas.

Este disparate ha tenido un caldo de cultivo preferente en el ámbito educativo, por lo que encaja aquí la segunda noticia. Como los resultados de la evolución del conocimiento, y sobre todo del uso del vascuence, no son los apetecidos por los nacionalistas, cada vez que un estudio sociolingüístico así lo acredita -en el último, solo el 34% de la población vasca se declara vascohablante-, nos castigan con una vuelta de tuerca más.

El Partido Socialista de Euskadi, que no sabe cómo claudicar mejor para mantenerse en el Gobierno, ha optado por replicar el Gobierno Frankenstein de Madrid en Vitoria. Nos adelantan que el borrador de la nueva ley de educación planteará, entre otras reformas, la exigencia de la obtención del certificado B2 de conocimiento del vascuence al final de la ESO.

En el País Vasco, lo mismo que en Cataluña, evitando garantizar por ley el 25% de enseñanza en castellano, los socialistas han preferido asegurar su tranquilidad pasando por el aro lingüístico de nacionalistas y podemitas, aunque ello suponga cavar un palmo más en la trinchera de la imposición lingüística y empobrecer la excelencia en la educación. Cuando en unos meses el borrador se convierta en ley, el vascuence será «lengua de referencia» para revertir los deficientes resultados obtenidos actualmente -según el informe del año pasado del Instituto Vasco de Evaluación Educativa, el 40% de los alumnos de segundo de ESO no es competente en vascuence pese a que el 70% de los escolares vascos estudia en el modelo D, con todas las asignaturas en esa lengua-.

Con estos datos ¿Qué utilidad se deriva del conocimiento del vascuence? Desde luego, la comunicación, razón de ser de cualquier lengua, parece que no. ¿Serán culpables de ello el 100% de los alumnos vascos que sin esfuerzo y de manera natural obtendrán el B2 en castellano al acabar la ESO? Pues tampoco. Queda solo una explicación, la utilidad y el objetivo de esta decisión, su razón de ser, es tan solo la de insistir en la diferencia para justificar el ansia separatista del nacionalismo. ¿Qué diferencia a un señor de Llodio de otro de Aranda de Duero? Pues absolutamente nada, salvo que pudiendo hablar los dos en la lengua común, el de Llodio se empeñe en hablar vascuence al de Aranda, y el paisano burgalés no le entienda.

Y para lograr este objetivo de ser distintos hay que retorcer la realidad, aunque ello suponga convertir el País Vasco en un páramo intelectual. Y así contamos con instituciones llenas de funcionarios que asumieron resignadamente su obligación de aprender el vascuence, aunque luego no tengan con quien utilizarlo. Y para lograrlo necesitamos también un sistema educativo en el que se proscriba el español, lengua también de los vascos y que hablan 570 millones de personas en todo el mundo, para sustituirla por otra tan propia que a duras penas utiliza poco más de medio millón de personas. O disponer de una universidad tan atractiva que los padres que disponen de recursos, prefieren hacer el esfuerzo de matricular a sus hijos fuera del País Vasco en facultades en las que la lengua y el ombligo no se conviertan en dogma empobrecedor.

Al Gobierno Vasco la descapitalización no ya económica sino humana de nuestra sociedad le preocupa poco. Si existiera una balanza comercial que cuantificara el talento, nuestro déficit sería antológico. El talento se escapa del País Vasco a velocidad supersónica sin que al Gobierno haga nada por retenerlo, mejor dicho, sí hace algo, espantarlo.

La admiración y la comodidad que al nacionalismo le provoca la endogamia nos sale muy cara, pero ya es sabido que a escote todo es barato. Por eso, cuando, resultados al margen, se piden cuentas de los cientos de millones de euros gastados en euskaldunización en los últimos cuarenta años, el Gobierno responde con los picos, palas y azadones del Gran Capitán.

A finales de los 70, en pleno festival identitario, tuvo mucho éxito una pegadiza canción de José Antonio Larrañaga, Urko, titulada Guk euskaraz, zuk zergatik ez -Nosotros en vascuence, tú por qué no-. Pues bien, 40 años después puedo responder que algunos, por muchas y diversas razones, pero sobre todo haciendo uso de nuestra libertad, optaron, optamos, por el no, arrostrando las consecuencias de esta decisión. Dentro de unos meses esa opción ya ni siquiera existirá. Cuando el nacionalismo avanza retrocede la libertad. Para la campaña de matriculación del próximo curso sugiero un lema al Departamento de Educación: «La imposición es la solución».

Carlos de Urquijo es exdelegado del Gobierno en Euskadi.

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