La impunidad avanza en la lucha anticorrupción de América Latina

Manifestantes en Brasilia en septiembre de 2017. (Eraldo Peres/AP Photo)
Manifestantes en Brasilia en septiembre de 2017. (Eraldo Peres/AP Photo)

Hace cinco años, todo cambió en América Latina. O, al menos, eso parecía.

Las investigaciones —que iniciaron el 2014— sobre una operación de lavado de dinero en Brasil revelaron un esquema de soborno masivo que involucra a compañías de energía y construcción. El escándalo del “Lava Jato” dejó docenas de encarcelados y miles de millones de dólares en multas, e implicó a políticos de Argentina, Colombia y Perú, entre otros países. Casi al mismo tiempo, en Chile, un escándalo de tráfico de influencias que involucra al hijo del presidente sacudió al sistema. También, en 2014, los fiscales guatemaltecos comenzaron a trabajar con una agencia anticorrupción respaldada por la ONU en un caso que provocaría protestas masivas y la renuncia y encarcelamiento del presidente.

Lo que siguió fue una campaña sin precedentes contra la corrupción arraigada que tocó a casi todos los países de la región. Muchos de los que estudian América Latina vieron esta situación como un signo de progreso: los frutos del fortalecimiento de las democracias y una clase media informada.

Hoy, sin embargo, el movimiento anticorrupción está perdiendo impulso, con varios contratiempos recientes para fiscales y jueces de toda la región. En Guatemala, las autoridades desmantelaron el organismo de la ONU que investigaba la corrupción y bloquearon a un ex fiscal general popular para postularse a la presidencia. En Brasil, las filtraciones de mensajes privados entre fiscales y el entonces juez federal Sérgio Moro han reforzado los temores de parcialidad política en las investigaciones de corrupción. La política polarizada también está obstaculizando los esfuerzos de reforma en Colombia, donde el Congreso no aprobó una serie de reformas anticorrupción respaldadas por casi 12 millones de personas en un referéndum de 2018.

El riesgo es que la región regrese a un status quo donde la impunidad sea aceptada como la norma. Entonces, ¿cómo pueden los combatientes de la corrupción en América Latina garantizar que el movimiento no se descarrile? Reformas, e instituciones más fuertes, parecen ser la respuesta. En el último número de Americas Quarterly, consultamos con expertos legales para analizar 10 políticas, leyes y estrategias diferentes, observando dónde se practicaron y si efectivamente previenen y combaten la corrupción.

Varias de esas prácticas ya han demostrado ser valiosas. Una ley que protege a los denunciantes ha sido vital para la expansión del caso de “cuaderno” de Argentina, que implica la presunta corrupción durante las administraciones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su difunto esposo, Néstor Kirchner. (Cristina Fernández de Kirchner niega haber actuado indebidamente). La nueva legislación que amplía los acuerdos de negociación en Brasil también fue una razón clave por la que las investigaciones de Lava Jato pudieran implicar a tantos ejecutivos y políticos.

Muchas de las prácticas más efectivas para enjuiciar la corrupción implican la coordinación con países vecinos. Un marco de recuperación de activos adoptado en diciembre entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay promete ser un paso positivo hacia una mejor colaboración en este frente. En Guatemala, la cooperación entre las Naciones Unidas y el ministerio público fue crítica. La reacción posterior de los políticos implicados, incluido el actual presidente Jimmy Morales, apunta tanto a la efectividad de la estrategia como al talón de Aquiles: la colaboración internacional a menudo depende de la aceptación de los actores que pueden ser el objetivo de las propias investigaciones.

En otros frentes, la dependencia de ciertas herramientas anticorrupción ha aumentado en los últimos años, incluso cuando se debate su efectividad. Ese es el caso de la detención preventiva, a la cual las autoridades peruanas, por ejemplo, recurren cada vez más mientras investigan a los principales políticos. Si bien la práctica puede presionar al acusado para que coopere con los investigadores, las preguntas persisten sobre su beneficio a largo plazo. En abril, el ex presidente Alan García murió por suicidio después de que la policía llegó a su casa para detenerlo. La tragedia provocó un debate nacional sobre la legalidad de tales arrestos.

Comprometerse con las reformas no será fácil. Al igual que en Colombia, los paquetes de reforma en Perú han enfrentado una resistencia feroz en una legislatura altamente polarizada a pesar del apoyo popular entre los ciudadanos. Pero los gobiernos han estado a la altura en el pasado. En Brasil, las reformas propuestas o aprobadas por los entonces presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, como la legislación sobre responsabilidad corporativa y acuerdos de culpabilidad, fueron fundamentales para casos posteriores (como uno que encarceló a Lula). Durante la presidencia de Michelle Bachelet en Chile, las reformas pasaron por el Congreso con un fuerte respaldo popular. Incluso este año, una reforma del financiamiento de campañas en Argentina fue aprobada con apoyo bipartidista en el Congreso gracias a una coalición multisectorial.

Si el enfoque permanece en las reformas que funcionan, podría llegar el día para América Latina, donde los costos de la corrupción finalmente superen sus beneficios.

Brendan O’Boyle es editor senior de Americas Quarterly. Brian Winter es el editor en jefe de Americas Quarterly.

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